Tras descubrirse las operaciones corruptas de las empresas Meco y H Solís, acusadas penalmente de construcciones viales deficientes, tráfico de influencia para obtener dineros públicos, y el falseamiento de informes para validar sus operaciones, entre otras, la fracción legislativa del Partido Acción Ciudadana (PAC) lidera la recuperación de ¢2 mil millones para el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) de la Universidad de Costa Rica (UCR).
Según el expediente penal del caso “Cochinilla”, Lanamme, que por ley es fiscalizador de las carreteras del país, fue justamente la “piedra en el zapato” que intentaron sacudirse las constructoras. Un estorbo técnico que, para el 2021, perdió más de los ¢2 mil millones ahora solicitados por la fracción del PAC, aunque siete meses antes ellos mismos respaldaron su recorte.
La millonaria pérdida, en la que participaron el Ministerio de Hacienda y un total de 48 diputados de la Asamblea Legislativa, fue denunciada por Lanamme ante el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) desde enero del 2021, junto con una solicitud para un presupuesto extraordinario (es decir, el mismo trámite que ahora pide el PAC ante el Ejecutivo).
La carta de Lanamme denuncia que el recorte propinado en el presupuesto ordinario por el Ejecutivo “representa una disminución significativa de aproximadamente ₡1.600 millones, a tal punto que limita nuestras actividades sustantivas y operativas y con ello el cumplimiento de las funciones (…) se verán severamente afectadas y limitadas todas las labores de fiscalización (auditoría y evaluación) que se realizan en la red vial nacional y cantonal”. Lanamme también acusó “una reducción sumamente importante (al menos el 40%) de planilla” del personal del programa. En total, entre lo que recortó el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, Lanamme perdió ₡2.050 millones.
A la fecha de la aprobación del presupuesto, UNIVERSIDAD asimismo denunció que el revanchismo de la oposición política del Gobierno restringió el presupuesto a ojos cerrados sin saber qué partidas afectaron.
Ejecutivo y Legislativo: las manos que cortaron la plata de Lanamme
La carta dice que Lanamme alertó al MOPT sobre su eventual inoperancia, durante julio del 2020, mes en el que el presupuesto del 2021 aún estaba en poder del Ejecutivo, abierto a cambios. En ese período, Hacienda presentó el presupuesto con un recorte de ¢400 millones a las partidas del programa de la UCR.
Pero, finalmente, el recorte total de Lanamme se cristalizó el 24 de noviembre del 2020. En esta fecha, 48 diputados votaron a favor de la moción 74, una precipitada propuesta firmada por 39 curules de oposición para obligar al Gobierno a reducir el presupuesto nacional.
Allí se incluyeron ¢1.601,2 mil millones de recortes, aunque, el mismo monto ya aparecía en una contrapropuesta del PAC, en un informe de minoría sobre el presupuesto, un plan que el plenario rechazó en favor de un informe liderado por la ahora presidenta legislativa Silvia Hernández.
El diputado José María Villalta —quien junto con Welmer Ramos del PAC fueron los únicos legisladores que se opusieron a la moción 74— ha llamado varias veces al plan recortista una moción “huerfanita” de dueño.
El mismo Villalta ahora dice que la afectación “no es casual”, a la luz de los delitos de corrupción que se imputan a Meco, H Solís, funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) y a otras personas partícipes del entramado de influencias políticas que beneficiaron a las empresas privadas.
En plenario, Villalta acusó que “Ese recorte no venía en las mociones que se discutieron en la comisión, apareció por primera vez en la propuesta que presentó la fracción del PAC con recortes presupuestarios en su dictamen de minoría. Y después esa propuesta fue tomada e incluida en la moción 74”.
La negociación de dicha moción estuvo en manos de dos diputadas liberacionistas que lideraron el trabajo entre despachos para consensuar el recorte: Silvia Hernández, presidenta legislativa y expresidenta de la Comisión de Hacendarios; Ana Lucía Delgado, su compañera de bancada en Liberación Nacional.
“La Asamblea Legislativa siempre fue clara en señalar desde setiembre de 2020, que cualquier requerimiento de gasto nuevo y bien justificado sería aceptable para la oposición de incluir. El recorte general dado no era irracional, fue pensando en la situación fiscal”, respondió Silvia Hernández en un mensaje enviado a UNIVERSIDAD sobre la aparición del rector en la moción, en tanto la diputada rechazó un espacio de entrevista por teléfono.
La diputada sostiene que Gobierno propuso el recorte donde ellos consideraban necesario, “pues así lo hizo Hacienda definiendo en qué rubros ajustar recursos; ha dejado también claro – de acuerdo con denuncias recientes- que no vieron importante o necesario asignar nuevos recursos a Lanamme”, según escribió a este semanario.
“Recordemos que el Ejecutivo mediante Hacienda se reunió con los jefes de fracción para presentar las propuestas de recortes. En su momento entregaron el detalle de cada subpartida”, insistió la diputada Hernández.
Ahora, siete meses después, la Asamblea suma tres enmiendas presupuestarias para arreglar devastadoras consecuencias en programas y servicios públicos de la moción 74. El plan de devolución de los ¢2 mil millones sería la cuarta corrección.
La petición del dinero para Lanamme fue informada por el PAC durante el viernes 2 de julio; según un comunicado de la fracción, esta propuesta la lideran Enrique Sánchez, Laura Guido y Nielsen Pérez. Los tres diputados votaron a favor del recorte, durante noviembre pasado. Guido y Pérez son las redactoras del informe de minoría del presupuesto, en conjunto con el Ministerio de Hacienda.
Guido, quien rechazó una entrevista telefónica y prefirió responder por escrito, responsabiliza a la “exigencia de la oposición en el trámite del Presupuesto Ordinario 2021 de aplicar un profundo recorte en el gasto, a pesar de que en su versión original el proyecto ya recortaba casi 1% del Producto Interno Bruto”.
Guido defiende que “Aún cuando incorporamos la moción (de recorte a Lanamme) en el informe, también incluimos una amplia advertencia de las consecuencias de profundizar un recortismo que estaba amenazando el desempeño de las instituciones y la posibilidad de que cumplieran su propósito”.
“Lo cierto del caso es que lo responsable por hacer es buscar la urgente presupuestación de los recursos que sean necesarios para que Lanamme pueda continuar coayudando en la adecuada fiscalización de las obras de infraestructura vial”, escribió Guido a este semanario.
“Una cosa es antes de Cochinilla, otra cosa es Lanamme después de Cochinilla, porque es el órgano técnico que demuestra que aquí se pasó por encima a lo técnico para favorecer lo político o lo económico. Nosotros vamos a apoyar la inserción de recursos a Lanamme. Fui el primero que protesté y dije que en el cuarto presupuesto extraordinario de ¢42 mil millones para el Consejo Nacional de Vialidad, tiene que ir (dinero para Lanamme)”, aseguró el oficialista Luis Ramón Carranza, quien ha sido crítico de las empresas involucradas en el expediente Cochinilla.
Moción 74 suma 4 golpes contra la operación pública
La responsabilidad de la moción 74 es un tema reñido en la Asamblea Legislativa. A la fecha, el plenario ha tramitado tres enmiendas por devastadores efectos en contrataciones ineludibles (por ejemplo, se congelaron plazas del Ministerio de Educación Pública y 20.000 estudiantes del país sufrieron estas consecuencias); presupuestos indispensables del Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia, así como el dinero de programas sociales públicos (Centros de Educación y Nutrición de Centros Infantiles de Atención Integral, CEN-CINAI; el Régimen No Contributivo de la Caja Costarricense del Seguro Social y becas de la Universidad Técnica Nacional).
Estos cambios pueden leerse con amplitud en un artículo anterior de UNIVERSIDAD titulado “Recortado presupuesto del 2021 acumula cuatro remiendos legislativos durante dos meses”.
Recortado presupuesto del 2021 acumula cuatro remiendos legislativos durante dos meses
Dos fueron presupuestos extraordinarios para recuperar dinero recortado a programas sociales y mantener operación de servicios de Seguridad y Justicia
