La jefa de fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), Laura Guido, y otros cuatro legisladores de su bloque firman un documento que pide que la Sala Constitucional declare como inadmisible una consulta de la Corte Plena del Poder Judicial sobre las afectaciones que tendría el proyecto de Ley Marco de Empleo Público (21.366) en el Poder Judicial.
La consulta de Corte Plena se aprobó desde el pasado 30 de junio y se presentó el 1 de julio a la Sala Constitucional.
La Corte Plena tuvo “más de tres semanas” para presentar su consulta, afirman Guido, Víctor Morales Mora, Luis Ramón Carranza, Nielsen Pérez y Mario Castillo. El primer debate ocurrió el 17 de junio.
Con fecha del martes 20 de julio, los oficialistas reclaman que “la Corte Plena contó con la oportunidad y un tiempo razonable y prudencial para poder presentar con diligencia una consulta facultativa de constitucionalidad”.
La mitad del PAC afirma que “ya había sido entregado por la Asamblea Legislativa y recibido por la Sala Constitucional el expediente legislativo del proyecto de Ley Marco de Empleo Público”.
Este es el segundo documento del PAC para desestimar consultas que deben estudiar y tramitar las personas magistradas de la Sala IV sobre el proyecto.
Junto con la viceministra de la presidencia, María Devandas, la misma diputada Guido lideró un documento de “coadyuvancia” que fue presentado el 29 de junio, para disputar una consulta de constitucionalidad que firmaron varios diputados desde el 17 de junio, tras el primer debate.
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Esa consulta es la que contiene argumentos sobre la inconstitucionalidad de la cláusula de objeción de conciencia, que apareció, en enero, durante la negociación del proyecto con diputados conservadores.
A finales de junio, la Corte Plena aprobó de forma unánime la consulta tras un análisis ofrecido por Rodrigo Campos, director jurídico del Poder Judicial.
Campos explicó que los puestos de dirección estratégica del Poder Judicial “se incorpora como cualquier otra dirección o unidad administrativa de cualquier otra institución pública”, una situación que podría afectar la materia policial del país, por ejemplo.
Otro elemento que fue criticado por la Corte Plena es la aplicación de un único procedimiento administrativo especial de despido. De esta forma, habría una “derogatoria tácita” de varios artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El Poder Judicial, que goza de independencia del Poder Ejecutivo, cuenta con un procedimiento sancionatorio que sería sustituido por un régimen tutelado por el Ministerio de Planificación.
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La intromisión del Ministerio de Planificación en asuntos internos y vitales del Poder Judicial fue una de las principales motivaciones del voto.
Puede leer la solicitud de la mitad de los diputados del PAC a continuación:
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