PAC le da el beneficio de la duda a Welmer Ramos, respetarán ‘el principio de inocencia’

La comisión política del partido dijo que esperará los resultados de la investigación judicial contra el diputado, denunciado por presunto tráfico de influencias en ‘el caso del cemento chino’.

La Comisión Política del Partido Acción Ciudadana (PAC) comunicó que no le pedirá la renuncia al diputado oficialista Welmer Ramos, denunciado penalmente por supuesto tráfico de influencias en ‘el caso del cemento chino’ por la Procuraduría de la Ética Pública (PEP).

La dirigencia rojiamarilla no consideró procedente pedir la separación del congresista, “apegados a su normativa interna en materia ética y a los principios de inocencia y debido proceso”.

“Esta Comisión esperará el resultado de la investigación que se llevará a cabo en la Fiscalía General de la República (y) de confirmarse la existencia de una falta al deber de probidad o la comisión de un delito, exigiremos de inmediato la renuncia del señor Welmer Ramos González su curul”, concluyó el ente partidario.

La decisión de la comisión política del PAC llegó hasta este viernes, 16 días después de que la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) denunció al diputado Ramos, tras establecer la posibilidad de que este hubiese “incurrido en hechos configurativos del delito (tráfico de influencias)” cuando se desempeñó como ministro de Economía (2014-2017).

La PEP investigó a Ramos a petición de los diputados de la comisión especial que investigó ‘el caso del cemento chino’, que recomendó a la PEP determinar si el exministro había actuado para favorecer al empresario Juan Carlos Bolaños, como parte de su informe final.

Ramos impulsó con vehemencia reformas al mercado cementero que luego fueron aprovechadas Bolaños para justificar su importación de cemento desde China, acto que derivó en la solicitud de varios créditos en condiciones irregulares a bancos públicos y privados.

No obstante, el exministro y diputado siempre sostuvo que sus gestiones fueron independientes de las de Bolaños, como parte de 48 modificaciones reglamentarias que realizó para abrir mercados para una mayor competencia.

Cuando trascendió la denuncia de la PEP, tanto el presidente Alvarado como la fracción del PAC pidieron la renuncia de Ramos como diputado, argumentando que debía cumplir un compromiso firmado en campaña, en el que el exministro prometió separarse del cargo si se determinaba que había incurrido en alguna falta a su deber de probidad.

También realizó la misma solicitud el grupo de garantes éticos establecido por el presidente Carlos Alvarado, ente que también consideró suficientes las acusaciones de la PEP para pedirle al diputado que se apartara de su cargo.

Ramos rechazó todas esas peticiones, argumentando que la denuncia de la PEP no era conclusiva. Sin embargo, sí renunció a su inmunidad parlamentaria para enfrentar las pesquisas legales.

Desde entonces y hasta ahora, la fracción del PAC frenó sus disposiciones contra Ramos y más tarde su vocera, Nielsen Pérez, afirmó que esperarían la decisión de los demás órganos del partido, antes de tomar nuevas disposiciones.

Ahora, la Comisión Política tomó una posición distinta de la del presidente Alvarado, la de su fracción legislativa y la de los garantes éticos del Gobierno, y dijo preferir esperar.

Según el organismo, “en lo que toca al cumplimiento de las normas vinculantes establecidas por el PAC como exigencias éticas, les ha complacido la inmediata renuncia a la inmunidad” de Ramos,  pero que “de confirmarse tales actuaciones (las actuaciones denunciadas), se exigirá sin dilaciones ni excusas, la renuncia del señor Ramos a su curul”.

Ramos enfrenta, además, otra denuncia penal por un supuesto favorecimiento a la empresa Credomatic, pues habría levantado una sanción impuesta por la la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) de ¢12.000 millones a esa entidad bancaria por prácticas anticompetitivas en el mercado de los datáfonos.

Sobre este otro caso, Ramos aseguró que simplemente siguió una recomendación de la Procuaduría General de la República (PGR), que advirtió vicios en el proceso que terminó con el castigo a la entidad bancaria que apuntaban a una nulidad de los trámites.

Todo sobre el caso de Ramos:


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