El candidato presidencial del Partido Acción Ciudadana (PAC), Carlos Alvarado, anunció hoy que su fórmula presidencia y todos los candidatos a diputados de su partido firmaron una serie de cartas dirigidas a la fiscal general, Emilia Navas, en las que hicieron constar la apertura de todas sus cuentas para ser analizadas en caso de que sea necesario.
En la carta, cuyas copias fueron entregadas en conferencia de prensa, se lee la constancia sobre un permiso para “solicitar información sobre las cuentas bancarias de instituciones públicas o privadas”, algo que Alvarado calificó como un acto de transparencia para devolver la confianza a la ciudadanía en medio de uno de los mayores escándalos de corrupción de la historia costarricense.
“Queremos dar un acto de confianza a la ciudadanía de que quienes estamos aspirando lo hacemos con absoluta transparencia (…) Queremos sumar en la confianza hacia la ciudadanía, la confianza en las instituciones, en el sufragio, en la estabilidad macroeconómica”, señaló el candidato, quien además confirmó que las firmas cubrieron a la totalidad de diputaciones, incluida la del exministro de Economía, Welmer Ramos.
Cuestionado sobre este último punto, comentó que la firma de las cartas “no se puede ver como algo que afecta o no una candidatura o la aspiración de un grupo de personas”, sino que lo importante fue analizar si beneficiaba o no a Costa Rica, “independientemente de los cálculos de cada uno”.
Por otra parte, Alvarado aprovechó para invitar a los demás partidos contendientes a puestos públicos en estas elecciones a responder de la misma manera, a lo que añadió su compromiso de que (en caso de llegar a la Presidencia) todos sus jerarcas en instituciones públicas tengan abierto el acceso a sus cuentas para el escrutinio de la Procuraduría General de la República (PGR).
Así mismo, confirmó que su campaña envió una carta al presidente Luis Guillermo Solís, a quien reiteró su solicitud de renuncia al viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, y al director de Inteligencia y Seguridad, Mariano Figueres.
Fue especialmente enfático en el primer caso, tomando en cuenta los allanamientos hechos en la caso y la oficina del viceministro Rodríguez la mañana de este miércoles.
Contra Rodríguez pesa una causa penal (17-00032-0621-PE), desde que se pusieran en tela de juicio gestiones suyas en favor del empresario importador de cemento chino -hoy en prisión preventiva- Juan Carlos Bolaños.
Específicamente, Rodríguez aceptó haber apurado el proceso de desalmacenaje de unas 20.000 toneladas de cemento en condiciones irregulares, para lo que instruyó al entonces director de Aduanas, Benito Coghi, a mover fichas pues el “Big chief” esperaba una solución pronta de dichas gestiones.
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Tras estas indicaciones, Aduanas utilizó una habilitación falsa para realizar el proceso en julio de 2016, a pesar de que el desembarque no contaba con la nota técnica del Ministerio de Economía, Industria y Comercio sobre el cemento.
Finalmente, Rodríguez aceptó haber solicitado las gestiones irregulares por inducción del entonces diputado oficialista, Víctor Morales Zapata; a quien acusó de haberle hablado en nombre del presidente para realizar las gestiones.
Sobre Solís
En relación con las acciones del presidente en torno a este tema, Alvarado comentó que -desde su punto de vista- Solís “ha prorrogado muchísimo algo que es inevitable, que es la salida de los jerarcas”.
En esta línea, comentó que le “duele” la inacción en la materia, pues -según percibe- de cualquier manera que se analice, “deteriora u opaca logros importantísimos de esta administración, incluso de los que él fue parte” como presidente ejecutivo del IMAS y ministro de Trabajo.
Además, comentó que si bien el presidente Solís ha defendido Rodríguez en su puesto por su buen trabajo en el desarrollo de sus funciones, “una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa”, pues el error que cometió “pone en entredicho a la propia administración”.
“Hay que separar esos temas y, como mencionamos hace un mes, lo oportuno es la separación”, subrayó.
Junto a este llamado, reiteró la solicitud de que se retire de su puesto a Mariano Figueres, petición que fue presentada por su partido desde el 30 de octubre pasado.
Estas declaraciones llegan apenas un día después de que el medio digital elmundo.cr publicara un audio ‘filtrado’ en el que Alvarado arremetió contra el Gobierno por “pasearse en el trabajo de un montón de gente”, haciendo referencia a hechos como su decisión de mantener en el cargo al viceministro Rodríguez.
En el audio ‘filtrado’ el candidato oficialista asegura que la forma en que el Gobierno ha tratado el tema del “Cementazo” ha empañado acciones positivas de la actual administración, que ponen en riesgo sus aspiraciones para el año 2018.
“Yo entiendo que lo que se ha hecho bien es mucho más de lo que se ha hecho mal, pero esto no, el partido no se fundó para esto, se fundó para acabar con la corrupción”, se escucha en el audio. “Ver al PAC, por el que tanto hemos peleado por llegar al poder para hacer cosas buenas y que a la salida pase esto, pucha mae, lo que da es cólera (…) No estoy diciendo que Fernando sea culpable, lo que estoy diciendo es que tiene que irse por el bien del Gobierno”, prosigue.
Recientemente, el candidato oficialista reconoció en entrevista con UNIVERSIDAD que el “Cementazo” ha tenido un impacto considerable en su campaña, lo que -desde su punto de vista- todavía se refleja en las encuestas (incluida la realizada por el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) para el Semanario Universidad).
Esta encuesta ubicó a Alvarado con un 4% de la intención de voto (apenas por encima del margen de error: 2,8%), a quien le superan Antonio Álvarez (PLN) y Juan Diego Castro (PIN) con un 15% de la intención de voto, Rodolfo Piza (PUSC) con un 11% y Rodolfo Hernández (PRC) con un 5%.
La encuesta también registró cómo el “Cementazo” golpeó la imagen de distintos políticos nacionales, incluido el propio presidente Solís, quien fue candidato del PAC en 2014.
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