La frontera sur del país cada día recibe más migrantes, en su mayoría aquellos que desistieron del sueño de llegar a Estados Unidos en busca de un mejor futuro para sus familias, y lo que hace un par de semanas relataban a UNIVERSIDAD de forma testimonial personas que venían en esa ruta, comienza a materializarse.
“Yo vengo de México, donde había trabajado por meses esperando mi cita para solicitar refugio en Estados Unidos, hasta que Trump anunció las medidas contra los migrantes y me la cancelaron. Costa Rica debería estar preocupado, porque, así como yo, vienen miles de personas bajando, quienes buscan regresar a Venezuela, Colombia o Ecuador, y que su primer objetivo es cruzar hacia Panamá”, advirtió Carlos (nombre ficticio para guardar la confidencialidad), migrante venezolano que está varado en Paso Canoas.
Desde entonces, la llegada de personas provenientes del norte de la región es constante, en lo que las autoridades denominan un “flujo inverso”. Hace una semana se dio el primer conflicto entre migrantes y policía migratoria costarricense y panameña, pues un grupo de unos 200 exigían que se les permitiera salir de la frontera sur hacia Panamá, pero no lo lograron y fueron movilizados al Centro de Atención Temporal de Migrantes en la frontera Sur (Catem), ubicado en el cantón de Corredores.
Mientras tanto, el Gobierno de Costa Rica da información a cuentagotas sobre cómo manejará la situación y de los acuerdos tomados con el Gobierno panameño para establecer una administración segura y ordenada de los flujos migratorios.
El ministro de Seguridad, Mario Zamora, aseguró días atrás que “ha sido un honor reunirnos con Panamá para tratar de manera conjunta la administración segura y ordenada de los flujos migratorios. Así como hemos sido ejemplo para el mundo en la regulación del tránsito sur-norte, también lo seremos en el flujo migratorio norte-sur”.
Sin embargo, no dio mayores detalles e indicó que realizarán un trabajo bilateral para el debido control y combate a los delitos transfronterizos en el territorio Costa Rica – Panamá. UNIVERSIDAD solicitó a través de la oficina de Prensa de Seguridad una entrevista para ahondar sobre política de repatriación acordada con Washington y otros temas, pero al cierre de esta edición no se concretó.
Un líder de una organización que opera en la comunidad de Paso Canoas, en la frontera sur, y de quien se guarda confidencialidad, indicó que hay mucha preocupación por la situación de las personas migrantes, debido a que fueron movidos al Catem.
“Recién arribará un avión con 200 personas deportadas de Estados Unidos, de nacionalidades diversas (el miércoles 19 de febrero), incluyendo gente de China, Afganistán, Vietnam, Turquía, Irán, Jordania, entre otros, y nos preguntamos, ¿cuánto tiempo los tendrán en el Catem?, ¿habrá capacidad para recibirlos?, ¿los van a pasar a Panamá? Sabemos que en el Centro de Atención nada es rápido y fácilmente colapsan los servicios. Además, allí los meten y los encierran sin dejarlos salir”, aseguró la fuente.
Según otra lideresa de la comunidad, en estos momentos hay unas 500 personas en el Catem (con capacidad para 600) y se estableció un protocolo entre Costa Rica y Panamá, el cual plantea que todo el que llegue será llevado allí, para luego ser pasado a territorio panameño. Pero, con la llegada de los 200 en el vuelo comercial desde Estados Unidos, podría comenzar a saturarse el Centro.
En el Catem registrarán los datos de las personas migrantes y se les realizará un control biométrico para verificar antecedentes delictivos.
El Ministerio de Seguridad de Panamá publicó en su página web que este protocolo incluirá el traslado de las personas migrantes desde el Catem a los albergues en Metetí o Los Planes de Gualaca, y posteriormente repatriados por vía aérea o marítima a sus países de origen, en concordancia con el memorando de entendimiento suscrito con Estados Unidos.
Organizaciones reclaman acción
Por su parte, la Central Sindical de Trabajadores (CGT) solicitó al Gobierno de Costa Rica establecer, de manera pronta y efectiva, mecanismos humanitarios para atender a los más de 120 migrantes venezolanos que están varados en la frontera de Panamá y buscan retornar a su país.
De acuerdo con Mario Rodríguez, secretario general de la organización, plantearon la posibilidad de establecer un vuelo humanitario o un mecanismo seguro para el traslado de estas personas.
Además, el Servicio Jesuita para Migrantes Costa Rica externó su preocupación de que el Gobierno de Costa Rica colabore con Estados Unidos para la repatriación de migrantes, quienes serán trasladados al Catem y se mantendrán en ese punto hasta ser enviados a sus países.
“Exigimos información pública sobre las condiciones en las que estas personas están ingresando al país, la atención y protección que se les prestará, el tiempo de reclusión que deberán soportar, los mecanismos con los que se garantizará el traslado a sus países de origen. Es alarmante, pues estas personas deben estar sintiendo terror al tener que regresar a los países de los que tuvieron que huir, ¿de qué formas se respetará la normativa internacional que ha suscrito Costa Rica en materia de Refugio y Derechos Humanos?”, indicó Karina Fonseca Vindas, directora nacional del Servicio Jesuita.
Agregó que, en definitiva, se empieza a sentir con más fuerza en los cantones fronterizos del país, Los Chiles y Corredores, la presencia de gran cantidad de personas, con niños, bebés y adultos mayores, en estados sumamente precarios, luego de desistir de su travesía para ingresar a Estados Unidos.
Ayuda humanitaria casi estancada
Y como si el panorama no se viera complicado para el flujo migratorio, los recortes de fondos que realizó el gobierno de Donald Trump a organizaciones internacionales que financian la ayuda humanitaria también han afectado la atención de personas migrantes en Costa Rica.
Karina Fonseca afirmó que la desfinanciación está golpeando duramente a las organizaciones de sociedad civil y organismos internacionales, lo que reduce de manera drástica la atención humanitaria y otros servicios básicos que necesitan con urgencia las personas migrantes forzadas en la ruta migratoria.
La nueva administración en Washington inició un congelamiento casi total de estos fondos y desmantelamiento progresivo de la agencia de Estados Unidos para el desarrollo internacional (USAID, por sus siglas en inglés), lo cual causó revuelo en oenegés en todo el mundo, incluyendo Costa Rica.
Muchas de las organizaciones que han brindado ayuda humanitaria en la frontera norte y sur del país han tenido que cerrar sus puertas y dejar de brindar los servicios, lo que plantea una situación aún más complicada para las personas migrantes que están en el flujo inverso hacia sus países y están varadas.
