Decenas de personas adultas mayores se manifestaron en oposición a un proyecto de ley propuesto por el Gobierno que transformaría el Instituto Mixto de Ayudas Social (IMAS) porque afirman que impactará negativamente a las instituciones que atienden a esta población.
Las personas que se manifestaron asisten a centros diurnos y redes de cuido, así como hogares de larga estancia de todo el país.
El proyecto de Ley de Transformación del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) en el Instituto de Desarrollo Humano e Inclusión Social (expediente 23.436) fue presentado por el Poder Ejecutivo el 31 de octubre de 2022.
El proyecto crea una institución especializada, que aglutina a los diversos órganos e instancias administrativas del sector social y sus recursos para atender los problemas estructurales de pobreza, desigualdad y exclusión social, según el texto del proyecto de ley.
Esa institución tendrá como instancias internas el Patronato Nacional de Ciegos (Panaci), el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam) y el Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad (Conapdis). Y además, traslada a esta institución a la Dirección General del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) y el Departamento de Gestión Social y las unidades administrativas de Valoración Técnica, Distribución de Recursos y de Fiscalización de Recursos Transferidos de la Junta de Protección Social (JPS).
Según la Coalición de Organizaciones de Bienestar Social que atienden a personas adultas mayores (Coalición OBS), el proyecto de ley haría que se pierda la atención específica que brinda la JPS, al girar recursos directamente a las organizaciones; y la rectoría por parte del Conapam en cuanto a la población de personas adultas mayores.
Asimismo, afirmó que la propuesta afectaría a las organizaciones que atienden a esta población e “invisibilizaría las necesidades reales y específicas de las personas adultas mayores, afectando sus derechos humanos”.
Una de ellas es la Asociación Josefina Ugalde, que tiene un centro diurno que atiende a 77 personas, una red de cuido para 520 personas y vivienda comunitaria que beneficia a 28 personas de Quebrada Ganado, en Garabito, Puntarenas.
Flor de María Ugalde, presidenta de la Asociación, explicó que se oponen a que el Gobierno elimine o fusione las entidades que velan por las personas adultas mayores, como el IMAS y el Conapam.
“Existe el PANI para atención de los menores, existe el Inamu para las mujeres, ¿cuál es la población que viene en alza? Los adultos mayores, y ahora van a eliminar o fusionar a la institución que se dedica y se especializa en los adultos mayores. Es una incongruencia, cuando todos los organismos internacionales señalan que hay que reforzar la atención a esta población”, indicó Ugalde.
Henry Víquez Rodríguez tiene 72 años y es uno de los alrededor de 60 adultos mayores que asisten al Centro Diurno para Adultos Mayores Casa San Antonio de Padua, en Rincón Grande de Pavas. Víquez contó que antes de empezar a ir al Centro Diurno tenía que andar buscando el desayuno a veces hasta en basureros. “Hoy por hoy soy el hombre más feliz de la vida”, dijo a UNIVERSIDAD.
Va todos los días al Centro, donde le dan “de todo”, apoyo moral, el desayuno, el almuerzo, el cafecito de la tarde, colorean, pintan, tienen música para bailar, terapias para caminar, juegan naipes, y les acompañan una enfermera y una trabajadora social.
“Antes no tuve nada de eso, si no fuera por el Centro Diurno, a mi edad ¿qué sería de mí? Hoy vivo agradecido con la Caja de Seguro Social porque me apoya con una pensioncita de ¢82 mil. El Centro me ayuda a pagar donde vivo. Son ayudas de Conapam; el Conapam me asiste a mí”, contó Víquez.
Organizaciones siguen pagando IVA aunque están exentas
Otra crítica de las organizaciones es que no se les está aplicando la exoneración al Impuesto al Valor Agregado (IVA) porque no ha sido reglamentada por falta de voluntad política; mientras desde hace años sufren una precarización de sus presupuestos.
Ugalde afirmó que desde el 2019 a la fecha no ha habido ningún aumento en el presupuesto de los subsidios que reciben del Gobierno Central, “lo que significa que el aumento en el costo de la vida y del aumento de la población adulta mayor no se ha reconocido en ningún sentido”. “Y tenemos una lista de espera que no podemos atender porque no tenemos los recursos”, agregó.
Además de estos subsidios, la Asociación se financia con recursos de Conapam y de Fodesaf; pero además deben hacer autogestión mediante rifas, bailes y venta de tamales para poder subsistir.
Las organizaciones también se oponen al mandato que las obliga a realizar sus compras mediante el Sistema de Compras Públicas (SICOP).
“No tiene lógica. En el caso de nosotras, que vivimos en Quebrada Ganado, si vamos a comprar la comida de la semana, no nos sale a cuenta hacer todos esos trámites; vivimos al día. Si yo tengo que comprar ¢100.000, tengo que pasar por todo ese trámite. Todo ese tiempo que vamos a gastar en el Sicop, se lo quitamos de tiempo de atención a los adultos mayores”, explicó Ugalde.
Por último, también presionaron para que los diputados aprueben una normativa para prohibir la “lotería clandestina”, como los tiempos. Se trata del proyecto de ley 21.632, que ya fue dictaminado por la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, y que impondría multas de entre ¢4,6 millones y ¢6,9 millones a quienes comercialicen loterías impresas o electrónicas, apuestas deportivas, videoloterías y cualquier juego de azar ilegal.
La venta clandestina de loterías no es ilegal en el país; pero las organizaciones afirman que no paga impuestos y perjudica la venta de lotería de la JPS, y por ende los recursos que la Junta destina a las organizaciones, producto de esas ventas.
“¿Cómo es posible que ese proyecto tiene años de estar en esta Asamblea y no pasa, cuáles son los intereses detrás de que no se apruebe eso?”, cuestionó Ugalde.
