En Costa Rica, cada hora el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) recibe cinco denuncias por agresión contra menores de edad, unos 44.000 casos por año; además, la línea de atención de emergencias 911 recibió 21.000 denuncias de maltratos y el Hospital de Niños atendió, solo en 2016, a un total de 2.064 niños por esta causa. Estas cifras evidencian que el país atraviesa una vergonzosa realidad en el trato que se da a la niñez y la adolescencia.
Estos datos motivaron a las instituciones que conforman el Núcleo de Trabajo en Violencia a proponer a los candidatos presidenciales una agenda de diez puntos, denominada el Consenso Nacional por los Niños, Niñas y Adolescentes, que busca prevenir, atender, proteger y combatir todo tipo de maltrato contra menores de edad, en el marco del proceso electoral que vive el país.
El Núcleo de Trabajo en Violencia está integrado por Defensa de Niños y Niñas Internacional (DNI Costa Rica), el PANI, Visión Mundial, el Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia (Ineina), así como el despacho de la diputada Lorelly Trejos y el diputado Humberto Vargas. En este proceso se sumaron también la Fundación Si Callas Permites, Aldeas Infantiles SOS de Costa Rica, Fundación Ser y Crecer y la Unión de Instituciones Privadas de Atención al Niño (agrupa a más de 100 organizaciones de atención directa).
La propuesta tiene la finalidad obtener el compromiso por parte de los candidatos presidenciales para que incorporen en sus planes de gobierno acciones concretas que permiten transformar prácticas, actitudes, leyes y políticas que perpetúan las agresiones contra los menores de edad.
En este sentido, comentó María José Murillo, encargada del departamento de Comunicación de DNI Costa Rica, el contexto de campaña electoral que atraviesa la nación es una oportunidad para entender que la inversión y priorización de políticas dirigidas a la atención de esta población contribuye al desarrollo del país.
Hasta el momento los representantes del Núcleo de Trabajo en Violencia se han reunido con técnicos en Niñez y Adolescencia del Partido Liberación Nacional (PLN) y del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), así como con el candidato del Partido Acción Ciudadana (PAC), Carlos Alvarado, y con Edgardo Araya, postulante por el Partido Frente Amplio.
“En las reuniones pudimos ver que el PAC tiene algunas ideas sueltas relacionadas con el plan que presentamos y mostró mucho interés en profundizar en la propuesta para incluir en su plan de gobierno; el PUSC tenía algunas coincidencias y el Frente Amplio estuvo totalmente de acuerdo, de hecho, fue el único que desde el primer momento aceptó firmar el compromiso. Los demás partidos aseguraron que estudiarían la información entregada, pero no se comprometieron en firmar”, detalló Murillo.
La idea es que los candidatos tomen los compromisos y los valoren para ser integrados de alguna forma, ya sea adaptados o completos en sus planes de gobierno.
El grupo de organizaciones e instituciones también ha hecho esfuerzos por reunirse con otros partidos políticos minoritarios como el Movimiento Libertario, Alianza Democrática, Renovación Costarricense y Restauración Nacional para presentarles el plan, pero aún no han tenido respuesta.
Compromisos por la niñez y adolescencia
Costa Rica es visto a nivel internacional como un país democrático, coincidente con la paz y comprometido con el desarrollo humano, pero se ha visto un aumento creciente de la violencia en diversos ámbitos y de forma especial contra los menores de edad, tanto en cantidad como en gravedad.
Además, es una nación que ratificó la Convención de los Derechos del Niño y por ende, se comprometió a cumplir con las recomendaciones que el comité emita para mejorar las condiciones.
La propuesta de diez compromisos incluye temas que han sido incumplidos por el país, como es el caso de la inversión en Niñez y Adolescencia, que según el presupuesto es del 7% del impuesto de la renta, pero solamente se entrega el 2,3%.
Además, la voluntad política en las acciones por defender a la niñez y la adolescencia no son constantes ni consistentes; el discurso político difiere del técnico, con políticas públicas y acciones poco cohesionadas.
Muchas de las instituciones no conocen la política y leyes con respecto a la defensa de la niñez, por lo tanto, no saben cómo aplicarla, hay poca articulación entre las acciones que se llevan a cabo y una respuesta poco planificada de los gobiernos.
“Es urgente contar con un presupuesto público para que tanto el PANI como las organizaciones que atienden a los menores de edad puedan funcionar eficientemente, así como invertir aun más en la educación para generar oportunidades para los niños y adolescentes”, detalló Murillo.
La atención preventiva de la violencia es un tema esencial, en que debe comprometerse el próximo gobierno, mediante un Plan Nacional que combata las causas y atienda todo tipo de violencia, universalizando la educación preescolar, fortaleciendo el trabajo en primera infancia, promoviendo entornos seguros de ocio y esparcimiento.
El incentivo de programas de formación a padres y madres, campañas educativas, trabajo de consejería y capacitaciones en centros educativos y redes de cuido, así como aumentar los esfuerzos en las zonas de alta incidencia como Guanacaste, Puntarenas y Limón, y estrategias que promuevan la igualdad, son parte de los compromisos que esperan adquieran los candidatos.
Un país que le debe a la niñez
De acuerdo con un estudio desarrollado por el Ineina de la Universidad Nacional (UNA), el castigo físico, los gritos y el enojo incontrolable contra los menores de edad es normal en gran parte de los hogares costarricenses.
La investigación reveló que un 55% de los entrevistados aseguraron que a veces les gritan a los menores cuando no hacen caso y un 13,3% indicó que casi siempre lo hace; además un 70% reconoció que se enoja con facilidad cuando los niños hacen algo que no les parece.
“También hay una validación del castigo físico, un 41,5% reconoció que a veces les da unas nalgadas a sus hijos, un 5,1% que casi siempre y un 3,3% indicó que siempre, es decir la mitad de los encuestados consideran correcto golpear a los menores para corregirlos. Entonces, sí, asocian el castigo físico como un método válido de educación, de enseñar a los hijos a tener un comportamiento adecuado”, lamentó Pablo Chaverri, especialista en ciencia cognitiva del Ineina.
Según el experto, estudios neurocientíficos sugieren que quienes son agredidos o abandonados durante la infancia muestran un déficit en su desarrollo cerebral, con consecuencias en el sistema inmune, la salud física y emocional. Asimismo, algunas manifestaciones como ansiedad, insomnio, pesadillas, déficit atencional, desconcentración, deterioro de la salud física, depresión y baja autoestima.
En sus relaciones interpersonales es normal ver comportamientos como agresividad, desobediencia, abandono de responsabilidades y la hiperactividad.
Los compromisos
Entre el pliego de compromisos entregados a partidos políticos, para su incorporación en planes de gobierno, destacan temas vinculados con la generación de políticas adecuadas, articulación de esfuerzos e inversión. Los diez compromisos son:
- Respetar y cumplir el marco político y jurídico.
- Presupuesto público para garantizar los derechos de los niños y los adolescentes.
- Prevenir la violencia en todas sus formas.
- Apoyar a las familias, niños y adolescentes víctimas de violencia en el hogar y la familia, con alternativas no institucionalizadas.
- Fomentar espacios incluyentes y no violentos en centros educativos.
- Prevenir y atender la violencia en la calle y comunidad.
- Combatir toda forma de violencia hacia las niñas y mujeres adolescentes.
- Dar respuesta a la violencia hacia los adolescentes y atender la falta de oportunidades para su desarrollo integral.
- Promover el uso adecuado de nuevas tecnologías, potenciando las oportunidades y atendiendo los riesgos y adicciones.
- Reconocer y crear condiciones para que los niños y adolescentes ejerzan su ciudadanía en una verdadera cultura de paz.
Fuente: DNI Costa Rica.
