Veintiocho organizaciones de activistas LGBTIQA+ repudiaron las declaraciones de Rodrigo Chaves y José María Figueres en torno “a la mal llamada ideología de género”, amenazando con eliminar contenidos educativos y dar marcha atrás en el proceso de sensibilizar y educar a toda la población y, en especial, al funcionariado público, con respecto al respeto y cumplimiento de todos los derechos humanos”.
En un comunicado, las agrupaciones aglutinadas bajo el Movimiento Matrimonio Civil Igualitario, reclamaron el uso de los derechos humanos como moneda de cambio y recordaron que “un país que no garantiza que su población pueda vivir libre de violencia, no puede llamarse a sí mismo una democracia”.
El término “ideología de género” es un término acuñado por grupos conservadores religiosos que antagonizan el avance de los derechos de las mujeres y de las comunidades sexualmente diversas, reivindicando los roles de género tradicionales, la existencia única de dos géneros vinculados al sexo asignado al nacer y la heterosexualidad como única práctica sexual válida. Las agrupaciones progresistas y defensoras de derechos humanos consideran que no existe tal ideología y que se trata de una estrategia de desinformación.
“Las organizaciones estamos pidiendo avanzar porque estos pendientes implican violencia y exclusión todos los días para las personas LGBTIQA+ que los sufren. La discriminación se traduce en adolescentes que expulsan de sus hogares, personas adultas mayores que enfrentan discriminación en los hogares diurnos, o mujeres trans que no logran recibir atención en salud o tener un trabajo digno. Costa Rica puede y debe avanzar en garantizar los derechos de toda su población”, dijo Margarita Salas, vocera del movimiento.
“Como organizaciones que luchan por los derechos humanos de las personas LGBTIQA+ (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans, Intersex, Personas Queer, Asexuales) exigimos que la próxima administración no genere un retroceso en el reconocimiento de los derechos humanos que el país está obligado a proteger, según nuestra propia constitución y los diversos compromisos internacionales que como país soberano hemos asumido”, reza el documento.
Los activistas pidieron tanto a los candidatos como a los diputados y diputadas electas que se posicionen “de forma pública y transparente” en favor del avance y protección de los derechos humanos de estas comunidades. “Las fuerzas electorales deben ser conscientes del peso y alcance que sus palabras tienen en la ciudadanía y contribuir a crear un ambiente social inclusivo y respetuoso de las diversidades”, afirman.
Adicionalmente, detallaron diez “demandas urgentes” para esas poblaciones:
1. Aprobar una Ley Integral para personas Trans y No Binarias que brinde acceso a servicios integrales de salud e integración laboral y garantice el pleno reconocimiento de su identidad, incluyendo para personas menores de edad.
2. Eliminar la Cláusula de Objeción de Conciencia en la Ley de Empleo Público.
3. Garantizar la capacitación y sensibilización al funcionariado público en materia de derechos LGBTIQA+.
4. Aprobar una Ley Anti-discriminación que incluya protección explícita en razón de orientación sexual e identidad de género, así como la tipificación de crímenes de odio.
5. Aprobar una Ley de Protección de personas Intersex para eliminar los procedimientos quirúrgicos y tratamientos no consentidos, fomentar la despatologización y la recopilación de datos anonimizados sobre esta población.
6. Incluir e implementar capacitación en género, derechos humanos y sexualidades como requisito en la aprobación de normas de habilitación de centros de cuido para personas adultas mayores.
7. Darle continuidad y contenido presupuestario a la figura de persona Comisionada Presidencial de Asuntos LGBTIQ+ y a la Política del Poder Ejecutivo para erradicar de sus instituciones la discriminación contra poblaciones LGBTIQA+.
8. Generar estadísticas a nivel nacional sobre orientación sexual e identidad de género, para el desarrollo de políticas públicas basadas en evidencia, así como promover la producción y uso de estadísticas y datos abiertos a nivel local.
9. Capacitar y sensibilizar sobre derechos humanos y población LGBTIQA+ a padres, madres o familiares y personas vinculadas a los centros educativos en sus niveles preescolar, escolar, colegio y educación superior, y brindar apoyo a la niñez LGBTIQA+ que pueda enfrentar discriminación por expresar su orientación sexual o identidad de género.
10. Aprobar una ley para prohibir las torturas de conversión (mal llamadas terapias) y habilitar una línea de atención para personas LGBTIQA+ en riesgo.
