La agobiante presión sobre la riqueza natural en el Caribe Sur, ejemplificada por el reciente episodio de tala dentro de una zona del Refugio Gandoca – Manzanillo, llevó a varias organizaciones locales a emitir un pronunciamiento en el que en primer lugar exigen “que nos devuelvan las áreas del Refugio Gandoca-Manzanillo que se han usurpado y violentado con la ley 9223 y la propuesta del Plan Regulador Costero de Talamanca”.
La ley en mención cercenó 188 hectáreas del Refugio en 2014, cinco años después la Sala Constitucional declaró la inconstitucionalidad de esa medida y ordenó al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) delimitar esa zona boscosa, que debía volver a ser declarada como parte del Refugio y lo cual no ha hecho.
Personas y organizaciones ambientalistas de todo el país pueden suscribir en línea el “Pronunciamiento por la Recuperación del Refugio Gandoca Manzanillo”, publicado esta mañana por la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena de Kéköldi (Aditik), el Movimiento Cahuita Unida, el Comité de Vigilancia de los Recursos Naturales (Covirena) Caribe Sur, la Asociación Talamanqueña de Ecoturismo y Conservación (ATEC), y el colectivo comunitario Talamanca Siempre Verde.
Representantes de esas organizaciones ofrecieron una conferencia de prensa para informar sobre las exigencias que hacen a las autoridades nacionales, la cual fue convocada por el Bloque Verde y el Programa Kioscos Socioambientales, de la UCR.
También piden intervención para regenerar los humedales, bosques y otros ecosistemas destruidos, o que “que se establezca una moratoria al otorgamiento de permisos de tala, extracción, aprovechamiento, y construcción, o que autoricen cualquier tipo de destrucción o cambio de uso de suelo de los humedales, bosques y otros ecosistemas hasta que se delimiten, zonifiquen y ordenen correctamente estos espacios”.
Las exigencias además incluyen que “los funcionarios corruptos y cómplices sean identificados y acusados con todo el peso de la ley”, que “se investigue e intervenga el Área de Conservación La Amistad Caribe del SINAC por delitos de corrupción y contra la Hacienda Pública” y que “la Fiscalía y la Procuraduría gestionen de manera inmediata las medidas cautelares necesarias ante los órganos judiciales correspondientes con el fin de detener de manera inmediata el robo de los espacios públicos y del Patrimonio Natural de los costarricenses”.
El pronunciamiento con todas sus firmas será enviado a la Defensoría de los Habitantes, la Presidencia de la República, la Asamblea Legislativa, Fiscalía, Procuraduría General de la República (PGR), Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), Sinac y la Sala Constitucional.
Marta Castro, presidenta del Covirena del Caribe Sur dijo que se presenta en la zona un problema de “tráfico de tierras y cambios de uso de suelo ilegales con permisos, el problema es que se necesita reformar la legislación ambiental, urge cambiar las leyes ambientales, porque estos delitos cuesta perseguirlos y actuar de inmediato, por la ambigüedad en las leyes ambientales”.
Dijo que sa situación es aprovechada por “los desarrolladores” para “trabajar en cambo de uso de suelo y convertir bosques o humedales en urbanizaciones, como pasó en este caso dentro del Refugio Gandoca-Manzanillo”.
Añadió que en ese caso “el dueño de la propiedad solicitó dos permisos forestales” lo cual en su criterio no procedía “dentro de un bosque costero”.
Selva Baker, representante del colectivo Talamanca Siempre Verde, consideró que es “alarmante”, que “llevamos décadas de ver un descontrol en la zona de un desarrollo que no es nada sostenible, no trae gran beneficio socioeconómico para las comunidades locales, para la economía familiar, de los negocios locales”.
Añadió que se ha dado “bastante irregularidad” en propiedades en las que “se han volado el 90% de la cobertura de árboles construyendo casas que no van de acuerdo con los permisos municipales”.
“La situación en el Caribe Sur es muy grave”, puntualizó.
Justo ayer, el ministro de Ambiente Franz Tattenbach divulgó un comunicado en el que se refirió a ese reciente incidente de tala y tras reiterar que “los permisos de aprovechamiento forestal, fueron dados de acuerdo a la ley y la normativa”, apuntó que “sin embargo para mi tranquilidad y la de todos los costarricenses, ya he ordenado una investigación profunda de este caso”.
UNIVERSIDAD pidió reacciones de las personas activistas ante ello. Castro relató que hace dos años los Covirenas sostuvieron una reunión en el despacho de Tattenbach, donde se solictó su intervención pues “el Refugio estaba siendo totalmente destruido”; pero muy al contrario, en agosto pasado el jerarca emitió “una directriz para desproteger el Refugio prácticamente a solicitud Consejo Local Ambiental(Colac)”, pues según explicó , el Ministro giró orden de que no se utilizara un estudio sobre la presencia de humedales dentro del Refugio, que data de 2021.
Por su parte Francisco Rodríguez, de la Asociación Talamanqueña de Ecoturismo y Conservación, apuntó que el hecho de que desarrolladores o inversionistas logren obtener permisos para cortar árboles “no necesariamente quiere decir que esos permisos estén bien dados”.
“Es preocupante cómo se expresan las máximas autoridades, en tono burlesco, sobre la conservación del Caribe Sur”, expresó y recordó las lamentables palabras de Rodrigo Chaves hace días cuando se le preguntó en conferencia de prensa por la tala en Gandoca -Manzanillo, cuando dijo que la riqueza natural “tampoco quedará sólo para los monitos”.
“La denuncia es grave como para que la máxima autoridad se exprese de esa forma y dos semanas después saquen ese comunicado (de Tattenbach) cuando desde un inicio se refirieron de forma superficial y con tono burlesco”, añadió.
Diputado denuncia que terreno donde talaron árboles invade zona marítimo terrestre y zonas de protección de cuerpos de agua
El terreno está ubicado dentro de 188 hectáreas de propiedades que formaban parte del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo.
Diputada interpone denuncia penal por tala dentro de territorio indígena Keköldi en el Caribe Sur
La diputada argumentó que, según una denuncia ciudadana que se presentó en su despacho, el lugar donde se construyó la trocha estaba tupido de árboles, y ahí llegaban monos, tucanes, pájaros, zarigüeyas, perezosos y otros animales silvestres.