Ordenan juicio contra exdiputado Abelino Esquivel por supuestos cobros de ‘diezmos’ a asesores

Juez determinó que “existe material probatorio suficiente que permite endilgarle fundadamente a los imputados, los hechos que se les atribuyen”.

El Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José ordenó la apertura de juicio contra el exdiputado Abelino Esquivel Quesada, del Partido Renovación Costarricense (PRC), denunciado por el presunto cobro de “diezmos” a sus asesores legislativos, durante el cuatrienio 2014-2018.

Así lo confirmó la oficina de prensa del Poder Judicial esta mañana ante la consulta de este medio.

A Esquivel se investiga por los supuestos delitos de concusión y enriquecimiento ilícito, en la causa N°18-000085-0033-PE, en la que también se incluyó a su esposa, Xinia Cortés Oporto, y a su hermana, Wray Esquivel Quesada.

Ellos, en conjunto, fueron acusados por la Fiscalía de organizar una estructura delictiva para realizar los cobros mensuales a los asesores Álvaro Oconitrillo, Shirley Marín y Joselyn Rodríguez. También se les señala de cobrar por trabajos legislativos que nunca habrían sido realizados.

Ellos afirmaron que Esquivel habría nombrado a su esposa como asesora destacada, aunque no se presentaba a laborar; mientras que a Abelino y Wray les responsabilizaron directamente de los supuestos cobros sin sustento jurídico.

Según dijeron los asesores meses atrás, a Marín se le rebajaban ₡50.000 mensuales, a Rodríguez ‎₡125.000 y a Oconitrillo ‎₡400.000.

Como parte de las audiencias preliminares que llevaron a la apertura de este juicio, el juez penal, José Pablo León, desestimó una solicitud de rechazo de las acciones civiles presentada por la esposa del exdiputado, quien argumentó que no existía una relación directa ni probada entre ella y los delitos denunciados.

El juez le recordó que las audiencias preliminares no pretenden ser “un juicio recortado, limitado o sumatorio”, sino que su función es controlar “la investigación y su producto, a fin de justificar la ejecución de un juicio fundado en elementos capaces de sostener la necesidad de su propia realización”.

Por el contrario, el juez admitió los reclamos civiles y penales hechos por los denunciantes contra Esquivel, su esposa, su hermana, el Estado y el PRC.

“Existe material probatorio suficiente que permite endilgarle fundadamente a los imputados, los hechos que se les atribuyen. Se presume de su responsabilidad a partir de la referencia testifical y los elementos de prueba documentales obtenidos durante la investigación”, dicta la resolución de este 19 de agosto.

Universidad intentó conversar con el exdiputado Esquivel y con su abogado, el exmagistrado Celso Gamboa; sin embargo, no contestaron las llamadas ni los mensajes enviados hasta el cierre de esta publicación.

Según informó la Fiscalía en un comunicado de prensa, la prueba recabada por el Ministerio Público determinó que ” los imputados pudieron haber recibido 123 pagos por parte de los ofendidos” (por ₡22.446.310); mientras que Cortés “habría recibido ilícitamente un monto de ₡7.846.310”.

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Varios pagos, varios delitos

El juez estimó que la cuantificación de los delitos acusados podría ser incorrecta, pues los denunciantes acumularon los supuestos rebajos, cuando todos por separado responden a delitos en sí mismos.

“Desde mi consideración, cada uno de los depósitos o pagos que se reputan como ilícitos, que se hayan hecho de acuerdo a la hipótesis fiscal, la querella y las acciones civiles, constituyen una figura separable de las demás, de modo que estaríamos en presencia de múltiples delitos de enriquecimiento ilícito, probables”.

“No se trata de un único pago aparente, ni se trata de un pago íntegro de las sumas que, en apariencia, eran cobradas por los encartados. Lo que acusa el Ministerio Público, y comparten los acusadores y actores civiles, sugiere que en el caso de los imputados Esquivel Quesada, cobraban parte del salario de los empleados de confianza como presupuesto para acceder al cargo ofrecido, de modo que presenciamos una inmensa cantidad de pagos que no pueden ser globalmente considerados a fin de deducir la existencia de un único delito presunto”.

“Cada uno de los pagos implicaba una reducción de la capacidad económica de los ofendidos, experimentada con disoluciones temporales preestablecidas (así, quincenal o mensual) y aunque relacionadas a un único aparente delito de concusión, lo cierto es que eran afectaciones temporalmente regulares, consistentes, pero exclusivas una de la otra porque entrañaban una afectación visible individualmente, aunque con una frecuencia definida.”, dicta el texto, del que este medio tiene copia.

Algo similar señaló el juez sobre el caso de la esposa del exdiputado, de quien señaló que “en apariencia, percibió un salario injustificadamente, pues de acuerdo a la hipótesis acusada, la encartada no prestó los servicios públicos contratados, de modo que cada una de esas percepciones económicas supuestamente injustas, constituyen, por sí mismas, un comportamiento típico independiente”.

La otra demanda

El exdiputado Esquivel enfrenta actualmente una segunda demanda penal por el presunto delito de tráfico de influencias, misma que fue presentada por el exministro de Justicia, Marco Feoli.

Según la denuncia de Feoli, Esquivel le pidió sacar de la cárcel de Cartago a un pastor evangélico, quien fue condenado con una pena de 16 años de prisión por el delito de violación agravada contra una menor con discapacidad intelectual.

Ese proceso también fue elevado a juicio apenas en marzo pasado. Ambas causas podrán ser acumuladas, indicó a través de la Fiscalía el juez José Pablo Miranda.

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