Diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) y del Frente Amplio (FA) cuestionaron a la diputada oficialista Pilar Cisneros, del Partido Progreso Social Democrático (PSD) por su comportamiento en la comisión legislativa que investiga el financiamiento de los partidos políticos en la pasada campaña, el que consideraron un intento de «enturbiar» la labor de la comisión.
Incluso Francisco Nicolás, del PLN, afirmó que la representación del PSD en la comisión «intenta permanentemente torcer los hechos y hacer una operación que se llama normalización del delito: como estamos en delito, intentamos que los otros se vean en la misma posición que nosotros, para normalizar nuestra conducta delictiva», dijo.
El choque se presentó durante la audiencia a las autoridades del FA, la presidenta Patricia Mora y la tesorera Dita Montiel, las que fueron convocadas para referir el financiamiento de su partido en la pasada campaña. Ambas resaltaron que se realizó mediante donaciones por ₡16 millones, y recurriendo a dos préstamos, uno por ₡71 millones con Coopealianza y otro por ₡500 millones con el banco BCT. «Buscamos primero financimiento de la banca pública, pero no lo realizaron en la campaña, solo lo hizo la banca privada, con Promérica y el BCT», explicó Montiel, quien enfatizó que todo el financiamiento fue «intachable, legal y nunca enfrentó un cuestionamiento del Tribunal Supremo de Elecciones».
Pero en su intervención, la diputada Cisneros les preguntó por el nombre del funcionario del BCT que tramitó el préstamo. También cuestionó si sabían quién era el fiduciario en el préstamo que recibieron del BCT, y les indicó que era COFIN. Luego mencionó que los socios de COFIN estaban involucrados con la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) «que fue una de las entidades que mas se opuso al proyecto de ley para favorecer que no se cobraran tasas abusivas en datáfonos». Posteriormente, preguntó si sabían que la entidad estaba ligada a los casos de Yamber y Aldesa, «en los que se estafó a tanta gente».
Esto provocó que el diputado Ariel Robles del FA calificara de «vergonzosa» la intervención de Cisneros, e indicara que era muy diferente el financiamiento del FA, cumpliendo con los requisitos legales, y el del PSD, «en el que gente como Calixto Chaves está pidiendo favores políticos, como en Puerto Caldera, o Bernal Jiménez, arrocero, que ha recibido premios después de contribuir al partido».
Por su parte, Montiel respondió que el trámite del préstamo no se realizó con una persona, sino con una entidad, y recalcó que todo estuvo autorizado por el Tribunal Supremo de Elecciones. También indicó que se trató de un negocio para el banco, que exigía encuestas para realizar los desembolsos, así como garantías (₡900 millones de certificados de deuda política emitidos por el FA) y que cobró intereses.
Otros diputados del FA también reaccionaron. Antonio Ortega resaltó que el FA buscó el financiamiento que la ley permitía, y que la comisión debía enfocarse más bien en «buscar esos lugares donde sale el pus, y hablo del PSD», mientras Rocío Alfaro acusó a Cisneros de tratar de enturbiar la comisión.
Posteriormente, Nicolás fue quien acusó al PSD de tratar de normalizar el delito y de socializar la culpa por sus acciones, que calificó como propio del estilo del gobierno. Por su parte Dinorah Barquero, también del PLN, agregó que se trataba de un intento de «una operación embarre».
Cisneros tuvo otra participación, aclarar que se había responsable de sus declaraciones, pero no podía ser responsable de lo que otros decían que dijo. «Dicen que sugerí que alguien torció el brazo del FA; nunca lo dije. Dicen que si había habido reuniones secretas con el FA, jamás dije eso. Solo he pedido el nombre de la persona con quienes ustedes solicitaron un préstamo de ₡500 millones, garantizados con ₡900 millones de certificados de deuda política», expresó.
