Opiniones en Internet, lobby y otras conductas de empleados judiciales serán reguladas a partir marzo

Nuevo reglamento para evitar conflictos de interés en el Poder Judicial entra en vigencia el 1º de marzo.

Corte Plena

El comportamiento de quienes trabajan en el Poder Judicial estará bajo nuevas reglas a partir del 1º de marzo, cuando entra a regir el nuevo Reglamento de Regulación para la Prevención, Identificación y la Gestión Adecuada de los Conflictos de Interés.

Las nuevas normas de conducta pretenden evitar y, eventualmente, sancionar los conflictos de interés que surjan en la función judicial. Esto luego de que, en el 2017, el Poder Judicial se viera en una de sus mayores crisis, cuando se evidenciaron relaciones de un magistrado con un empresario cementero y con políticos. El remezón originó causas disciplinarias y penales, así como la salida de altos funcionarios judiciales.

La propuesta de regulación, que se venía analizando desde años atrás, tomó fuerza luego de ese desequilibrio institucional y fue aprobada hace un año. La propuesta establece reglas sobre las opiniones en redes sociales, prohibición para realizar lobby y otras conductas.

El reglamento indica que los empleados judiciales deben informar a sus superiores sobre los intereses privados que puedan generar conflictos de interés en su función.

“Dos son los grandísimos problemas que debemos afrontar, y lo estamos haciendo y debemos profundizar. Uno es la transparencia y la ética en la función judicial y el otro, que también nos acosa y tiene un alto impacto en la sociedad, es la mora judicial. Esos dos valores son fundamentales de tenerlos en cuenta todos los días, debemos aceptarlos como el iter sobre el cual debe desarrollarse el trabajo del Poder Judicial”.

Magistrado Román Solís

“Las situaciones sobrevinientes de parentescos por afinidad hasta tercer grado, ofrecimiento o entrega de regalos o ventajas de cualquier naturaleza, nuevas actividades privadas de la persona servidora judicial, relaciones personales afectivas o de negocios, entre otras, que sean potencialmente generadoras de conflictos de interés en los términos del artículo anterior, deberán ser informadas de forma inmediata, para permitir su manejo adecuado”, indica la normativa.

Estas disposiciones aplican para todo el personal judicial, incluyendo magistrados y miembros del Consejo Superior.

Además, todas las personas que laboran en el Poder Judicial deben “abstenerse de asesorar, auxiliar, conocer, opinar o influir de cualquier forma (incluyendo el uso de redes sociales o Internet), participar en la discusión o resolver asuntos sometidos a su conocimiento”, cuando tengan un interés directo o le interesen a sus familiares cercanos.

Esa abstención también rige cuando sean asuntos de interés de las empresas relacionadas con el funcionario judicial o sus familiares, igual si el empleado judicial tiene amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas interesadas en el asunto o en otros supuestos enlistados en el reglamento, como “la existencia de circunstancias que den lugar a dudas justificadas respecto de su imparcialidad u objetividad”.

El personal judicial tampoco debe “solicitar ni aceptar, directa o indirectamente, regalos, comisiones, premios, donaciones, favores, propinas o beneficios de cualquier tipo, con motivo u ocasión del desempeño de sus funciones”; asimismo, debe vigilar que no los reciban sus familiares.

Tampoco puede hacer uso de su cargo para recibir colaboraciones para viajes, dinero, pago de estudios o cursos, con excepción de becas universitarias, capacitaciones, seminarios, congresos, encuentros o asuntos que sean de interés institucional.

Además, deben evitar desempeñar trabajos privados que comprometan su imparcialidad en la función pública.

El reglamento también prohíbe el uso del cargo o de los recursos judiciales para beneficio propio o de familiares, hacer “lobby político, recomendar, promover o censurar a terceros ante la Asamblea Legislativa, directa o indirectamente, para la designación de magistradas y magistrados propietarios y suplentes”.

Asimismo, ningún empleado judicial puede participar en procesos y actividades político-electorales.

Se estableció también como obligatorio mantener información de acceso público sobre las personas que realizan suplencias de magistrados.

Los datos deben contener los periodos de sustitución, las prórrogas y las razones de la suplencia.

“En caso de que se trate de abogadas o abogados litigantes, se deberá indicar en esos términos, con mención de la oficina o firma de abogados en la que prestan sus servicios o ha prestado servicios en los últimos dos años”, dice el reglamento.

Si quienes realizan las sustituciones son abogados litigantes, “tienen prohibido hacer ostentación de su cargo público en el ejercicio liberal de su profesión o ante cualquier despacho judicial”.

La nueva norma procura que al detectarse un conflicto de interés se tomen las medidas para evitar una afectación al interés público. A la vez, establece que la infracción a las disposiciones acarrea responsabilidad según la gravedad de la falta. La investigación y eventual sanción se realizaría conforme a la regulación de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Corte celebra reglamentación

El lunes en la sesión de Corte Plena, la oficial de cumplimiento, Kenia Alvarado, informó a los magistrados sobre la campaña que busca divulgar el nuevo reglamento entre el personal judicial.

Las cápsulas informativas audiovisuales contienen mensajes de figuras del ámbito deportivo, del cine y el teatro.

La puesta en marcha de esa campaña y la entrada en vigencia de las nueva normativa fue celebrada por varios magistrados y magistradas que hicieron uso de la palabra.

Entre quienes expresaron su complacencia estuvo el magistrado y presidente de la Sala Tercera, Jesús Ramírez. Días atrás, él fue objeto de polémica cuando grupos gremiales reprocharon que la Sala Tercera eligiera como su presidente “al más cuestionado”.

El longevo magistrado, de 77 años de edad y 35 de magistrado, afronta una causa penal por haber sido parte de la Sala que desestimó un expediente con prueba falseada en el caso conocido como “cementazo”. Por esos mismos hechos, Ramírez fue sancionado con dos meses de suspensión en el 2018.

El 1988, en un informe de los diputados de la Comisión de Narcotráfico se atribuyeron a Ramírez acciones que habrían favorecido la penetración de intereses del narcotráfico en el Poder Judicial.

En la sesión del lunes, Ramírez expresó: “La labor de cumplimiento es muy importante y al entrar en funcionamiento el reglamento va a ser de mucha importancia para todos los funcionarios judiciales y también para el país. Es un momento muy especial, que la ciudadanía comprenda que el Poder Judicial está haciendo máximos esfuerzos para que la labor de estas oficinas se cumpla fielmente”.

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