Foro de Justicia sugiere metodología para decidir con criterios objetivos

Opacidad y discrecionalidad marcan elección de nuevos magistrados

Estudio que calificó a candidatos difiere de ternas recomendadas por exdiputados y sugiere nueva metodología.

Para operar un ascensor, conducir un auto o limpiar oficinas en el sector público, la Dirección General de Servicio Civil marca pautas mediante el establecimiento de perfiles laborales, que definen una serie de características y requisitos del personal que se debe contratar para efectuar esas tareas.

Por ejemplo, para el cargo de misceláneo 1 se exigen, como requisitos mínimos haber cumplido el segundo ciclo de educación primaria o aprobado el primero hasta con dos años de experiencia en labores relacionadas al puesto. Además en el perfil se indica que el candidato debe manejar conceptos actualizados sobre su área de trabajo, saber la misión, visión, organización y función de la entidad para la que labora, así como un debido conocimiento de la organización y del funcionamiento de la administración pública costarricense.

La fijación de un perfil que describa la naturaleza del puesto, las actividades a realizar, condiciones de supervisión, responsabilidades, habilidades necesarias, actitudes y conocimientos no aplica para los 22 jueces de mayor rango del país, cuyos nombramientos son, en la práctica, vitalicios.

Para ser magistrado, la Constitución define pocos requisitos, entre ellos: ser costarricense por nacimiento o naturalización con domicilio en el país durante al menos diez años, ser ciudadano en ejercicio, del estado seglar, mayor de 35 años, tener título de abogado expedido o legalmente reconocido en Costa Rica por al menos diez años, o ser funcionario judicial por no menos de cinco años.

Para el misceláneo, el ujier de la Asamblea Legislativa o el oficinista existen perfiles que abarcan unas cinco páginas. Sin embargo, no existe un perfil que defina las características que debe reunir quien ejerza el puesto más importante del Poder Judicial, desde donde se marcan las pautas de temas vitales como la libertad de los ciudadanos, sus bienes y los derechos humanos que los amparan dentro del país.

La elección de los magistrados se ha convertido en un botín político, gracias a un sistema que ignora los criterios objetivos. Hoy los diputados pueden colocar como magistrado a un candidato cuyo desempeño en las entrevistas previas fue malo o mediocre, sin que tengan necesidad de justificar su decisión.

Es por esta razón que el Foro de Justicia reunió a un panel independiente de expertos en derecho, administración pública y comunicación, para hacer una radiografía a los procesos de elección de magistrados en las Salas III y Constitucional; específicamente a la manera en que se escogerá a quienes pretenden llenar las vacantes que dejaron los exmagistrados José Manuel Arroyo y Gilbert Armijo.

“En algunos casos, el candidato hacía una exposición de unos diez minutos sobre lo que entendía como los aspectos más importantes y, la mayor parte de las veces, los diputados de la comisión ni siquiera formularon una pregunta al candidato, solo dieron las gracias. En otras ocasiones formularon preguntas que no eran atinentes al tema, parecían ocurrencias. Nos llamó la atención un candidato que trajo una exposición esperaba que hicieran unas preguntas, no se las hicieron y nunca supimos qué pensaba”, relató Cristina Víquez, exjueza que lideró el estudio.

Entre las principales conclusiones del panel, se señala que no existe una metodología definida para que los diputados de la comisión de nombramientos conduzcan las entrevistas.

El panel encontró que, además, una vez que la comisión de nombramientos recomienda a una terna de aspirantes finalistas, se limitan a narrar su edad, estudios, experiencia laboral y docente, pero en ninguna etapa del proceso se ven obligados a argumentar o justificar las razones por las que recomiendan a uno u otro candidato.

La ideoneidad y probidad de quienes son escogidos como magistrados se colocó recientemente en evidencia tras el largo y escandaloso proceso que requirió la destitución del magistrado de la Sala III (en lo penal) Celso Gamboa Sánchez.

A Celso Gamboa se le acusa por el delito de tráfico de influencias en relación con su intervención para, presuntamente, eliminar el nombre del alcalde de San José, Johnny Araya, de un expediente judicial en las vísperas de un proceso electoral.

La Sala III, hoy integrada por el presidente de la Corte, Carlos Chinchilla y los magistrados Doris Arias y Jesús Jiménez, así como por la suplente María Elena Gómez, está siendo investigada por avalar la desestimación del exfiscal Jorge Chavarría, quien pidió archivar una denuncia contra los exdiputados Otto Guevara y Víctor Morales Zapata, tras desconocer un informe del OIJ que evidenciaba contactos telefónicos entre los exdiputados y el empresario.

Los diputados tienen por delante la responsabilidad de elegir seis nuevos magistrados de un total de 22 que integran la Corte Plena, en donde se reúnen todos los jueces de las cuatro Salas del Poder Judicial.

RECOMENDACIONES CONTRAPUESTAS

El proceso de elección de magistrados no es tan complejo ni robusto como debería. Primero, se publica un concurso con los requisitos necesarios y se reciben currículos y documentos solicitados por la comisión; luego, los candidatos asisten a entrevistas, la comisión envía una lista de tres “finalistas” y el Plenario lee el informe de la comisión; y posteriormente, vota por cualquiera de los candidatos, sin tener que apegarse necesariamente a las sugerencias de la comisión.

De acuerdo con el panel independiente, las recomendaciones hechas por los diputados de la comisión de nombramientos no se ajustaban a la realidad objetiva de los atestados y a la preparación de los candidatos.

En diciembre de 2015, la comisión estaba presidida por el entonces diputado del PUSC, Jorge Rodríguez, con Maureen Clarke del PLN en la secretaría y con la participación de los diputados Ottón Solís y Epsy Campbell, del PAC; Julio Rojas, del PLN; y Johnny Leiva, del PUSC.

En el concurso para reemplazar a Armijo en la Sala Constitucional, los diputados de la comisión recomendaron, de entre 26 participantes, las candidaturas de Lena White, Román Navarro y Rosa María Abdelnour.

Sin embargo, por medio de una metodología distinta, que incluyó un cuestionario uniforme de 16 preguntas, el Panel Independiente clasificó a los magistrados en tres perfiles: A, B y C.

En el perfil A agrupó a los mejores candidatos, aquellos que cumplían con todos los requisitos, contaban con una sólida preparación académica, normalmente a nivel de maestría o doctorado en el exterior, y poseían una amplia carrera profesional vinculada a las funciones de la materia atinente a la Sala a la que aspiran integrarse.

En esta categoría se incluyeron aquellos que mostraron una “marcada tendencia hacia la excelencia”, hacia el logro de objetivos y metas, y la actualización profesional y la docencia en materias atinentes en las que tuvieron un nivel destacado.

Además, tras un análisis de su entrevista y currículo, se determinó que el candidato tenía un perfil de idoneidad “superior” para el desempeño del cargo.

Los candidatos que encajaban en el perfil B, de igual manera cumplían con los requisitos básicos y tenían niveles académicos de maestría o doctorado; sin embargo, su nivel de actualización y docencia es “deseable”. Sumado a esto, el currículo y el desempeño en la entrevista permiten concluir que el candidato tiene condiciones “idóneas” para ser magistrado de esa sala.

En el perfil C se ubicaron los aspirantes que cumplían con los requisitos constitucionales y la documentación que piden los diputados de la comisión.

En esta categoria generalmente el nivel académico era de licenciatura o maestría en universidades nacionales, así como una trayectoria que les permite concursar para el puesto. Sin embargo, el análisis de sus respuestas en el interrogatorio, así como su currículo, determinaron que quienes encajan en este perfil son candidatos apenas “aceptables”.

Tras un análisis de los 26 postulantes de la Sala Constitucional, se determinó que solo dos de ellos pertenecían al perfil A: Enrique Ulate y Anamari Garro. Pero ninguno de ellos figura en la terna recomendada por los diputados de la Comisión de Nombramientos.

Los tres elegidos por la comisión fueron dos candidatos del perfil B (Lena White y Rosa Abdelnour), e inclusive, un aspirante catalogado como “C”, Román Navarro.

Una situación idéntica ocurre en el proceso de elección de magistrados en Sala III.

Los tres candidatos recomendados por los diputados (Gary Amador, Patricia Solano y Alex Rodríguez) fueron calificados como “perfil B”; mientras que ninguno de los cuatro aspirantes que encajan el “perfil A” (Álvaro Burgos, Ronald Salazar, Patricia Vargas y Sandra Zúñiga) obtuvieron la recomendación de los exlegisladores. En el caso de Vargas y Zúñiga, fueron parte de las recomendaciones del informe de minoría.

LA PROPUESTA

El panel independiente diseñó un perfil en el que enumera las características ideales de una persona que aspire a una magistratura, tras alegar que el perfil puede variar de acuerdo con la especialización de cada sala.

Entre las cualidades, destaca la imparcialidad e independencia, así como “la ausencia de vínculos que las puedan menoscabar”. También, un demostrado compromiso con la protección de los derechos humanos, los valores democráticos, el Estado de derecho y la ética, entre otros valores.

Además, dentro de la propuesta para conducir el proceso, el panel sugiere que la comisión de nombramientos solicite una larga lista de certificaciones (algunas ya se piden), entre las que se incluye la hoja de delincuencia, certificación de obligaciones tributarias al día, bienes muebles e inmuebles, participación en juntas directivas, publicaciones y constancias de rendimiento de parte del órgano judicial o institución a la que pertenece.

También se marcó una hoja de ruta para establecer calificaciones del 0 al 100, en donde se propone realizar un examen con un valor del 20% final de la nota, el cual expulsaría del proceso a quien no obtenga una nota mínima de 80. La prueba sería coordinada por la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica y por otra escuela acreditada ante Sinae, con un plazo de entrega de resultados de seis días hábiles.

Los candidatos que aprueben el examen se deberán someter a una evaluación psicológica, a cargo de la Dirección de Gestión Humana del Poder Judicial. La lista de personas que aprobaron ambos exámenes deberá luego publicarse en dos medios de prensa de circulación nacional.

Posterior a esto, se propone realizar un análisis del currículo, que tendrá un valor del 50% de la nota. Este análisis deberá tomar en cuenta los grados, títulos académicos, capacitaciones y publicaciones, así como la experiencia profesional.

Para este último punto se propone la creación de un grupo asesor integrado por decanos de las facultades de derecho, abogados distinguidos, catedráticos y otros expertos que valoren el desempeño profesional de los candidatos.

La propuesta del panel sugiere establecer un proceso de “objeciones fundadas”, en donde terceros puedan denunciar el incumplimiento de requisitos o aludir a la idoneidad del postulante, en donde se tomó como base el concurso de fiscales en Perú.

El trámite debería interponerse en los diez días hábiles después de publicada la lista de candidatos que superaron el examen y la prueba psicológica.

La objeción debe hacerse por escrito y no puede ser anónima; sin embargo, solo los miembros de la comisión podrán tener acceso a la identidad del denunciante. Además, deberá incluir copias de la cédula de identidad, correo electrónico para recibir notificaciones, argumentación y medios probatorios.

A la propuesta del panel se suma una guía temática para conducir las entrevistas, así como los principios de publicidad y transparencia, de manera que todos los procesos se comuniquen a la población e incentiven la participación de la sociedad.

Asimismo, establece que ningún diputado podrá recibir de manera privada a los candidatos que quieran promover su elección, ya que todo encuentro entre electores postulantes “será público y previamente de conocimiento de la ciudadanía”.

Contrario al proceso actual, en donde solo se citan las personas recomendadas por la comisión, sin profundizar en las razones, la comisión fijará una sesión para discutir consideraciones sobre los candidatos y proceder con la selección de una lista de entre tres y cinco personas para enviarla al Plenario. La votación será pública y cada diputado deberá justificar su voto por una u otra persona postulante.

“Es importante que la Asamblea Legislativa, a través de su comisión, efectúe un examen autocrítico de la forma en que se han realizado estas designaciones, y genere un debate para que estos procesos fortalezcan la democracia. Es necesario eliminar todo aquello que ponga en duda la objetividad en la elección y suprimir las prácticas de lobby”, comentó Rosaura Chinchilla, coordinadora de la Maestría en Ciencias Penales de la UCR.

El Foro de Justicia cuenta con la participación de la Asociación Costa Rica Íntegra, el Centro por la Justicia y Derecho el Derecho Internacional, el Programa Estado de la Nación, la Maestría en Ciencias Penales de la UCR, la Facultad de Derecho de la misma universidad y la Friedrich Ebert Stiftung.





 

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