Pobladores indígenas y organizaciones sociales recibieron devastados e indignados el anuncio del Ministerio Público de que en los próximos días solicitará una desestimación del caso y un cierre temporal del expediente del caso del homicidio del líder indígena de Salitre Sergio Rojas Ortiz. Al tiempo que el Sistema de las Naciones Unidas pidió al Estado costarricense continuar con la investigación del homicidio y evitar que este crimen quede en la impunidad.
Rojas Ortiz fue asesinado el lunes 18 de marzo de 2019, y antes de eso sufrió amenazas, intento de asesinato e incluso desde el 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había ordenado al Estado protegerlo porque su vida corría peligro.
La Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos confirmó a UNIVERSIDAD que en los próximos días solicitará al Juzgado Penal de Buenos Aires una desestimación en el caso del homicidio de Rojas Ortiz (19-000178-0990-PE), y que la Fiscalía dictará un archivo fiscal, el cual se reabrirá si ingresa nueva prueba que permita identificar a otras de las personas que participaron en los hechos.
Cindy Vargas Ortiz, quien es indígena bröran, del territorio de Térraba, dijo a este medio que la noticia ha sido impactante para la dirigencia indígena que de alguna u otra forma trabajó con Rojas y también se ha visto afectada por la persecución.
“¿Cómo es posible de que existen pruebas que demuestran la persecución de Sergio durante cinco años hasta que lo lograron asesinar; y al día de hoy se dice que no hay prueba suficiente?” Entendemos cómo funciona el tema judicial en Costa Rica; pero lo que no entendemos es por qué tan rápido dicen que se archiva el caso, donde es evidente que hay personas culpables. Estamos exigiendo que se explique por que se cierra esto”, declaró Vargas Ortiz.
Para don Felipe Figueroa Morales, indígena bribri de Salitre, la noticia es “devastadora”. “Ha sido una vez más el juego del Estado, una vez más una bofetada a los pueblos indígenas”, exclamó.
“Sabemos que hay cosas que resuelven en 15 días, un mes, dos meses; pero esta situación es una complicidad del Estado en el asesinato de don Sergio Rojas. Eso es lo que hemos comprendido desde acá. Realmente el Estado condena nuestros derechos que tenemos como costarricenses primeramente, y como pobladores indígenas de estos territorios”, señaló Figueroa.
“Ha sido como si la muerte de Sergio fue ayer”, expresó don Felipe.
Autores intelectuales y materiales
Dirigente y fundador del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (Frenapi) y constructor de un movimiento de autonomía independiente, Rojas Ortiz fue perseguido por las personas no indígenas consideradas usurpadoras de tierras, así como por el Poder Judicial, ya que fue uno de los líderes que impulsó a construir la autonomía en los territorios, recuperando la tierra y construyendo gobiernos y cultura.
El 17 de setiembre de 2012 un grupo de no indígenas le disparó seis veces a Rojas Ortiz, que en ese momento era presidente de la Asociación de Desarrollo Indígena (ADI) de Salitre. Nadie fue imputado por este hecho.
El 6 de noviembre de 2014, el Poder Judicial y la Fuerza Pública realizaron un operativo en Salitre, y el Ministerio Público acusó a Rojas y a ocho personas más por una supuesta administración fraudulenta de 554 millones de colones del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo) a través de la ADI. Sólo quedó detenido Rojas, quien pasó siete meses en la cárcel. Seiss años y medio después no hay una acusación contra Rojas.
Desde 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) obligó al Estado costarricense a brindar protección a los defensores de derechos indígenas dentro de su territorio, entre ellos a Rojas Ortiz. Sin embargo, la noche del lunes 18 de marzo de 2019, Sergio Rojas fue asesinado en su vivienda, en la localidad de Yery, en el territorio de Salitre.
De acuerdo con la fiscala adjunta del Ministerio Público, Ileana Mora Muñoz, el motivo de la conclusión fiscal del caso de homicidio, “se da por falta de elementos de prueba suficientes para fundamentar una acusación” “pese a la robusta investigación que se realizó de manera conjunta con el Organismo de Investigación Judicial, que incluyó, entre muchas otras diligencias, entrevistas, análisis telefónicos, inspecciones en sitio, análisis de trayectorias balísticas y la solicitud de un allanamiento que no fue concedido”.
Según la hipótesis de la Fiscalía, en el crimen de Rojas participaron autores intelectuales y autores materiales. Tres autores materiales lograron identificarse; pero las pruebas no son suficientes para atribuirles cargos, se indicó.
Esto fue comunicado el 24 de setiembre a la familia de la víctima, mediante una reunión realizada en los Tribunales de Pérez Zeledón.
Naciones Unidas interviene
El Sistema de las Naciones Unidas pidió hoy al Estado costarricense continuar con la investigación del homicidio y evitar que este crimen quede en la impunidad y destacó que “tiene plena confianza en que las autoridades judiciales esclarecerán el caso y llevarán ante los tribunales a las personas responsables”.
En un comunicado, Naciones Unidas recordó el llamado a las autoridades costarricenses a “identificar a los autores materiales e intelectuales de este grave delito y los lleven ante la justicia, de acuerdo con la ley”.
La organización además ha hecho llamados a sus Estados miembros para seguir impulsando las acciones necesarias con el fin de erradicar toda forma de violencia y discriminación contra los pueblos indígenas, garantizando también el derecho a la posesión de sus tierras.
También instó al Estado a procurar que, en el desalojo anunciado para los próximos días en el territorio indígena de China Kichá, tenga en cuenta las recomendaciones de los mecanismos de derechos humanos sobre los derechos de los pueblos indígenas y los estándares internacionales en materia del derecho a la vivienda y desalojos forzosos, conforme a los compromisos adquiridos por el Estado en los distintos tratados internacionales ratificados en la materia.
Alerta roja en los territorios indígenas
Cindy Vargas Ortiz explicó que la decisión del Ministerio Público sobre el caso de Sergio Rojas abre un espacio para que se cometan más asesinatos. “Justamente en este momento que hay tanta tensién por el desalojo de Kono Jú, de los hermanos de China Kichá; justo se da esto. Extrañamente sucede esto esta semana, días antes de que suceda esto en China Kichá”, apuntó Vargas.
“Queremos que el estado resguarde a los territorios y emita una alerta”, agregó y dijo que las abogadas que están colaborando con las medidas cautelares para defensores indígenas harán la consulta ante la CIDH.
“Nosotros consideramos que esto es una amenaza, como diciendo ‘esténse quietos porque, pase lo que pase, no va a haber justicia, nadie va a meter las manos al fuego por ustedes’. Como diciendo ‘el mismo Estado no les garantiza a ustedes la vida’”, consideró Vargas.
Don Felipe coincidió y añadió: “Si dicen que este caso de Sergio se acabo aquí es como decir que podemos seguir muriendo sin ninguna ley; pueden matar otros, hoy, mañana y simplemente van a decir que no saben quién fue”.
“Estamos en alerta roja dentro del territorio”, agregó Figueroa.
Dieciséis familias indígenas del pueblo cabécar enfrentan una amenaza de desalojo el lunes 28 de setiembre de la finca recuperada Kono Jú debido a una resolución de un tribunal agrario. Esta es la primera vez que un tribunal resuelve que personas indígenas deben de abandonar una finca dentro de su propio territorio, que es China Kichá, en la zona sur del país.
