Como si faltaran elementos de incertidumbre para las elecciones presidenciales y legislativas de febrero, la amenaza de la Covid-19 con su variante ómicrom en este 2022 agrega dudas sobre el comportamiento del electorado y poner al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) a ajustar sus llamados a participar.
Con una velocidad de contagios que hizo multiplicar por 10 la cantidad de casos activos en solo dos semanas, se torna probable el peligro de mayores tasas de propagación del coronavirus en la semana de las elecciones, pues expertos han advertido la posibilidad de alcanzar a mediados de enero hasta 5.000 casos nuevos por día.
Le propagación del virus hizo que los partidos redujeran aún más las actividades públicas durante la campaña, pero cuando esta arrancó nadie podía prever la posibilidad de cifras máximas justo en el momento de las elecciones.
La variante ómicrom, que se registró en Costa Rica a mediados de diciembre, demuestra la velocidad de transmisión, aunque el aumento en hospitalizaciones y muertes en el país ha sido leve hasta ahora, sin que los especialistas descarten que puedan agravarse.
Estudiosos de la Universidad de Costa Rica incluso advierten que las hospitalizaciones podrían llegar hasta 800 personas a finales de este mes, una semana antes de las elecciones.
Ese riesgo transcurre en paralelo a la campaña, lo que incide en los temas que se discutan entre las candidaturas, en el ánimo popular para participar en una contienda de por sí opaca y desconcertante, y eventualmente en un afán de reducir la circulación en las calles durante el propio día de los comicios, con posible reflejo en la participación en las urnas.
Por ello la presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Eugenia Zamora, dijo esta semana que existe la recomendación de que se abstengan de votar las personas que tienen síntomas de COVI-19 o que están bajo efecto de una orden sanitaria, dado que la fecha electoral es inaplazable.
Sin embargo, subrayó que elecciones realizadas en otros países durante la pandemia permiten asegurar que la movilización electoral no es un evento que represente un mayor peligro de contagios.
Surgidas las críticas ante la posible interpretación de que Zamora pedía no votar a quienes tuvieran la enfermedad o fueran sospechosos de tenerla, este 11 de enero el pleno del TSE emitió un pronunciamiento para dejar claras las cosas: “Las órdenes sanitarias de aislamiento, emitidas a personas contagiadas o sospechosas de padecer COVID-19, son actos administrativos que, como tales, no tienen la entidad normativa suficiente para condicionar los derechos políticos de los ciudadanos, por lo que no impiden que una persona acuda al centro de votación y sufrague por la opción política de su preferencia”.
“En este difícil momento, la responsabilidad individual de cada persona es vital; la obligación cívica que tienen los ciudadanos hoy es doble, por una parte deben cuidarse y proteger a quienes se encuentran a su alrededor cumpliendo escrupulosamente los protocolos de salud y, por otro lado, deben prepararse para una jornada electoral con una cantidad inédita de opciones, lo cual supone meditar el voto y decidirlo responsablemente”, agrega la resolución N.° 0208-E8-2022.
Por si persisten las dudas: “el ciudadano sobre el que pese una orden sanitaria -si así él lo decide- puede presentarse a la junta receptora de votos en la que se encuentre enlistado y emitir su voto; ninguna autoridad pública ni los miembros de esa junta pueden impedirle sufragar solo por el hecho de habérsele ordenado aislamiento o por mostrar síntomas que hagan presumir que se encuentra contagiado de SARS-CoV-2”.
Así intenta el tribunal electoral extinguir cualquier cuestionamiento por un presunto llamado a aplicar el domingo de los comicios el lema “quedarse en casa” que se posicionó en general durante la pandemia.
De la capacidad de convocatoria de los partidos, la respuesta de la población y sus capacidades para movilizarse en un contexto pandémico más severo, dependerá finalmente la participación electoral.
Estudios y especialistas indican que la participación ciudadana en las urnas puede rondar el 65% del padrón, aunque dependerá del desenlace de la campaña evitar que baje a una cifra mínima histórica inferior a 60%, como temen los más escépticos.
