Sonia María, Mariana, Karen, Rita, Maritza, Kimberly y María Paula son nombres que pueden no significar mucho a simple vista, sin embargo, todas ellas tienen algo macabro en común: son las siete mujeres asesinadas en lo que va del año a manos de sus parejas o excompañeros de vida.
De acuerdo con datos del Observatorio de Violencia de Género y de la Fiscalía Adjunta de Género, Costa Rica ha experimentado –en el último mes con más fuerza– el femicidio de siete mujeres, cinco de las cuales eran madres, la mayoría de niños y niñas menores de edad. Para marzo del 2017 la cifra fue de cuatro mujeres.
Aunque Esta es la cifra oficial de femicidios, hay un octavo caso que ha sido catalogado en los medios de comunicación con esta tipología, sin embargo, la Fiscalía no cuenta con los elementos suficientes para clasificarlo como tal.
El femicidio, no es un homicidio común, es el acto más grave de violencia de género, en el que una mujer es asesinada por su condición de mujer, habitualmente por su pareja, expareja u otro hombre con quien tiene o tuvo una relación sentimental, y es producto de una relación de poder desigual.
Hay dos tipos de femicidio: el legal, que sanciona las muertes de mujeres a manos de sus cónyuges o parejas actuales, siempre en una relación de convivencia, y el ampliado, que incluye la muerte violencia de una mujer donde no había una relación de matrimonio o unión libre, provocado por novio, exnovio, exmarido, hijos, padre o las que ocurren por un ataque sexual o producida por un proxeneta.
De acuerdo con Dixie Mendoza, coordinadora del Observatorio de Violencia de Género, durante todo el año un total de 18 mujeres fallecieron por actos violentos, pero no todos pueden tipificarse como femicidios, algunos de ellos están siendo investigados para determinar si corresponden a este tipo de delito.
“Si seguimos contando femicidios, tentativas de femicidios, violaciones, abusos sexuales, entre muchas otras violencias de género; muy pronto, si no es que ya, alguien que conocemos podría ser la siguiente víctima. ¿Cuál es su aporte?, ¿qué ha hecho para combatir la violencia contra las mujeres?, es urgente denunciar, si no lo combate, usted también es cómplice”, señaló Mendoza.
Entonces, no es alarmante decir que el país está experimentando una oleada de femicidios cuando los noticieros le cuentan que un hijo mató a su madre con arma blanca en Cartago, que la expareja le disparó a otra en Barva de Heredia o que dos mujeres fallecieron en Golfito a manos de sus parejas.
Toda esta situación ha generado una serie de críticas sobre el papel que juega el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) en el país y reactiva discursos de quienes aseguran que la institución debe cerrarse para abrir una entidad para la Familia.
Ante esto es importante conocer cuál es el funcionamiento del Inamu y de otras instituciones relacionadas con la protección y prevención de la violencia contra las mujeres.
En defensa de género
La violencia de género es uno de los enfoques iniciales y prioritarios de atención del Inamu. Desde su creación hace 20 años, su objetivo es defender a las mujeres y, por ende, a sus hijos y familias.
En este sentido, la violencia en contra de las mujeres es un tema de muchos años atrás en el país, lo que pasa es que actualmente hay una mayor conciencia y fuerza para denunciarla. Solamente en 2017, el Poder Judicial recibió un total de 50.000 denuncias por violencia.
Lo más nefasto es que las estadísticas de feminicidios, a pesar de que han reducido con el paso de los años y de ser las más bajas de la región centroamericana, sigue siendo alarmante, pues en promedio 24 mujeres fallecen por relaciones de poder.
Según Alejandra Mora, Presidenta Ejecutiva del Inamu, solamente en 2017, en la Delegación de la Mujer de San José se atendieron 7.000 mujeres por violencia de género, a las cuales se les acompañó legalmente y con atención psicológica.
“La única forma de sostener a una mujer en un proceso de familia en los Tribunales es con acompañamiento, porque dentro del proceso judicial hay una serie de estereotipos y de personas que tratarán de instar a la mujer a abandonar el proceso, son culpabilizadas y eso las hace preguntarse si están haciendo lo correcto. Por ello, les damos acompañamiento legal, pues tenemos las competencias como defensa pública, para lograr las medidas cautelares que se requieran”, explicó Mora.
Cuando una mujer pone una denuncia por violencia, el sistema le coloca al denunciado un defensor público y eso significa que el hombre cuenta con un acompañamiento legal. Ante eso, muchas veces las mujeres no pueden responder, por falta de recursos y acompañamiento. De ahí la importancia del programa de acompañamiento que impulsa el Inamu.
De no ser así, está demostrado que entre el 75% y el 80% de las mujeres que presentaron una denuncia no vuelven al juzgado para hacer descargos o presentar pruebas y, a falta de estas, el caso queda impune.
Frente a esta situación, argumentó la Presidenta Ejecutiva del Inamu, la entidad llevó a cabo un convenio con el Colegio de Abogados, para lograr contratar especialistas que lleven los procesos legales de estas mujeres, pues las competencias de la institución se restringen a los procesos civiles de familia para establecer medidas cautelares, pero no en materia penal.
“Con esta alianza estratégica hemos contratado abogados para llevar los casos que sean necesarios. Por ejemplo, bajo esta modalidad acabamos de sacar el caso de una niña de 12 años que fue violada y embarazada por su padrastro, a quien le impusieron una pena de 12 años de cárcel. Estamos acompañando a las víctimas haciendo justicia eficaz”, detalló la jerarca.
Adicionalmente, indicó Mora, cuando las mujeres están en riesgo y llega la denuncia o hay una llamada a través de la línea 911, se activa un protocolo para medir el riesgo y si es necesario se traslada a la mujer y sus hijos a uno de los albergues del Inamu. Allí se llevan a más de 300 mujeres al año y 500 niños, pues las víctimas directas de la violencia son las mujeres, pero toda la familia sufre y debe ser protegida.
“Estos centros de atención integral (Clais) permiten dar contención desde el primer momento. Al recibir la llamada se coordina con un juez y la policía para que vayan directamente a la casa y saquen a la mujer y sus hijos, los trasladen al albergue más cercano y allí se les brinda alimentación y una serie de talleres para empoderarlas”, contó Alejandra Mora.
Ahora bien, en este proceso al Inamu le corresponde la prevención, el acompañamiento y atención de la mujer; sin embargo, es el Poder Judicial al que le corresponde velar porque se cumpla con la justicia. Se requiere de una respuesta eficaz de las autoridades para evitar lesiones contra las mujeres en casos que ya fueron denunciados.
Otro programa que impulsa el Inamu está relacionado con la prevención en comunidades, para establecer redes locales que puedan atender a las mujeres. Se están capacitando alcaldes, organizaciones sociales y comunales para la atención primaria de los temas de violencia, pues es urgente que los vecinos entiendan que la violencia se debe denunciar y que es necesario recomponer el tejido social.
El Inamu también trabaja en programas de capacitación, formación e impulso del emprendimiento en las mujeres, pues resolver el factor económico es una herramienta para prevenir y enfrentar la violencia.
Se pasó de una atención de 1.100 mujeres en el año 2013 a un total de 11.600 en el 2017, a estas se les brinda un subsidio para llevar un curso para tener herramientas, empoderarse y establecer un proyecto de vida distinto.
Adicionalmente, se lanzó la Política Nacional para la Atención y la Prevención de la Violencia Contra las Mujeres, en la cual se establecen claramente las responsabilidades de cada institución relacionada con la defensa de la mujer y los niños.
“Y en este plan se incluyó la atención de los hombres, dirigido al desarrollo de una nueva masculinidad, trabajar con ellos desde la perspectiva de igualdad, repensando los estereotipos, cómo manejar el dolor, la ira y la frustración, y cómo aprender a recomponer estas actitudes, sobre todo desde la paternidad. Esto lo estamos trabajando con el Instituto WEM; vamos a las comunidades, mantenemos grupos de trabajo y tenemos una red de hombres que son funcionarios públicos, quienes realizan capacitaciones a lo interno de sus instituciones”, añadió la jerarca.
La defensa de las mujeres y sus familias no solo le compete al Inamu, también está relacionado el Ministerio de Educación Pública, que tiene a su cargo la formación de los niños y adolescentes para el sano desarrollo de la afectividad y una convivencia sin violencia; los Ministerios de Justicia y Gracia; Seguridad Pública; Salud Pública; la Caja Costarricense de Seguro Social; el Patronato Nacional de la Infancia; el Consejo de la Persona Adulta Mayor y las universidades. Pero, sobre todo, la sociedad, que debe tomar conciencia y ser partícipe de acciones que resuelvan este flagelo.
