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OIJ y Fiscalía revisaron obras millonarias de MECO en aeropuerto de Liberia

Lanamme de la UCR participa en pruebas de asfalto después de registrarse desprendimiento de material; mantenimiento se adjudicó en febrero por ₡883,7 millones.

Agentes de la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción junto a policías del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) participaron este martes en una inspección ocular en la pista de aterrizaje del aeropuerto Daniel Oduber, en Liberia.

Los investigadores trabajan en una investigación por posibles delitos de corrupción en torno a obras millonarias adjudicadas a la empresa constructora MECO, confirmó el Ministerio Público. Indagan el posible delito de falsedad en la recepción de obras y pagos irregulares ejecutados por el Consejo Técnico de Aviación Civil.

El trabajo en el aeropuerto guanacasteco consistió en pruebas técnicas con el apoyo de funcionarios del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme), de la Universidad de Costa Rica.

La inspección se realizó sobre zonas de la pista que habían presentado varios desprendimientos de su capa asfáltica durante las últimas semanas, a pesar de las reparaciones hechas por la constructora representada por el conocido empresario Carlos Cerdas.

Este sábado 8 de junio las autoridades de ese aeropuerto decidieron cerrarlo durante cinco horas para resolver los problemas generados por un bache debido a desprendimiento de material. Esto ha ocurrido ya otras veces antes.

MECO había ganado la licitación 2018LN-000002-0006600001 promovida por la Dirección General de Aviación Civil para “Mejoramiento de los pavimentos de la pista de aterrizaje, plataformas y demarcación horizontal del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós”, por un monto de ₡883,7 millones, como consta en el acta 15-2019 de esa entidad estatal, del 26 de febrero de 2019.

Mediante un comunicado, la empresa informó de que no ha sido notificada sobre estas investigaciones. Sin embargo, advirtieron que el proyecto fue recibido “a entera satisfacción por parte de la Administración y que además toda obra cuenta, por responsabilidad civil con una garantía por un plazo de 10 años”.

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