“Tanto los encargados del transporte como quienes alquilan cuartos y quienes extraen el material realizan pagos a funcionarios públicos a cambio de poder realizar su actividad ilícita sin ningún inconveniente, dejando así evidente la comisión del delito de corrupción a funcionario público”.
Esa es una de las frases más lapidarias de un informe sobre la situación actual en Crucitas de Cutris, en San Carlos, que el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Wálter Espinoza, remitió a la Sala Constitucional tras un requerimiento de ese tribunal respecto del trámite de un recurso de amparo planteado por el abogado Álvaro Sagot a propósito de la contaminación con mercurio.
El documento, remitido bajo el número 364-DG-2020/ Ref. 567-2020 y fechado el 14 de mayo, además puntualiza que se mantienen en vigencia problemas como el tráfico de personas, de cianuro, de mercurio y de armas.
Cabe recordar que el pasado 25 de febrero UNIVERSIDAD recopiló testimonios en la zona, en el sentido de que oficiales de policía, según se dice, cobran ¢10.000 por persona por semana para permitir la actividad de minería ilegal.
El informe del OIJ señala que en su mayoría los coligalleros que actúan en la zona son nicaragüenses que cruzan ilegalmente la frontera, aunque afirma que “se han identificado distintos grupos de personas costarricenses, las cuales utilizan sus vehículos para transportar inmigrantes ‘coligalleros’, desde distintas zonas fronterizas entre Costa Rica y Nicaragua hasta campamentos rudimentarios conocidos como ‘champas’, donde les dan hospedaje y alimentación; también ingresan una cantidad importante de mujeres y niños, los cuales también son explotados laboralmente”.
Sobre el tráfico de los peligrosos químicos, el documento cita que en un solo transporte se logró incautar 2.400 kilos de cianuro y 1.405 gramos de mercurio, que provenían ilegalmente de Nicaragua. “Existen varios grupos de personas organizadas dedicadas al ingreso de estas sustancias a la zona, ya sea provenientes desde el país vecino del norte u obtenidas de forma irregular de distintas empresas costarricenses encargadas de vender de forma legal ciertos productos químicos”.
Además, el OIJ señala que para lograr las exportaciones del oro ilegal se comete otra serie de delitos que –además de la ya mencionada corrupción de funcionarios públicos– incluye legitimación de capitales; asimismo, asevera que la actividad al año genera unos $25 millones, “logrando exportar una tonelada de oro”.
“Red de corrupción terrible”
El abogado Sagot recordó que recurrió a la Sala Constitucional porque primero había acudido al Ministerio de Salud, entidad que de acuerdo con el Reglamento de Contaminación de Suelos es la encargada de verificar y solucionar ese tipo de problemas, pero en esa institución “se lavan las manos”.
Subrayó que no se trata solamente de los daños ambientales “bastante serios”, sino también de la contaminación transfronteriza con mercurio que “es evidente que se está dando, conforme lo han dejado entrever los diferentes informes” que se han remitido al tribunal.
Sin embargo, Sagot cuestionó con mayor gravedad: “¿Qué espera Costa Rica para presentar una demanda ante la Corte Internacional de Justicia?”, ya que “es groseramente evidente que Nicaragua no está ejerciendo ningún control para detener el tráfico de personas que vienen a trabajar como coligalleros y del mercurio”.
Ante las realidades descritas por el director del OIJ en su informe, el abogado ambientalista se refirió a un proyecto para legalizar la minería en el país presentado por la diputada de la Unidad Social Cristiana (PUSC) María Inés Solís y aseveró que “ni siquiera con ese proyectito de ley el asunto se resolvería”, pues el problema radica en que en la institucionalidad costarricense “hay una red de corrupción terrible que no se vendría a resolver aunque se volviera a hacer legal la minería de oro a cielo abierto, porque el problema es más profundo, está en la médula”.
“Enforzar las regulaciones”
El Gobierno también aportó un informe a la Sala Constitucional al respecto, presentado por la vicepresidenta Epsy Campbell, que pinta un cuadro radicalmente diferente a lo reportado por el OIJ.
Este nuevo documento destaca insistentemente la labor de coordinación entre ministerios e instituciones que ha llevado a cabo el despacho de Campbell, en el marco del Plan de Desarrollo Integral para el Desarrollo Fronterizo Norte, así como los llamados “megaoperativos” del Ministerio de Seguridad en la zona, por lo que celebra que “al día de hoy se estima que la cifra (de coligalleros) no supera los 500”, y que la “presión institucional ha variado el modus operandi del desarrollo de la actividad, de manera que el procesamiento del oro que implica el uso de cianuro no se está desarrollando en la zona”.
Este informe también cita una actualización al 14 de mayo del Viceministro de Seguridad sobre el operativo Lapa IV, según la cual ha dejado “232 personas identificadas, 168 personas investigadas, 90 personas remitidas a la Dirección General de Migración y Extranjería, 28 personas aprehendidas, 1 persona con orden de captura y 21 detenciones en flagrancia”. También “se han decomisado kilogramos de sedimento, gramos de marihuana y mercurio, un camión, piezas de madera y equinos”.
Un elemento destacable es que el Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET) de la Universidad Nacional (UNA) acudió al sitio para hacer análisis sobre la presencia de mercurio.
Según informó Campbell, ese Instituto presentó en abril un “primer análisis anual” en el marco de la iniciativa del Poder Ejecutivo, según el cual se detectó “contenidos de mercurio semejantes a los del estudio realizado por el mismo organismo en 2018, e incluso en algunos sitios niveles más bajos a los de dicha fecha”.
Añade que “este proceso de muestreo no recogió muestras que permitan concluir sobre una posible contaminación transfronteriza”.
Además, para “desincentivar las acciones productoras de la problemática, se ha procurado regular la exportación del oro por medio de puertos y aeropuertos y enforzar las regulaciones existentes” (sic.).
2001
La empresa Industrias Infinito, subsidiaria de la canadiense Infinito Gold, obtuvo la concesión para la explotación de oro en Crucitas por parte de la administración de Miguel Ángel Rodríguez.
2002
En una de sus primeras acciones, el presidente Abel Pacheco estableció una moratoria al desarrollo de la minería, lo cual frenó el proyecto.
2008
El mandatario Óscar Arias y su ministro de Ambiente Roberto Dobles firmaron una declaratoria de conveniencia nacional e interés público del proyecto minero. Con ello, dio inicio un periodo de intensa lucha social de activistas ambientalistas en contra del proyecto.
2010
La Sala Constitucional rechazó un recurso de amparo planteado por la Unión Norte por la Vida (Unovida) contra el decreto de Arias. Ese mismo año, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley 8904, que reforma el Código de Minería y declara a Costa Rica país libre de minería metálica a cielo abierto.
2011
El Tribunal Contencioso Administrativo da la razón a Unovida y otras organizaciones y cancela la concesión otorgada a Industrias Infinito.
2017
Estalla el problema de la minería ilegal en la zona. Se calcula que hasta unas cinco mil personas llegan a la zona para extraer oro ilegalmente, aunque es probable que los primeros coligalleros llegaran al sitio desde antes.
