Esta mañana el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó un operativo de gran tamaño que implicó el allanamiento de Casa Presidencial, del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y que según informó a la prensa el director del OIJ Wálter Espinoza implica la detención de unas 33 personas y malversaciones de fondos de unos 78 mil millones de colones.
De acuerdo con una comunicación oficial, se trata de un gran operativo de 57 allanamientos en distintos puntos del país por casos de corrupción respecto a la construcción de vía pública.
Espinoza informó que desde las 7 a.m. el OIJ y el Ministerio Público (MP) iniciaron el operativo que se basa en una investigación iniciada en 2019, relacionada con “corrupción pública” en la conservación y mantenimiento de la red vial. Dijo que “uno de los más importantes que hemos realizado en los últimos meses” y que “en particular estamos investigando delitos de cohecho, peculados, pagos irregulares de contratos administrativos, tráfico de influencias, malversación de fondos,asociación ilícita y estafas y falsedad,ideológica; todo dentro de la perspectiva y panorama relacionado con la construcción de obra pública y mantenimiento y construcción de red vial”.
Detalló que 14 de los allanamientos se realizan en instituciones públicas, que además de las ya mencionadas incluye al Consejo de Transporte Públicop (CTP), “pero también vamos a llenar empresas privadas que están vinculadas y relacionadas directamente con los ilícitos” y que “fueron favorecidas e intervinieron en la ejecución de acciones que tienen condición y carácter criminal”.
El operativo alcsanza a 21 casas de habitación de personas que “se aprovecharon” de su trabajo para “obtener sobornos para favorecer empresas privadas para elevar los costos y los montos de la obra pública”. Así como, enel caso de quienes trabajaban para las empresas, “favorecer la posibilidad de obtener situaciones de ventaja comercial en el ámbito de su actividad comercial y nos referimos nuevamente al mantenimiento y construcción de obra pública”.
Espinoza añadió que la investigación se originó en 2018 cuanbdo se presentaron denuncias respecto a que “un grupo de personas de funcionarios públicos que estaban ubicados o que efectuaban actividades laborales particularmente en Conavi, que estaban irregularmente favoreciendo a algunas empresas y que la favorecían para obtener beneficios en el ámbito de la construcción mantenimiento y desarrollo de carreteras”.
Aunque no mencionó de cuáles empresas se trata, informó que las denuncias apuntaron a empresas que “prácticamente tenían el monopolio de las adjudicaciones o eran las que ganaban las licitaciones”, precisamente porque “contaban con un apoyo de funcionarios que les daban beneficios irregulares”.
Espinoza puntualizó entonces que lo que se investiga es “un esquema de sobornos, un esquema deregalías o de pagos indebidos dirigidos a funcionarios públicos”.
Así, el funcionario de refirió a una “malversación de fondos dirigida a alimentar de manera irregular proyectos relacionados con adjudicaciones de obra pública, tomando dinero de otros proyectos o de otras partidas y que tenían una previsión y un destino diferente y establecido y que además el uso irregular de ese dinero lo que pretendía era dotar a los proyectos de determinadas compañías o empresas del recurso económico que les permitiera continuar el desarrollo de su actividad comercial”.
Así, la investigacióndel OIJ y el MP halló “un sistema de intermediación entre las empresas privadas y los funcionarios públicos”, el cual “permitía la entrega de los sobornos o de las regalías, el ulterior lavado y ocultamiento de esos movimientos y el pago de sobornos de toda naturaleza”, como vehículos, terrenos, dinero en efectivo, trabajos, favores de orden personal y “todo lo que ustedes puedan imaginarse”, dijo Espinoza.
La aparente malversación de fondos investigada generó “un enorme déficit de carácter presupuestario”, que para más claridad espinoza describió como “un hoyo o un hueco” presupuestario que entre 2018, 2019 y los primeros trimestres de 2020 generaron “un desbalance de aproximadamente 78 mil millones de colones”.
El Director del OIJ aseveró entonces que este caso es “uno de los más impactantes que hemos abordado” desde la perspectiva de la corrupción pública. Dijo que deltotal de 33 detenciones, 13 serán personas que trabajan en empresas privadas o son sus dueños y que “se beneficiaron de este esquema de trabajo irregular ilícito”.
Dijo que al final de la investigación pueden ser 72 las personas imputadas.
El MP por su parte informó que es la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) la que lleva el caso y confirmó el tipo de delitos detallados por Espinoza que se persiguen. Además, confirmó que se allanó una oficina dentro de Casa Presidencial, “usada por asesores presidenciales; no es ocupada por ministros o miembros de los Supremos Poderes”.
Se detalló que la prueba que se procura obtener consiste en documentación, equipo electrónico y otros indicios relevantes para el proceso que se tramita, conforme lo dicta la ley en este tipo de diligencias y con la presencia de un Juez Penal de Garantías en cada lugar. “Las personas imputadas se encuentran a la orden de la Fapta en calidad de detenidas y en el transcurso del día se les tomará la declaración indagatoria; tras el análisis de la situación particular de cada una de estas, la Fiscalía valorará la solicitud de medidas cautelares, mientras avanza la investigación”.
Esta noticia está en desarrollo y posteriormente se informará cuando el MP divulgue más detalles, por ejemplo, de cuáles son las empresas implicadas.
