La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), considera que la ayuda del bono Proteger para las personas cuyos ingresos laborales cesaron o disminuyeron a raíz de la crisis causada por la pandemia de Covid-19 “si bien es cara, debe extenderse el tiempo que sea necesario”.
Así lo afirmó Álvaro Pereira, representante de la OCDE, durante la conferencia de prensa virtual realizada esta mañana para comentar los resultados del “Estudio Económico sobre Costa Rica 2020”, el primer informe sobre nuestro país realizado por esa organización luego de que adquirió la condición de país miembro de esa entidad.
En la conferencia, además de Pereira, respondieron las preguntas de la prensa la coordinadora del Equipo Económico y ministra de Planificación, Pilar Garrido, el ministerio de Hacienda, Elián Villegas, el presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero y la ministra de Comercio Exterior, Dyalá Jiménez.
Pereira agregó que, a medida que se supere la crisis sanitaria y económica, mantener las ayudas como el Bono Proteger “se irán transformando y moderando de acuerdo con las necesidades, pero son algo natural e importante”.
El bono Proteger fue la figura creada al iniciarse la pandemia en Costa Rica para atender a cientos de miles de hogares afectadas en sus ingresos. Lo han solicitado 965.000 personas y se le ha otorgado a 533.000 de ellos, mientras el Gobierno declara que carece de fondos para ampliar la cobertura y la duración.
Consultado por UNIVERSIDAD, acerca de las acciones que está tomando el Ministerio de Hacienda para reducir la evasión fiscal, Villegas respondió que “la herramienta idónea es el proyecto de Hacienda Digital que está en la Asamblea Legislativa y que buscarán agilizar su trámite.
“Esa la principal herramienta contra la evasión –dijo-. Este proyecto busca cambiar los sistemas, modernizarlos para darle un seguimiento mucho más acucioso a los contribuyentes, al ingreso de mercancías, a los pagos que se realizan, porque los sistemas actuales no tienen todas las funcionalidades”, explicó y agregó que para financiar el nuevo sistema se ha solicitado a la Asamblea Legislativa aprobar un préstamo por $150 millones con el Banco Mundial.
Villegas añadió que otra herramienta que han implementado para combatir la evasión de impuestos “es la factura digital, que nos provee de información importante para la recaudación de algunos impuestos”.
UNIVERSIDAD también preguntó si el Gobierno está considerando proponer alguna iniciativa para que las empresas comerciales que se están beneficiando con mayores ingresos (como las dedicadas a la venta de alimentos, medicamentos y productos de limpieza, según el último reporte del IMAE, del BCCR), contribuyan con un aporte especial para financiar los gastos en que incurre el Estado para hacer frente a la pandemia. Villegas respondió que tales empresas “aportarán más por el régimen común de renta, a menos que la Asamblea Legislativa presente alguna propuesta”.
“Pero hoy tendrán que hacerlo por el régimen del Impuesto de Renta, porque es el régimen que tenemos actualmente en el país”, agregó.
En cuanto a la recomendación de la OCDE de aumentar la recaudación de impuestos sin aumentar sus tasas, sino a partir de ampliar la base tributaria (por ejemplo, eliminando las exoneraciones que hoy están vigentes) Villegas respondió que “es necesario tomar en cuenta el momento político, la situación en la Asamblea Legislativa, la situación país y decidir, primero, si se desea avanzar sobre nuevos impuestos y, en ese caso, sobre cuáles”.
Sin embargo, resaltó que “no es una agenda a la que nos podamos lanzar de forma precipitada, por la pandemia y por la situación política y económica. El tema de nuevos impuestos es uno en que hay que tener un particular cuidado en este momento histórico concreto”.
Esta posición del Ministro de Hacienda, fue a su vez respaldada por el representante de la OCDE.
Villegas también recordó que existe un proyecto en la Asamblea Legislativa para eliminar un poco más de 200 exoneraciones, el cual es un texto sustitutivo, y agregó que el Gobierno quiere retomar proyecto original, pues “simplifica el sistema tributario y es más justo”.
Sobre las necesidades de financiamiento del país, Villegas dijo que en el presupuesto extraordinario presentado a la Asamblea Legislativa “solicitamos para nueva deuda apenas ¢664 mil millones colones.” A pesar de la nueva cifra de la Contraloría General de la República sobre la caída de los ingresos fiscales, “si el decrecimiento del Producto Interno Bruto no es tan grande, podríamos trabajar con los préstamos solicitados”, agregó.
Consultado sobre si el proceso de reforma del Estado considera cerrar órganos desconcentrados, el ministro respondió que esto se encuentra en estudio por el Consejo Económico, pero “más que reducir Estado, es hacerlo más eficiente”.
Por su parte, el presidente del BCCR, Rodrigo Cubero, adelantó que la revisión del Programa Macroeconómico que se dará a conocer a fin de mes, “es muy posible que BCCR deba hacer revisión a la baja, de más del 6,3 puntos del PIB, de la estimación de crecimiento económico de este año, tomando en cuenta las revisiones a la baja que los organismos económicos internacionales han debido hacer sobre el crecimiento económico mundial y por el hecho de que Costa Rica enfrenta una segunda ola de la pandemia que ha obligado a reforzar el confinamiento.
UNIVERSIDAD consultó a la ministra Garrido sobre otra de las recomendaciones del estudio de la OCDE sobre Costa Rica, de disminuir la contribución de las empresas al financiamiento de la seguridad social.
La ministra respondió que existe una mesa de trabajo en la que participan Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y varios ministerios “para generar de manera conjunta mayores posibilidades para la formalización, lo cual pasa por cambiar hacia nuevas modalidades de aseguramiento, como hacer una valoración nueva por horas laboradas, sin poner en riesgo a la Caja”.
Añadió que las medidas en estudio buscan alcanzar dos objetivos, que son “impulsar la formalidad y dar un mayor oxígeno al financiamiento de la CCSS”. Puso como ejemplo que buscar diseñar “una nueva base imponible que no sea sobre planillas, sino de otro tipo, en consenso con la CCSS”.
Finalmente, tanto las autoridades costarricenses como la representación de la OCDE coincidieron en que el pago de ¢1.500 millones anuales que Costa Rica debe hacer al integrarse a la OCDE, en tiempos de pandemia, “se compensa varias veces” con las recomendaciones de políticas que hace la organización, pues buscan la inclusión social, la disminución de la desigualdad y la justicia social.
“Sí debe pagar tanto por su ingreso en tiempos de necesidades de pandemia, porque la OCDE ha ayudado a hacer reformas para crear empleo, reducir desigualdades y realizar justicia social. También en términos fiscales, la entrada de Costa Rica a la OCDE también ayuda a venderse como un país moderno y reformista ante las calificadoras de riesgo, para obtener financiamiento”, dijo Pereira.
Por su parte, Cubero opinó que “la OCDE nos ayuda claramente a reorientar políticas para la inclusión, la reducción de la desigualdad y la pobreza. La cuota de la OCDE se paga muchísimas veces en estos beneficios”.
