Se estima que para el 2022 Costa Rica alcanzó los 5 millones de habitantes y la proyección era que esa cantidad de personas crece en un 1,4% anual desde el 2011, con el enorme reto de una decreciente tasa de natalidad y el aumento de los indicadores de envejecimiento, una amplia proporción de adultos mayores enfrentan situaciones adversas para poder sostenerse económicamente.
Pedro Rodríguez (nombre ficticio para guardar la confidencialidad) relató que, desde hace seis años, está jubilado. Toda su vida aportó al sistema de pensiones, lo que le permitió tener una pensión; sin embargo, en los últimos cuatro años, se le ha hecho difícil cubrir todas sus necesidades y tuvo que ofrecer servicios profesionales para redondear su ingreso mensual.
Pese a las dificultades que ha enfrentado, la situación de Pedro es mejor que la del 56% de la población adulta mayor que no cuenta con una Pensión Básica Contributiva, de acuerdo con cifras del 2023, lo que significa un total de 306.551 personas que están en riesgo de tener una vejez en situación de pobreza o pobreza extrema.
La Pensión Básica Contributiva se constituye del aporte tripartito del patrón, empleado y el Estado, de acuerdo con un porcentaje de su salario y que forma un fondo de capitalización colectiva. Estos aportes son gestionados por diversos regímenes.
Este es uno de los principales resultados del IV informe Pensiones en Costa Rica: Régimen Contributivo Básico, desarrollado por el Observatorio del Envejecimiento de la Universidad de Costa Rica (UCR), que muestra cómo la población de 65 años o más ha crecido con fuerza, pasando del 3,2% en el año 1960 al 10,1% en el 2022 y con la proyección de que al 2040 este grupo poblacional supere el millón de personas.
El informe fue presentado en el marco del Foro de Pensiones “Aportes técnicos para la discusión sobre el Sistema Nacional de Pensiones en Costa Rica, su sostenibilidad, suficiencia y cobertura con un enfoque de inclusión y bienestar social” realizado por la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema).
Según Carlos Murillo, director del Observatorio, este nuevo informe analizó la realidad y desafíos de la pensión básica contributiva, con referencias al sistema no contributivo y otros componentes de la pensión, incluyendo los diversos regímenes como el de Invalidez Vejez y Muerte (IVM), administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); el régimen de Capitalización Colectiva del Magisterio Nacional, el régimen de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial y regímenes con cargo al presupuesto nacional (que ya fueron cerrados).
Datos muy reveladores y preocupantes
“Muchas de esas personas que no reciben pensión contributiva básica, que es en la que aportan las personas durante su vida laboral, reciben una pensión mínima por parte del Estado, pero no la disfrutan ellos, sino que la entregan a sus hijos o familiares. Solamente el 44% de la población adulta mayor recibe pensión contributiva, pero en una gran proporción son montos bajos que no les permite cubrir todas sus necesidades”, explicó Murillo.
El estudio demostró que el régimen no contributivo, es decir, las pensiones que brinda el Estado gracias a los aportes solidarios a quienes no tienen acceso a una jubilación y viven en situación de pobreza, está conformado por unas 91.023 personas, pero el monto mensual es cercano a los ₡82.000 ($180), una cifra totalmente insuficiente para el alto costo de vida que existe en Costa Rica.
Aún así, hay alrededor de 30.000 personas que están esperando que les aprueben esta pensión y la Hacienda Pública ha confirmado que no hay recursos para financiar dichos apoyos.
Peor aún, hay una brecha de unas 215.000 personas que no están cubiertas por ningún régimen de pensiones, eso representa un 39% del total de adultos mayores y, con la realidad que experimenta la economía costarricense, estos números pueden agravarse, pues la población económica activa (PEA) está experimentando cambios sustantivos en cuanto a la informalidad laboral.
El experto señaló que, actualmente, el 81% de esta población es cotizante y tiene acceso a futuro a pensiones contributivas, pero hay un 19% que no aporta, dejándolo en una condición de extrema vulnerabilidad.
Entonces, para 2023, más de 425.000 personas de la PEA (el 19% mencionado) no cotizaban para ningún régimen obligatorio de pensiones, incluyendo en este grupo a trabajadores informales, independientes y sectores no cubiertos por la seguridad social.
Mientras que muchos no reportan lo que realmente reciben, aunque tengan un trabajo en la formalidad, por ejemplo, los trabajadores del agro o la construcción, a quienes les reportan menos de lo que en realidad reciben.
“Por otra parte, las cifras muestran que para el año pasado el empleo informal estaba en un 37,3% del total de la población ocupada, es decir, casi 800.000 personas que no cotizan para la seguridad social y que tampoco reciben un servicio de salud durante su vida económicamente activa”, añadió.
Quienes se ubican en la población laboral independiente muchas veces prefieren recuperar todo el dinero que sea posible para el diario vivir y no cotizan para la pensión, lo que los convierte en informales.
Exclusión y explotación
De acuerdo con el Observatorio, han podido detectar experiencias preocupantes de cómo las personas adultas mayores que cuentan con sus pensiones son excluidas, incluso del ámbito familiar.
Tal es el caso de personas que durante su edad productiva, cercana a los 50 años, vivían en sus casas y habían construido un pequeño apartamento para los hijos y, ahora, luego de pensionarse, se ha revertido la situación y los han relegado lejos de la familia y les quitan el dinero.
Esto lleva a plantearse no solo las políticas públicas necesarias para financiar la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones, sino, también, la educación para la inclusión y respeto de los adultos mayores.
“Lo que nos muestra este cuarto informe es una dura realidad de adónde vamos como país y hacia dónde urge cambiar el rumbo, le corresponde al Gobierno y la sociedad tomar decisiones en términos del sistema de pensiones y hay todavía tareas pendientes”, dijo Murillo.
Hay que avanzar en políticas públicas, no solo tendientes a la parte de envejecimiento de la población, sino a reformas de todo el sistema de pensiones y el impulso de programas de bienestar social, pues actualmente la vulnerabilidad económica en la vejez, la falta de cobertura, la alta dependencia del apoyo familiar y la insuficiencia de ingresos tiene en la pobreza a muchas personas.
Es urgente, concluyó el informe, fortalecer el sistema de pensiones, garantizar una mayor cobertura a largo plazo en todos los pilares, como Pensión Básica Contributiva, Pensiones Complementarias Obligatorias y Voluntarias, así como establecer incentivos para la formalización del empleo y la expansión de programas no contributivos para los sectores más vulnerables, sin poner como prioridad metas tributarias o económicas.
“En Costa Rica debemos trabajar de manera integral para fortalecer al Sistema Nacional de Pensiones, ello implica una amplia participación de los sectores en la construcción de un nuevo Pacto Social. La comunicación en este tema debe ser transparente y franca, es importante que las personas sepan que llegada la jubilación sí contarán con una pensión, pero que se requiere de esfuerzos en varias áreas para mejorar la cobertura, la solvencia y sostenibilidad financiera de los regímenes”, dijo Carlos Arias, director ejecutivo de Jupema.
Ley de Pensión Universal
La Asamblea Legislativa tiene en su corriente el proyecto de Ley de Pensión Universal, que fue presentada en abril del 2023 y que establece el otorgamiento de una pensión a todos los habitantes del país que alcancen la edad de retiro establecida por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), y que demuestren 40 años de residencia en el país, claro sin que reciban cualquier otro beneficio.
Durante el Foro de Pensiones Aportes técnicos para la discusión sobre el Sistema Nacional de Pensiones en Costa Rica, su sostenibilidad, suficiencia y cobertura con un enfoque de inclusión y bienestar social de Jupema, este fue uno de los temas de análisis.
Expertos de la CCSS y de Jupema manifestaron que existía falta de claridad en el financiamiento del nuevo fondo, y cuestionaron que su puesta en marcha pudiera ocasionar daño a otros regímenes, pues les resta el aporte estatal para trasladarlo a la Pensión Universal, lesionando equilibrios financieros.
Además, indicaron que no definía claramente los derechos sucesorios, y deja el derecho al aguinaldo sujeto a las condiciones fiscales o económicas del país.
Pero, de aprobarse esta ley, lo primero sería consolidar el fondo, lo que implica que apenas y se comenzarían a otorgar las primeras pensiones en un período de 30 años, lo que deja incertidumbre para las miles de personas que hoy no tienen pensión, más aquellos que llegan al retiro antes de ese plazo.
“Estamos de acuerdo en hablar de la universalización, pero bajo parámetros que no lesionen los otros regímenes. Es urgente que se considere fortalecer al IVM de la CCSS y que el centro y objetivo final de toda acción es el bienestar de las personas, no ahorrarle recursos al fisco”, aclaró Carlos Arias, director ejecutivo de Jupema.
¿Cómo abordar los retos del envejecimiento en el sistema de pensiones?
Actualmente, la esperanza de vida de una persona a los 60 años es de 23,8 años más para el hombre y 26,6 años para las mujeres, pero esa proyección se incrementará conforme pasen los años y es probable que en el año 2050 esa expectativa de vivir suba a 26 y 29,4 años, según reveló el más reciente informe Pensiones en Costa Rica: Régimen Contributivo Básico, desarrollado por el Observatorio del Envejecimiento de la Universidad de Costa Rica (UCR).
Frente a esta realidad, es urgente plantearse una serie de estrategias que permitan al país atender las necesidades de la población adulta mayor y darle sostenibilidad a todo el sistema de pensiones. Para ello, el estudio de la UCR propone una serie de acciones, entre ellas:
Reformas Estructurales
Ajustar las edades de jubilación, revisar las tasas de cotización y beneficios, y establecer mecanismos de ajuste automático para las pensiones.
Educación Financiera
Implementar programas de educación financiera para fomentar una cultura de ahorro para la jubilación y desarrollar herramientas que faciliten el ahorro.
Diversificación de Ingresos
Explorar nuevas fuentes de financiamiento y promover planes de pensiones complementarias a nivel empresarial e individual.
Mejora en la Gestión
Fortalecer la administración, transparencia y supervisión de los fondos de pensiones para asegurar una gestión eficiente y prevenir fraudes.
Fuente: Observatorio del Envejecimiento de la Universidad de Costa Rica (UCR).
