“El país ha destinado un tiempo desproporcionadamente largo en la discusión de un proyecto de ley que no va a contribuir a la reactivación económica, que no va a producir resultados fiscales en el corto plazo (es una reforma compleja que tendrá una implementación igualmente compleja) y cuyo impacto ha estado sujeto a cuestionamientos sobre la certeza de los números y supuestos utilizados”, asegura un comunicado de prensa del Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional (OES-UNA).
En este documento, el centro de investigación de la UNA propone ocho medidas para la reactivación económica del país: cuatro temporales y a corto plazo; cuatro de reformas a futuro. Los investigadores habían presentado un documento anterior en agosto del 2020,
“Mientras la Asamblea Legislativa ha utilizado su tiempo casi en forma mayoritaria en la discusión del Proyecto de Ley Marco de Empleo Público, el país no ha discutido ni aprobado ninguna medida en el sentido de lo aquí planteado, o alguna propuesta similar. El país necesita rectificar esto y plantear medidas para impulsar el crecimiento, el proceso de reactivación como salida de la crisis requiere políticas dirigidas a ese fin”, asegura el comunicado.
Los investigadores advierten que se necesitan “medidas para evitar un colapso sanitario en el corto plazo” que mantengan “apego estricto a protocolos sanitarios y la difusión de información clara entre la población”.
“No habrá una recuperación económica plena, entendida esta como el crecimiento de la economía del país en forma que pueda reducirse el desempleo, la pobreza y la desigualdad, si no salimos de la crisis sanitaria producida por la pandemia del COVID 19”, dice el documento.
Impuestos mayores, a corto plazo
Los investigadores piden que se busquen recursos para el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) que se alimenta con las planillas laborales y se vio reducido por las reducciones de jornadas, así como las supensiones de contratos laborales. Pide también dinero para el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y para dedicar “recursos al salvataje de pequeñas y medianas empresas”.
Las medidas de corto plazo mencionan “un aporte adicional, temporal, en el impuesto sobre la renta que pagan las personas asalariadas, que sea creciente y que arranque con un porcentaje más bajo sobre los salarios menores, aplicando un porcentaje mayor sobre los salarios más altos”.
Propone también “incrementar también el impuesto a las rentas de capital (…) sobre todo a las rentas recibidas por el pago de intereses y dividendos”.
Asimismo un “tramo adicional de 30% en el impuesto sobre la renta de las personas físicas con actividad lucrativa, por encima de ₡30 millones de renta neta anual”.
Por último, solicita “un aporte temporal tributario adicional a las empresas gananciosas (o en efecto, que no se han visto perjudicadas) en esta crisis, así como a las empresas de zonas francas y a las grandes empresas del sector cooperativo, con base en las ganancias reportadas del año fiscal 2020”.
Reforma de renta y transformación verde
El OES-UNA dice que, a mediano y largo plazo, el país debe pensar “en formas para gravar las mayores expresiones de riqueza, en línea con lo planteado por el propio Fondo Monetario Internacional y las Naciones Unidas (por medio de distintos órganos)”.
Los investigadores solicitan “Una reforma total del impuesto sobre la renta, que incorpore aspectos propuestos en los últimos años, particularmente en las administraciones Chinchilla Miranda y Solís Rivera, en cuanto a la reforma de este impuesto, al tiempo que se incorporan la mayor cantidad de propuestas hechas al amparo de la Estrategia BEPS de OCDE”.
Sobre los cambios al impuesto de renta, se menciona que, actualmente, el impuesto a las utilidades tiene un incumplimiento del “70%” en las personas jurídicas. Los investigadores piden renta mundial y renta global para integrar “los ingresos personales por actividades lucrativas y las rentas de capital, buscando la mayor progresividad posible”.
Piden que se emita una “ley para gravar la riqueza”.
“Se puede pensar en un impuesto a las transacciones financieras, que elimine del gravamen los movimientos de algunas fuentes y que pueda generar recursos en el corto plazo”, afirman el centro de la UNA.
Los investigadores piden “Empezar la discusión de una reforma fiscal verde, que grave las actividades generadoras de gases de efecto invernadero, los productos plásticos de un solo uso, los insumos productivos que impactan negativamente la salud y el medio ambiente, que grave bienes y actividades de alto consumo de energía”. En esta misma línea, pide “incentivos para la transición verde de la economía nacional”.
Se solicita, asimismo, dar seguimiento “a la discusión que se está dando en el mundo sobre el impuesto mínimo global”.
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