Los nuevos inquilinos de la Asamblea Legislativa aprobaron por tercera vez —primera en esta segunda legislatura— el expediente 19.117, una reforma constitucional que permitiría la destitución de diputados por faltar a su deber de probidad durante el desempeño de sus funciones.
El proyecto requiere cinco votaciones, de las que ahora restan dos más; sin embargo, esta tiene un significado especial por ser la primera del segundo periodo, como requieren este tipo de procedimientos. La votación fue unánime con la presencia de 54 diputados.
Se aprobó de forma unánime. Faltan sólo dos debates por ser una reforma constitucional. pic.twitter.com/VX2VrO3Nda
— Josué Alfaro (@josuealfaro_cr) May 11, 2018
La aprobación fue acordada por jefes y subjefes de fracción desde la mañana en su habitual reunión de todos los jueves, y buscó plantearse como “una señal de transparencia”, de acuerdo con la presidenta legislativa, la oficialista Carolina Hidalgo.
“Es un proyecto de muchísima importancia porque tiene que ver con la transparencia en el ejercicio de los diputados. Queremos empezar con esa señal, diciendo que ese es un tema relevante para nosotros”, puntualizó.
En esa misma línea, el jefe del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Erwen Masís, agregó que “es un mensaje positivo a la ciudadanía para indicar que estamos dispuestos a rendir y actuar sin ocultar nada”; mientras que el frenteamplista José María Villalta destacó la medida como un paso para corregir un “privilegio inaceptable” de no poder ser sancionados como cualquier otro funcionario público.
Las observaciones de ambos diputados fueron compartidas por el liberacionista Wagner Jiménez, quien recordó los llamados de la Procuraduría General de la República sobre la necesidad de atender esta materia. Además, su compañeros y compañeras de bancada celebraron la oportunidad de iniciar labores con el proyecto descrito, que su partido ya había votado afirmativamente en la legislatura pasado como recordó Carlos Ricardo Benavides.
También apoyó la iniciativa Restauración Nacional, cuyos legisladores recordaron que se presentaron como un partido de “manos limpias” y que eso debía reflejarse con la votación. “Es una oportunidad de levantar el perfil del legislador y decir que los políticos no somos corruptos”, señaló Ivonne Acuña. También apoyaron la iniciativa el Republicano Social Cristiano e Integración Nacional.
Por su parte, el independiente, elegido por Integración Nacional (PIN), Erick Rodríguez —único que se expresó problemas con la iniciativa— externó su preocupación por quizás estarse “disparando a sus propios pies”, como se refirió al la posibilidad de que palabras “polisémicas y vagas” pudieran servir en el futuro para auspiciar “cacerías de brujas”.
La reforma fue presentada desde mayo de 2014 por el entonces diputado Ottón Solís Fallas, quien reclamó por la lentitud con que se atendió el proyecto en el periodo legislativo pasado. El texto recibió primer debate apenas a mediados de enero y segundo debate hasta abril, algo que el oficialista —hoy directivo del país ante el BCIE— achacó a “trucos y con hipocresías enormes” para que no avanzara.
Específicamente, la iniciativa añade un párrafo al artículo 112 de la Constitución Política, en el que se indica que “la violación de ese deber producirá la pérdida de la credencial de diputado”. Además, abre la puerta para que se cree una ley que especifique “los casos y los procedimientos” para su aplicación.
De aprobarse el proyecto, se cerrará el vacío legal que impide sancionar a los legisladores por faltar al deber de probidad en la función pública, cuyas obligaciones se establecen en el Estatuto de Servicio Civil (Ley 1.581). El segundo debate se pactó para este 14 de mayo.
