Un nuevo Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental, propuesto por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), apuntaría a una mayor laxitud en los umbrales o límites que eximen a los proyectos constructivos de presentar el estudio de impacto ambiental (EsIA).
Según explicó el geólogo Allan Astorga, actualmente los proyectos constructivos de hasta 300 metros cuadrados (m²) no requieren aprobación de parte de Setena, pero la propuesta de nuevo reglamento aumentaría ese umbral hasta 1.500 m².
Con esto, se eximiría de trámite aún a los proyectos de hasta 1.000 m², los cuales en la actualidad deben presentar una declaración jurada, e, incluso, a aquellos proyectos que superen ese tamaño y que, de acuerdo con la normativa vigente, deben contar con estudios técnicos de diversos tipos y en algunos casos cumplir con el EsIA.
La nueva propuesta no solo relaja los criterios en términos del tamaño mínimo de las obras para presentar los estudios, sino que también establece un criterio de EsIA Básico –para proyectos entre los 9.000 y 120.000 m²– y EsIA Completo, para las iniciativas inmobiliarias que superen ese límite.
La definición del EsIA Básico y del Completo queda pendiente de ser establecida cuando se emita un nuevo Manual de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental (Mecsa).
El nuevo reglamento ya superó una etapa de consulta pública y para que se materialice solo se requiere la publicación de un decreto ejecutivo.
Hace un año UNIVERSIDAD abordó el tema, cuando lo que se tenía era el punto de partida de la propuesta, un “Informe Consultoría para la definición de umbrales ambientales para el sector construcción”, firmado por la hidrogeóloga Sandra Arredondo.
Astorga, quien fungió como secretario general de la Setena en los años 90, criticó duramente la propuesta, pues en su opinión “está terrible; está retrocediendo el proceso de evaluación de impacto ambiental a como estaba antes del 2002”.
Añadió que “no se pueden establecer umbrales, es decir, parámetros mínimos para que entren los proyectos a Setena” pues, según dijo, así lo estableció la Sala Constitucional. Calificó la propuesta también como “un refrito”, ya que “se empezó a trabajar desde le época de Jorge Woodbridge, cuando era ministro de Competitividad en la administración de Arias”.
Así, manifestó que “lo sorprendente es que vengan en el gobierno de Acción Ciudadana (PAC) a aprobar un reglamento que es totalmente contra el ambiente y a favor de los desarrollistas”.
Otra disposición polémica del reglamento propuesto es el de los umbrales establecidos para la construcción de edificios. Se establece que los edificios de diez a 50 “unidades” solo deben registrarse ante la Setena; los de 20 a 250 requerirían de EsIA Básico y los de más de 250 “unidades”, de EsIA Completo.
El documento no detalla qué exactamente son esas “unidades”. Marco Arroyo, secretario general de Setena, explicó que se trata del “espacio físico habitable por familia”.
El geólogo hizo un análisis del trabajo de la Setena y aseveró que el tema de construcción, sea de urbanizaciones, edificios o condominios, ocupa alrededor del 70% de las actividades de la institución.
Especificó que en el 2017 la Secretaría recibió unos 2.700 expedientes, de los cuales 1.183 fueron proyectos considerados medianos y grandes, los cuales presentan el formulario D1, que implica estudios técnicos de geología, ingeniería, arqueología y demás, y, según un puntaje que reciben, deben aportar el EsIA. Añadió que los proyectos pequeños sumaron 1.430.
“Setena, de unos tres mil expedientes que recibe al año en este momento, recibiría menos de mil. El pretexto es que no tiene capacidad, pero este país tiene una condición muy seria de fragilidad ambiental”, expresó al apuntar hacia todas las zonas que presentan riesgos de deslizamiento, inundación o se encuentran dentro o asociadas a áreas protegidas, como humedales.
“LOS UMBRALES SON CONSERVADORES”
Desde la Setena, Arroyo destacó, en primer lugar, que la reforma al reglamento es una prioridad establecida tras un amplio proceso de diálogo entre diversas organizaciones, cámaras y autoridades gubernamentales que data del 2015.
Esto se debió a que la normativa que regula actualmente los procesos de evaluación ambiental se encuentra segmentada en unos 15 decretos, que “han dado pie a desconocimiento, contradicciones y errores conceptuales que dificultan su interpretación por parte de los funcionarios de la Setena y de los usuarios del servicio que brinda la institución”.
Otros argumentos tienen que ver con aspectos como el refuerzo del seguimiento a los proyectos una vez que inician las obras o acelerar los trámites de los proyectos de inversión pública.
Respecto a la definición los nuevos umbrales, Arroyo afirmó que “en realidad, no se trata de una mayor laxitud”, pues el aumento en el umbral establecido “obedece a un reconocimiento de que, en materia constructiva, los impactos más significativos tienen lugar en construcciones mayores”.
Además, llamó la atención a que en aquellos casos en los que el proceso implica un registro, “ello no significa la renuncia de la Setena a su control ambiental o que operen de forma no controlada, pues la institución fortalecerá el seguimiento y el control ambiental en procura de que cumplan con toda la normativa ambiental”.
En ese sentido, destacó que la propuesta determina que la Setena puede solicitar información en el ámbito de estabilidad de suelos e hidrogeológico, “dos de los aspectos de mayor sensibilidad ambiental”.
Arroyo también negó que el reglamento propuesto beneficie a las empresas desarrollistas. Tras insistir en que “no se está siendo más laxo, sino una mejor distribución de los instrumentos de evaluación”, defendió la noción de que la iniciativa permite que la institución ejerza “una mejor fiscalización de los proyectos”.
“Téngase en cuenta, además, que los umbrales son conservadores con lo que los desarrolladores pudieran pretender; por lo tanto, no se pretende beneficiar a ningún sector en particular”, añadió.
Tras apuntar que lo que se busca es “concentrar” la evaluación en los aspectos de mayor importancia y en el control en el terreno, para fortalecer las regencias y auditoría ambientales, Arroyo llamó la atención a que actualmente la institución ocupa “buena parte de su tiempo en la evaluación de proyectos cuya significancia ambiental es baja, lo cual limita ejercer un verdadero control ambiental y mejorar los tiempos de respuesta institucional”. Esto constituye una “crítica recurrente a la gestión de esta Secretaría”.
“Hoy tenemos la oportunidad de ofrecer al país una institución renovada en el cumplimiento de su mandato”, acotó.
