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Nuevo proyecto del BCR aplica “mordaza” para evitar hablar sobre su venta y repite vicios de constitucionalidad

El proyecto vuelve a caer en normas ya criticadas como contratar “a dedo” a una firma asesora para la venta, en un contexto en que uno de los principales financistas de Chaves encabeza justamente una empresa dedicada a esos temas.

El nuevo proyecto del gobierno para vender el Banco de Costa Rica mantiene los mismos vicios de constitucionalidad que se le criticaron a la anterior propuesta y propone aplicar a todo el personal del banco, ministerios y otros involucrados una prohibición de referirse al proceso de negociación.

La propuesta repite otros aspectos como que no se fija un precio base o un mecanismo de cálculo del mismo, todas las decisiones se concentran en el Ejecutivo y se excluyen las regulaciones vigentes en contratación pública.

Además, se deja a voluntad del Ministerio de Hacienda, y sin que medien las normas de contratación administrativa, la elección de empresas “asesoras” para el proceso de venta. Estos vacíos y roces fueron señalados por un grupo de abogados especialistas del BCR que emitieron un informe de observaciones al proyecto de ley (al que UNIVERSIDAD tuvo acceso) y también fueron destacados por especialistas en temas fiscales y económicos.

Ley mordaza

El texto propuesto por la administración Chaves establece que “durante todo el proceso de negociación, los miembros de la Comisión Ejecutiva de Calificación y Selección de Firmas Asesoras, los miembros en funciones de la Junta Directiva, personal gerencial y personal directivo del Banco de Costa Rica, así como todo funcionario ministerial o bancario, deberán mantener la confidencialidad de la información relacionada con el proceso de negociación”.

Los abogados del banco afirman que la norma propuesta “más parece una censura previa” que una regulación sobre conflictos de interés y gestión de información privilegiada.

“Lo que decía el presidente que valía el banco eran $1.800 millones. Eso no es ni en el corto plazo, ni por asombro, una solución al problema. Ese monto es apenas 4,1% en reducción de la deuda (pública), es decir, si acaso nos libera de la situación más gravosa”, Luis Carlos Olivares.

Cabe destacar que la Ley Reguladora del Mercado de Valores ya establece las formas en que la información privilegiada debe ser gestionada y sobre quienes se aplican esas condiciones, pero, según los abogados del banco, el proyecto pretende “acallar o amordazar a todas las personas trabajadoras del BCR independientemente de si participan o no del eventual procedimiento de venta, lo cual violenta el principio de libertad de expresión y atenta contra el principio de probidad”.

El economista y exministro de Hacienda Fernando Rodríguez dijo que el problema es que si el proceso se hace bien o no , nadie puede seguirlo “hasta que ya haya vendido el banco”.

“Entonces, ¿qué pasa si la sociedad costarricense nunca estuvo de acuerdo con el precio en que se vendía el banco? No hay una forma de oponerse en ese sentido”, ejemplificó.

Inconstitucionalidades y coincidencias

Los abogados del banco recordaron que la institución está tipificada como autónoma a nivel de la Constitución Política (art.189) y la eliminación de una entidad de ese tipo solo puede hacerse vía reforma constitucional, que requiere mayoría calificada en la Asamblea Legislativa.

Así, aunque lo que el proyecto pretende es “convertir” el banco en sociedad anónima, eso disolvería la institución autónoma, por lo que requiere una reforma a la Constitución Política. “La norma no admite interpretación en contrario”, indica el informe.

Luis Carlos Olivares, economista, docente de la UCR y asesor legislativo, dijo que el proyecto en ese sentido iría “en contra del espíritu del legislador que habría establecido una norma más difícil de abatir, con una mayoría más amplia, porque requiere dos tercios de la totalidad de los miembros para poder hacer un cambio”.

En caso de que esto se apruebe como una ley y no como una reforma a la Constitución Política, se estaría vulnerando la constitucionalidad y eso, en su criterio, es difícilmente subsanable.

Además, indicó que si bien el proyecto pretende establecer “algún principio de contratación administrativa corolario de la normativa constitucional”, lo planteado no tiene relación con lo establecido en la Ley de Contratación Administrativa, “como si quisiese hacer una especie de mecanismo especial y eso se saltaría a los principios de la ley de contratación administrativa, como suelen estar haciendo con la mayoría de cosas en este momento, en este Gobierno”.

Por ejemplo, al plan pasado se le había señalado por permitir a la administración Chaves  contratar “a dedo” a una firma asesora, lo que repite en el nuevo texto e incluso, se afianza.

En la propuesta se autoriza a Hacienda para contratar “una firma o firmas especializadas que apoyen en la negociación de venta del Banco de Costa Rica” y se establecen los principios “mínimos” para un “procedimiento especial” para contratar esas empresas, que incluso permite que Hacienda pueda “invitar directamente a potenciales oferentes identificados”.

Este aspecto, cabe destacar, había sido ampliamente criticado por la relación del presidente Rodrigo Chaves con el banquero Jack Loeb, quien fue financista de la campaña del mandatario y es fundador y vicepresidente de Privat Bank, que casualmente se especializa en asesorías en fusión y adquisición de entidades.

Cuestionable conveniencia

Fernando Rodríguez señaló que esta iniciativa no establece un precio base para la venta del banco o los criterios de aceptación o rechazo de ofertas, por lo que aun si todas las ofertas fueran menores al valor real de la entidad, terminaría aceptándose alguna. “Ese es un tema que para mí deja un enorme vacío”, dijo y agregó que eso pone en duda la conveniencia de la venta.

El economista también señaló que la venta del banco podría generar problemas de competencia en el sistema bancario que ya de por sí funciona de manera oligopólica. Nada garantiza, dijo, que el BCR no vaya a terminar “en manos de un grupo financiero particular que ya opera en el país y que puede terminar provocando más concentración de mercado”.

Olivares, por su parte, afirma que el BCR tiene importancia en los niveles de bancarización, pues Costa Rica es uno de los países más bancarizados de América Latina y “eso se debe a la banca del Estado”.

El banco es de las entidades financieras que más coloca crédito a mujeres y que más oficinas tiene en áreas rurales, explicó, lo que probablemente no se mantendría si pasa a manos privadas.

Olivares y Rodríguez concluyen que la venta del BCR no solucionaría la deuda pública, mientras que otras alternativas sí podrían solucionarlo. “Lo que decía el presidente que valía el banco eran $1.800 millones. Eso no es ni en el corto plazo, ni por asombro, una solución al problema. Ese monto es apenas 4,1% en reducción de la deuda, es decir, si acaso nos libera de la situación más gravosa”, dijo Olivares.

Rodríguez asegura que el Gobierno parece “olvidar, de repente, que la venta del banco y la amortización de la deuda sucedería solo una vez” y que de nada serviría si la deuda vuelve a subir.

“Esta no es la solución permanente al problema de la deuda. Ya entre 2017 y 2019 el país pudo reducir su nivel de endeudamiento en relación con el PIB y se liberaron recursos para otros programas, para infraestructura vial, para programas sociales, y eso pasó sin vender activos”.

Estando Costa Rica en el 10% de países con deuda más cara del mundo, dijo Rodríguez, deberíamos enfocarnos en abaratar esa deuda y en tener un buen nivel de crecimiento para lograr reducir el porcentaje del presupuesto nacional que se va en pago de la deuda, sin vender activos. “Hay mejores soluciones, mejores en términos de rendimiento y son más sostenibles a lo largo del tiempo”, concluyó.

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