La nueva propuesta de jornadas de 12 horas es, en el fondo, casi idéntica a la que fracasó el año pasado tras la consulta de constitucionalidad planteada por el Frente Amplio y el PLN ante la Sala IV, pero entre sus cambios está la reducción del pago de tiempo laborado en los días libres.
El proyecto anterior proponía que las empresas pudieran contratar personas de ciertas actividades en jornadas 12 horas por cuatro días —nocturno o diurno— con tres días de descanso establecidos no necesariamente consecutivos y a criterio del empleador, contrario a lo recomendado por la Organización Internacional del Trabajo por el grave impacto demostrado que tiene en la salud esta larga jornada.
“Es en esencia la misma propuesta, con los mismos vicios de inconstitucionalidad que tenía el proyecto anterior, con cambios de forma que solo reordenan artículos y de fondo, excluye a los servicios de salud y abarata el pago del tiempo extraordinario o horas extras que se trabaja en los días libres”, Esteban Calvo.
Además, establecía la posibilidad de que el o la trabajadora labore en uno de sus días libres por un pago doble, sin embargo, en la nueva propuesta se cambia el pago del trabajo durante el día libre a tiempo y medio, es decir, se pagaría como unas horas extras, pero ordinarias.
“Es en esencia la misma propuesta, con los mismos vicios de inconstitucionalidad que tenía el proyecto anterior, con cambios de forma que solo reordenan artículos y de fondo, excluye a los servicios de salud y abarata el pago del tiempo extraordinario o horas extras que se trabaja en los días libres”, señaló el abogado laboralista Esteban Calvo.
El especialista indicó que la propuesta también realiza un “ajuste insignificante” en el pago adicional por asumir este tipo de jornadas, el cual considera no compensa el valor de las horas extra que originalmente recibiría la persona trabajadora al laborar la misma cantidad de horas.
En el proyecto anterior se le reconocía a la persona trabajadora que asumiera esta jornada en el horario diurno un reconocimiento del 16,67% sobre el salario mínimo, mientras que para el nocturno era de 25%. La diputada oficialista Pilar Cisneros, defensora de esta iniciativa, siempre promocionó este tipo de beneficio como el sustituto de lo que es el pago recibido por horas extraordinarias.
Sin embargo, esta disposición fue ampliamente cuestionada por el legislador Jonathan Acuña, que señaló que al ser la base el salario mínimo y no el real —como sí lo hace el pago de horas extras según la ley— significaría que las personas que ganen más que el mínimo no percibirían dicho reconocimiento en su remuneración.
La nueva propuesta mantiene el beneficio sobre el salario mínimo, a pesar de las críticas, pero lo aumenta a 17% en jornada diurna (0,33% más del anterior) y a 25,5% (0,50% más) en nocturna.
Antes de ser tumbada por la Sala IV por errores de procedimiento, la propuesta de jornadas de 12 horas —prioritarias para el Gobierno— fueron aprobadas en primer debate con 32 votos, después de que la fracción oficialista lograra el apoyo de la Unidad Social Cristiana (PUSC), el Partido Liberal Progresista (PLP) y Nueva República; además de cuatro figuras de Liberación Nacional (PLN): Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa; Carolina Delgado; Geison Valverde y Paulina Ramírez.
“El Gobierno y la fracción oficialista quieren meter a la Asamblea Legislativa a una discusión que a la postre va a terminar con los mismos resultados del proyecto anterior”, comentó Calvo.
El proyecto de jornadas de 12 horas fue ampliamente criticado por diversos sectores sociales, como organizaciones de mujeres, quienes al ser consultadas de forma unánime lo rechazaron al considerar que a falta de cupos en la Red de Cuido las mujeres serían discriminadas del trabajo y por lo tanto agravaría su ya desventajosa situación de desempleo y subempleo. También fue rechazado por sindicatos y por la Iglesia católica.
Inconstitucionalidad
Aunque en el nuevo texto se eliminan los servicios de salud como una de las actividades a las que se aplicaría la ley, se mantiene manufactura tecnificada, la industria de implementos médicos, así como servicios de apoyo y corporativas.
Estas últimas dos categorías fueron cuestionadas durante la discusión de la propuesta en la Asamblea Legislativa a la luz de lo que establece el artículo 58 de la Constitución Política que estableció la histórica jornada de ocho horas diurnas y seis nocturnas con “casos de excepción muy calificados, que determine la ley”.
“Las actividades estipuladas son supuestos muy amplios que no pueden calificar como excepciones muy calificadas. Servicios de apoyo puede ser cualquier cosa y lo mismo servicios corporativos, es decir, sigue adoleciendo de los mismos problemas que tenía la propuesta original”, explicó Calvo.
El abogado también señaló que el proyecto de ley debe enfrentarse a un “análisis de convencionalidad” —con al alta probabilidad de fallarlo— que es el mecanismo por el que la Sala IV determina que las leyes que se aprueban en el país cumplan con lo establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos.
¿De qué manera contraviene esta propuesta a esta norma internacional? El protocolo de la norma en su artículo siete establece que las jornadas nocturnas deben ser de menor duración a las diurnas, sin embargo, el proyecto de jornadas de 12 horas las establece como dos bloques iguales.
Durante la discusión de esta propuesta, abogados constitucionalistas y laboristas también salieron al paso para señalar que es un proyecto que contraviene el convenio 1 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre las horas de trabajo.
El año pasado, Costa Rica entró a la lista de “acusados” de la OIT, tras 14 años de mantenerse fuera por la reiterada exclusión de organizaciones sociales y sindicatos en la discusión de proyectos que afectan gravemente el ámbito laboral, lo que obligó al Gobierno a ir a rendir cuentas ante el órgano en la Conferencia Internacional del Trabajo.
Esto está cerca de repetirse por segundo año consecutivo ante la persistente violación de derechos laborales que lo hizo entrar en la lista de 40 países del mundo que violan las normas internacionales del trabajo.
Las graves e insólitas acusaciones que enfrenta el país a nivel internacional coinciden con la discusión de la reforma laboral de las jornadas laborales que plantea el Gobierno, al tiempo que se debilita la inspección laboral y se reducen los cupos de la Red de Cuido, una de las políticas públicas con mayor impacto positivo en la incorporación de la mujer en la fuerza de trabajo.
