Un nuevo proyecto de ley buscará ampliar de 10 a 25 años el plazo de prescripción para denuncias relacionadas con delitos sexuales contra personas menores de edad. El proyecto fue presentado esta tarde por el diputado del Partido Acción Ciudadana, Enrique Sánchez, con el objetivo de incrementar el tiempo disponible para los afectados, que usualmente tardan muchos años en asimilar la situación y tomar acciones legales por la complejidad de los hechos.
La presentación del proyecto, sin embargo, la encabezaron dos jóvenes llamados Michael Rodríguez y Anthony Venegas, quienes aseguran haber sido abusados sexualmente por el sacerdote Mauricio Víquez cuando ambos eran menores de edad.
Los abusos denunciados por Rodríguez y Venegas son parte de una serie de acusaciones; sin embargo, la mayoría ya no se pueden llevar a juicio por el vencimiento de sus plazos de prescripción.
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Al respecto, Rodríguez señaló que “las víctimas necesitan madurez para afrontar todas las consecuencias y todo lo que viene detrás de los procesos”, algo que no es sencillo “en medio de una sociedad que a veces protege más a los abusadores que a las víctimas”.
“Cuando estás en la adolescencia, estás en una etapa en la que te estás conociendo y te importa lo que diga la gente, te marca la vergüenza, la inseguridad, muchas cosas, y creo que buscamos esto: un derecho al tiempo, a que podamos estar preparados para contar nuestra historia, contar lo que sucedió y afrontar con madurez un proceso judicial contra nuestros agresores”, señaló el joven, justo antes de mencionar que ve en el proyecto “un propósito dentro de su sufrimiento”.
Específicamente, la iniciativa buscar modificar el artículo 31 del Código Procesal Penal, que actualmente establece un plazo máximo de 10 años para imponer la denuncia, a partir de que el denunciante cumple sus 18 años de edad.
Según el propio Rodríguez, ese plazo se convierte en un tiempo especialmente corto cuando el abusador es una figura de poder, como pueden ser familiares o figuras religiosas, los cuales “ejercen en uno el temor a denunciar o exponerse públicamente, cuando no hay vergüenza alguna en ser una víctima”.
Algo similar señaló Venegas, quien comentó que denunciar un delito sexual es “un proceso muy doloroso que toma muchísimo tiempo”, y no corresponde al actual periodo establecido en la ley.
“Tristemente nosotros fuimos víctimas de actos atroces siendo adolescentes, situaciones que generaron demasiadas consecuencias en nuestra calidad de vida, y creo que lo más triste de nuestra situación es que cuando finalmente estuvimos listos para enfrentar esta situación y buscar justicia, nos encontramos con una ley que al final no nos ayudó y terminó trabajando para nuestro abusador”, apuntó.
“Por eso buscamos esta modificación , para darle a las víctimas de abuso sexual más tiempo para poder encontrar justicia y para que su proceso de sanación y de justicia no se vea afectado de esta manera”, subrayó.
Autoridades acuerpan el cambio
El proyecto de ley lo encabeza el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa y diputado del PAC, Enrique Sánchez, quien agradeció a los jóvenes “la valentía” que tuvieron para impulsar la reforma y por “haberle involucrado en la construcción del proyecto”.
Presentamos el proyecto de ley de #DerechoAlTiempo junto a @MichaelRS14 y @Tony_Veneg, con 26 firmas de Diputados y Diputadas de diversas fracciones.
Por justicia. pic.twitter.com/dfjGKgwbyA
— Enrique Sánchez (@kike_sanchez) February 13, 2019
“Quiero decirle a las personas que sufren o han sufrido abuso sexual durante su infancia o adolescencia que nosotros les creemos, que estamos de su lado y que estamos procurando legislación que les garantice un acceso real a la justicia”, comentó en conferencia de prensa.
Junto a Sánchez también estuvieron Patricia Vega y Patricia Mora, jerarcas del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y del Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), respectivamente.
Sobre la reforma, Vega subrayó que actualmente se comete una injusticia por los tiempos y que, más allá de un aumento de penas, la reforma sólo busca dar tiempo para realizar la denuncia, “tiempo para crecer y entender lo que pasó, ver las consecuencias y actuar en consonancia”.
Por su parte, Mora agregó que “hay delitos de lesa humanidad que son imprescriptibles por argumentos que lo sustentan, como que son ejercidos desde posiciones de poder que pueden conseguir que se borren pruebas o que se venzan plazos”, algo muy similar a lo que ocurre en estos casos. “El espíritu del proyecto es que estamos detrás de la imprescriptibilidad de este tipo de delitos y ya conseguir esto sería un adelanto”, concluyó.
Estadísticas del Poder Judicial contabilizaron la recepción de 3.598 denuncias por delitos sexuales contra menores en el año 2018; aunadas a otras 2.220 por relaciones con menores de edad y 334 por delitos como corrupción y relaciones sexuales remuneradas con niños, niñas y adolescentes.
También se registraron casi mil nacimientos en niñas menores de 14 años, según indicó el diputado Sánchez.
Ahora, el proyecto quedará en manos de los diputados, que lo tramitarán bajo el expediente 21261. La iniciativa se presentó con otras 25 firmas de congresistas.
