El cambio en la presidencia ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se debió a la necesidad de mejorar el canal de comunicación entre el gobierno la Junta Directiva de la institución.
Ese fue el mensaje, sin mayores novedades, que llevó el exministro de Salud Fernando Llorca en sus primeras declaraciones a la prensa al sustituir en el cargo a María del Rocío Sáenz, el pasado 8 de junio.
En su primera aparición como jerarca de la CCSS, Llorca elogió la labor de su predecesora y prometió continuar las acciones en infraestructura, equipamiento y gestión de servicios de salud que esta promovió. Quedó claro que su papel será, como se dice, sostener la burra en el escaso año para terminar su mandato que le queda a la administración del presidente de la República Luis Guillermo Solís.
El mandatario le cortó la cabeza a Sáenz en la Caja, luego que la Junta Directiva de la institución decidió aprobar un aumento de 1% en la contribución obrera para el régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), negándose al pedido del mandatario de someter la medida a discusión de la mesa de diálogo abierta con sectores sociales para proponer reformas que salven la sostenibilidad del sistema de pensiones.
El acuerdo fue aprobado por siete de los nueve integrantes de ese cuerpo colegiado, donde tienen representación patronos, trabajadores y el Estado, con tres delegados cada uno. Solo votaron en contra uno de los trabajadores y uno del Gobierno.
La explicación dada por Casa Presidencial en un comunicado fue que Solís le solicitó a Sáenz la renuncia a la presidencia de la Caja “por considerar necesario un mejor y eficaz traslado de la opinión del Poder Ejecutivo a la Junta Directiva de esa institución”.
La Directiva de la CCSS decidió que el primer tracto de un punto de la cuota obrera para el IVM subirá en julio, y el segundo el 1 de enero. De esa forma el aporte de los trabajadores pasará de 2,84% a 3,84% del salario, lo que representaría un ingreso adicional de ¢100.000 millones por año para dar sostenibilidad al régimen mientras la mesa de diálogo analiza propuestas de fondo para la Junta Directiva a fin de resolver los problemas de sostenibilidad del IVM.
(En protesta por la decisión los sindicatos amenazaron con retirarse de la mesa de diálogo, y con una huelga a finales de junio. Por razones distintas, la Unión de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (Uccaep) anunció su retiro temporal del diálogo. En su caso es por lo que consideran falta de firmeza del Gobierno en su compromiso de no llevar el 1% a la mesa de diálogo).
Ante las preguntas de la prensa, Llorca insistió que el aumento del 1% es una decisión tomada por la Junta Directiva de la Caja que el Poder Ejecutivo no puede revertir unilateralmente, pues es totalmente respetuoso de la autonomía de la institución de seguridad social.
El nuevo jerarca evitó contestar directamente a la pregunta de si el gobierno intentará que la Caja eche atrás en la decisión tomada.
“Nosotros no venimos con una propuesta de efectuar modificaciones concretas en una dirección o en otra más que enfatizar la importancia de que la mesa de diálogo y la intensa participación que tenga, siempre con sustento técnico, de evaluar estas decisiones y, eventualmente, la Junta conocerá en su conjunto eventuales recomendaciones que puedan derivarse de este proceso y sopesará las posibilidades”.
El nuevo jerarca de la Caja insistió que pretende mejorar la comunicación entre los sectores y espera que de la mesa de diálogo salgan propuestas técnicas que ayuden a garantizar el futuro del sistema de pensiones.
El IVM cobija a 1,4 millones de trabajadores cotizantes al régimen, y alrededor de 250.000 pensionados.
Ante la pregunta de cuál es el poder de los sindicatos, que pidieron la cabeza de la presidenta ejecutiva y ahora anuncian una huelga a finales de junio, dijo que los sindicatos han venido solicitando la caída de muchos funcionarios a lo largo de muchos años y no necesariamente se dan esas situaciones. “En el caso concreto, no obedece en ninguna circunstancia a una presión de los movimientos sindicales”.
AUMENTOS
El aumento del 1% al aporte obrero fue propuesto desde el 2014 a la Junta Directiva por la Dirección Actuarial de la Caja. No obstante, los mandos de la institución han justificado su necesidad refiriéndose al resultado de la evaluación actuarial del IVM hecho por la Escuela de Matemática de la Universidad de Costa Rica, que fue entregado en diciembre pasado.
La oficina actuarial también recomendó el aumento de 0,66% al aporte estatal para el IVM, que representaría un ingreso de aproximadamente ¢60.000 millones al año para el régimen. El aumento lo aprobó la Directiva de la Caja, pero el gobierno no lo ha incluido en el presupuesto y la Caja lo tiene como cuenta por cobrar.
A la pregunta de si sabe cómo el Gobierno saldará esa nueva deuda, Llorca manifestó que ese es un tema del Ministerio de Hacienda y del Poder Ejecutivo; “ellos están trabajando en hacerles frente a esas obligaciones”, dijo.
Los jerarcas de Hacienda han expresado preocupación por el impacto que eso va a tener en el ya preocupante déficit fiscal, toda vez que por ley, el ajuste en la cuota para el IVM debe hacerse en la misma proporción para los regímenes de pensiones del Poder Judicial y del Magisterio Nacional.
El saliente viceministro de Hacienda, José Francisco Pacheco, calculó que el costo total en los tres regímenes sería de ¢123.000 millones al año.