El nuevo presidente del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Marco Acuña, dijo a UNIVERSIDAD que, si el proceso de reorganización impulsado por la actual administración está dañando el desempeño de la gente y de los negocios, tendrán que intervenirlo.
“La institución ha estado sometida a un estrés debido a esa reorganización. Entonces vamos a tener que revisar cómo está en este momento el proceso, porque lo principal es garantizar la estabilidad de la organización, y si eso que están implementando está dañando el desempeño de la gente y de los negocios, pues tendremos que intervenirlo. Necesito ver cómo va el proceso y reunirme con la jerarca saliente para poder establecer la estrategia a tomar al respecto”, declaró Acuña el pasado 29 de abril, recién anunciado su nombramiento por el presidente electo Rodrigo Chaves.
El proceso de reorganización, iniciado el 26 de noviembre de 2019, ha enfrentado numerosos cuestionamientos de parte de la Contraloría General de la República (CGR), la Procuraduría, la Auditoría Interna del ICE y los gremios. Por ejemplo, que no contaba con un análisis costo-beneficio, que no existía una necesidad real para hacerlo, y que ha tenido un costo muy alto para la institución en términos de imagen, ingresos y recursos humanos.
El conflicto fue llevado a la Contraloría
La Auditoría Interna del ICE realizó un estudio de la reestructuración, en el cual se identificó numerosas irregularidades. Entre los varios señalamientos, se indica que “la Propuesta Técnica que respalda los cambios en la estructura organizacional y modelo de gestión del ICE no contempla dentro del estudio técnico el diagnóstico del problema o necesidad real, ni un detalle integral del costo-beneficio de los cambios propuestos”.
También señaló que hay un desfase y cambios sustanciales en el entorno fáctico político– económico en 2019, cuando se aprobó la reorganización y el entorno actual, y que la propuesta técnica “no incluye un análisis financiero, técnico y legal que respalde las estimaciones del costo o contingencias por indemnizaciones laborales”.
Además de lo anterior, la Procuraduría General de la República también emitió un criterio (C-180-2021) el 23 de junio de 2021, ante la consulta de la Auditoría Interna, en el que destacó que “las reorganizaciones administrativas requieren un estudio riguroso del costo-beneficio que supone llevar a cabo los cambios propuestos” y que “si ese estudio no existe no debería iniciarse el proceso de reorganización, pues ello podría afectar la validez de las decisiones que se adopten”.
Posteriormente, la administración entró en controversia con la Auditoría Interna sobre las conclusiones del estudio, por lo que la Auditoría llevó el conflicto a la CGR, alegando que el Consejo Directivo modificó unilateralmente las recomendaciones.
El 10 de marzo pasado, la CGR emitió una resolución (DFOE-CIU-143), en la que ordena al ICE efectuar un análisis integral debidamente documentado de costo-beneficio del proceso de reorganización del ICE y remitirlo en un plazo máximo de seis meses.
Ante consulta de UNIVERSIDAD, la administración del ICE indicó, mediante su oficina de prensa, que “el informe costo-beneficio existía y es parte esencial del proceso”. Se solicitó dicho documento desde el 18 de abril, pero a la hora de cierre el 3 de mayo aún no se había recibido.
Sobre las demás recomendaciones de la CGR, el ICE respondió de manera escueta: “La acción administrativa está dirigida a continuar entregando la información que sea solicitada, como ha sido desde el inicio del proceso”.
Asimismo, sobre las recomendaciones 5.2 y 5.3 de la Auditoría Interna, las autoridades del ICE indicaron: “Las mismas fueron atendidas según lo ordenado por el Consejo Directivo.
Afectaciones a nivel de recurso humano
Carlos Stradi, presidente del Sindicato de Ingenieros y Profesionales del ICE (SIICE), dijo que la reestructuración ha implicado gastos, ha tenido un costo muy alto para la institución en términos de imagen y nuevos ingresos, y ha causado inercia a lo interno.
Según Stradi, “lo que se hizo fue formar una red de cuido”. Explicó que establecieron una categoría de salario inferior para los diferentes puestos, sacaron a personas con mucho conocimiento y experiencia y les pusieron niveles de salario muy por debajo del que les correspondía.
“Pero la administración cegada en su arrogancia no veía eso, y seguía adelante porque ellos querían montar gente, aunque no tuvieran experiencia ni conocimiento en esos puestos”, afirmó Stradi.
“En este momento el ICE lo que menos tiene es para curvas de aprendizaje, cuando está la experiencia y conocimiento de gente dentro de la institución que de alguna manera podría estar ya catapultando una serie de iniciativas y proyectos que estarían beneficiando al ICE; pero la actual administración se empecinó en llevar adelante esta ilegal reorganización”, señaló Stradi.
Por otra parte, la Asociación Sindical de Empleados Industriales de las Comunicaciones y la Energía (Asdeice), que también ha denunciado la reestructuración desde un inicio, informó recientemente que “varios de los nuevos nombramientos en direcciones niveles 1 y puestos estratégicos habrían presentado la renuncia a sus cargos”.
“La situación se estaría dando por el desastre que las personas recién nombradas se estarían encontrando al asumir sus nuevos puestos, pues no se les asigna nivel 2 o coordinadores y el trabajo se les estaría recargando”, según Asdeice.
La Asociación Nacional de Trabajadores de Telecomunicaciones, Electricidad y Afines (Anttea) también denunció: “Lo cierto es que las afectaciones económicas a los trabajadores destituidos han sido bastante considerables, algunos de ellos hoy no reciben salario, o lo poco que les llega no alcanza ni para cubrir sus deudas con el Fondo de Garantías y Ahorro (FGA), mientras tanto la Administración Superior brilla por su ausencia en un intento por readecuar sus deudas y darles un respiro económico”.
