El Juzgado Concursal del I Circuito de San José acogió una solicitud realizada por Aldesa Corporación de Inversiones para la conversión del proceso de Administración y Reorganización con Intervención Judicial a un de Convenio Preventivo de Acreedores. Esto quiere decir que la empresa tiene un halo de esperanza de volver a operar, si cumple con todos los requisitos que le exige el despacho judicial.
Luego de que el juzgado rechazara los intentos previos de Aldesa de alcanzar un proceso de Administración y Reorganización con Intervención Judicial para evitar la quiebra y establecer un plan de pagos a todos los acreedores a los que les debe dinero, la compañía optó por solicitar el cambio de figura legal.
Según un comunicado oficial emitido por Javier Chaves, presidente de Aldesa, este 15 de julio el Juzgado decretó la apertura formal del Convenio Preventivo, una medida que afirmó sería la solución de pago, pero ésta debe ser aprobada por los acreedores.
Esta alternativa, señaló Cháves, permitiría pagarles a los acreedores, bajo la premisa de que la empresa continúe con su actividad operativa y comercial para poder saldar las deudas.
“Es importante conocer que la resolución que declare válidamente presentado y admitido el convenio preventivo provocará la paralización de las pretensiones ejecutivas individuales, comunes, hipotecarias, prendarias y de cualquier otro tipo”, indicó en el comunicado.
De aprobarse este convenio el Juzgado designará un curador, pero antes los acreedores deberán legalizar sus acreencias con el bono físico de su inversión, así como un escrito autentificado por un abogado.
El Juzgado ordenó a la empresa a entregar sus declaraciones fiscales desde el 2019, balances de situación y estado de ganancias y pérdidas con libros contables, una declaración jurada donde indique si los pasivos y activos variaron y documentar el estado actual.
Asimismo, de existir nuevos acreedores y deberán demostrar que fueron notificados. Si no cumple en el plazo de cinco días el Juzgado procederá a decretar la quiebra o concurso civil.
De acuerdo con Ronny García, abogado de una afectada en el caso de Aldesa, de cumplir la empresa con los requisitos que le exige el Juzgado, se nombrará a un curador, quien tendrá la obligación de emitir un informe y dictaminará sobre las acreencias de las personas que confiaron sus dineros a la corporación.
“Ahora serán los acreedores quienes decidan en una asamblea si aceptan o no la propuesta de Aldesa, eso es como decirle a la gente que los proyectos se desarrollarán en siete y ocho años, ellos corren el riesgo para ver si les pagan lo adeudado. Con esto la empresa evita la quiebra fraudulenta, pero las personas pueden denunciarlos por delitos penales”, detalló García.
En marzo de 2018 Aldesa anunció que no podía seguir haciendo frente al pago de intereses y las deudas que tenían con gran cantidad de inversores, muchos de ellos, que se sintieron estafados por creer que sus dineros habían sido invertidos en la Bolsa, pero que en realidad se habían desviado a proyectos inmobiliarios.
El proceso de Administración por Intervención fue solicitado por Javier Cháves en dos ocasiones; con la inclusión de un plan de salvamento de varios de sus proyectos, fondos y fideicomisos que administraba la empresa.
