Una reforma a la metodología para la fijación ordinaria de las tarifas de bus amplía de uno a tres años el plazo para que las empresas tramiten ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) un nuevo aumento con la misma información sobre el conteo de pasajeros que dan las propias autobuseras.
Es decir, antes de la publicación este miércoles en La Gaceta de la resolución de Aresep, las empresas tenían un plazo de un año para volver a plantear una nueva fijación de tarifas con los datos aportados para el último ajuste. Ahora, esos datos tendrán una vigencia de tres años.
Ello es relevante pues la metodología vigente da la posibilidad de que, a falta de estudios detallados de conteo de pasajeros, la fijación se lleve a cabo a partir de datos aportados por las mismas empresas.
Cabe destacar que en el negocio del transporte de personas, contar personas es equivalente a contar ingresos y que, sobre todo en el contexto de la pandemia, una merma en la cantidad de personas usuarias se puede traducir en solicitudes de fijaciones de tarifas o incluso subsidios para asegurar la supervivencia de las empresas del sector.
Reforma
La resolución publicada varió el criterio de “información completa”, que antes incluía la información diaria con horarios autorizados y con las unidades autorizadas para cada ruta y ahora será mensual.
En el apartado de requisitos de admisibilidad de las empresas, se añadió la obligación para los prestadores del servicio a estar al día con sus obligaciones legales (CCSS, Hacienda, Fodesaf), una disposición que estaba incluida en otras leyes.
Además, en aquellos casos en que la información reportada es incompleta o inexistente, la reforma permitirá a la empresa tomar el dato de la cantidad autorizada de pasajeros, compararla con el promedio mensual reportado al Sistema de Información Regulatoria, y la cifra mayor entre ambas será la que se tome para realizar el ajuste tarifario.
En resumen si una empresa ha recibido una fijación de tarifa con base en los sistemas de conteo, pero sin haber hecho un estudio de demanda formal, ni contar con la validación de dicho análisis por una entidad como la Aresep, la misma Autoridad Reguladora puede aplicar de oficio un estudio tarifario que se base en los últimos datos de demanda obtenidos en un plazo de tres años posteriores a la fecha de la última tarifa fijada.
Es decir, que aún sin realizar un estricto estudio de conteo de pasajeros, una empresa puede presentar sus propias cifras y por los siguientes tres años, la Aresep lo utilizará de oficio a la hora de evaluar la fijación de nuevas tarifas.
