La aprobación este martes en segundo debate de la Ley para garantizar transparencia en las votaciones del Poder Judicial, abre el camino para que la elección de quien ocupe el puesto de Fiscal General sea mediante voto público.
Si bien la anterior designación de Emilia Navas en ese puesto se hizo por votación pública por disposición de la propia Corte Plena y ya muchos magistrados y magistradas han manifestado su convencimiento de volver a realizarla así, la nueva ley más bien obliga a la votación pública. Cabe recordar que desde la salida de Navas en junio del año pasado está pendiente la selección de quien ocupe ese puesto, ejercido de forma interina por Warner Molina.
Además, la nueva legislación -que entrará a regir a partir de su inminente publicación en La Gaceta- implica que de ahora en adelante temas cruciales como la elección de la Presidencia y Vicepresidencia de la Corte se definirán también mediante votación pública.
Precisamente, en el recién superado proceso de elección en el que Orlando Aguirre resultó electo como nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia, el hecho de que esa elección tuviese que realizarse mediante votación secreta fue motivo de polémica y de una ardua lucha en favor del voto público emprendida por figuras como la magistrada Julia Varela, instancias como las organizaciones agrupadas bajo la bandera de la Alianza Sindical del Poder Judicial o la Asociación Costarricense de la Judicatura. (Acojud).
A pesar de sus esfuerzos, la elección fue secreta pues una mayoría de las magistraturas de Corte Plena decidió que había que acogerse a la disposición de que fuese secreta establecida en el inciso 6 del artículo 59 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, una de las normas reformadas mediante la nueva ley.
El proyecto fue presentado por la fracción del izquierdista Frente Amplio y fue aprobado en segundo debate por 40 votos a favor y cuatro en contra.
Jonathan Acuña, jefe de esa fracción, mediante un mensaje en redes sociales celebró la aprobación del proyecto, pero aseguró que “aún nos queda mucho por hacer” por lo cual en junio se presentó otra iniciativa “para hacer totalmente transparentes los patrimonios e intereses empresariales de todos los altos jerarcas del sector público”.
Acuña aseguró que “desde la fracción del frente amplio vamos a seguir impulsando la lucha contra la corrupción y y los avances en materia de transparencia”.
Una vez conocida la aprobación de la nueva ley, desde el Poder Judicial se reaccionó mediante un comunicado en el que señaló que “como institución pilar de la democracia costarricense respalda la aprobación en segundo debate del proyecto de ley 23.313”.
“Para la institución es fundamental cumplir con el principio de transparencia y rendición de cuentas, por lo que este cambio normativo, viene a fortalecer los esfuerzos que el Poder Judicial realiza en esa línea, con el objetivo de mostrar a la ciudadanía el detalle del quehacer de este Poder de la República”, se lee en el comunicado.
Las autoridades judiciales además indicaron que ese Poder de la República celebra este “gran paso que robustece aún más el Estado Constitucional de Derecho, que busca generar mayor credibilidad en las personas usuarias, por la confianza de que las decisiones que se toman en la institución se hacen y se harán de forma transparente”.
Esa fuente añade que la decisión legislativa “respalda la petición realizada por Corte Plena el pasado mes de setiembre durante el proceso de elección de la Presidencia del Poder Judicial, en donde con el voto de 18 magistrados y magistradas, se acordó solicitar a la Asamblea Legislativa esta reforma legal con el fin de convertir estas votaciones en públicas”.
A través de sus redes sociales la Acojud también celebró la aprobación definitiva del proyecto de ley y manifestó que su lucha por la transparencia “se cristaliza en gran parte con esta nueva ley”.
La comunicación añadió que “hemos dado la lucha por la transparencia en los procesos de elección en el Poder Judicial y hoy se concreta una meta que hemos perseguido como parte de nuestros objetivos”.
