Los diputados de la República aprobaron este jueves en su primero de dos debates el expediente legislativo 19.548, Ley de Movilidad y Seguridad Ciclística, una iniciativa mediante la cual se intentará incentivar a la empresa privada y a los gobiernos locales para que promuevan la utilización de bicicletas como medio de transporte a nivel nacional.
La iniciativa se aprobó de forma unánime, con el apoyo de 43 congresistas, y fue celebrada por la presidenta del Congreso, Carolina Hidalgo, quien destacó el impacto que tendrá la nueva normativa para reducir emisiones de carbono y para mejorar las condiciones en que se desenvuelven los usuarios de bicicletas en la actualidad.
Celebro la aprobación en primer debate con 43 votos a favor, el Proyecto 19548: Ley de Movilidad y seguridad ciclística🚴♀️ 🚴🏽♂️
Esta iniciativa busca aportar con el objetivo carbono neutral de nuestro país y con la cultura necesaria de pacificación de nuestras vías.🙌🏼— Carolina Hidalgo H. (@carohidalgoh) January 10, 2019
Entre las medidas que establece la ley, destaca la apertura de incentivos fiscales para las empresas que desarrollen infraestructura para bicicletas o las adquieran para el uso de sus empleados o sus funcionarios, específicmente mediante la deducción de esos gastos en sus declaraciones de renta (por una única vez), siempre y cuando estén al día en el pago de sus obligaciones tributarias y con la Caja Costarricense del Seguro Social.
En el campo municipal, la ley abre la puerta para que cada ayuntamiento pueda promover la existencia de sistemas públicos de alquiler de bicicletas que respondan a las necesidades de los usuarios de la zona, los cuales podrían estar sujetos a convenios de concesión para prestar el servicio.
Asimismo, la ley declara la actividad ciclística -y su movilidad íntegra y segura- de “interés público” e impone la obligación al Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) trabajar en planes cantonales de movilidad integrada y seguridad ciclística. Además, establece que los municipios deberán organizar actividades anuales para conocer posibles intervenciones y proyectos en beneficio de los ciclistas, para las que deberán tomarse en cuenta estudios técnicos si están relacionados con los objetivos de la ley.
Por último, también obliga a que toda obra de infraestructura nueva en materia vial deba contemplar los objetivos de la ley, de modo que mejoren las condiciones con cada nueva obra, a través de ciclovías, carriles compartidos, trazos independientes, pasos peatonales, cojines reductores de velocidad, desviadores de tránsito de paso y parqueos, entre otras posibilidades.
En cuanto a los parqueos públicos, estos deberán reservar un puesto para bicicletas por cada diez puestos para automóviles, cuya tarifa se deberá cobrar por periodos de 15 minutos y no por hora.
Financiamiento
Para cumplir con todos estos objetivos, la ley establece distintas fuentes de financiamiento; entre ellas los recursos provenientes del impuesto sobre combustibles.
Además, se permitirá la recepción de donaciones y contribuciones de organismos internacionales; así como los préstamos del Estado, los fondos no reembolsables y todos aquellos que provengan de las concesiones municipales que se suscriban.
La rectoría de toda esta materia además estará en las manos del MOPT, entidad que deberá coordinar con las organizaciones municipales su aplicación.
Ahora, el Ejecutivo deberá reglamentar la ley en un plazo máximo de seis meses y, a partir de entonces, el MOPT tendrá otro plazo de seis meses para crear la normativa necesaria para adaptar la infraestructura a cargo de los operadores actuales y los futuros, “al momento de que se suscriba un nuevo contrato de concesión”.
Esta ley es parte de las iniciativas que fueron presentadas en la legislatura anterior. Específicamente, la dejaron en corriente legislativa los entonces diputados Laura Garro (PAC), Egardo Araya y José Ramírez (FA).
