La Asamblea Legislativa electa para el periodo 2022-2028 da un viraje hacia el pensamiento derechista o liberal, con una visión económica entretejida con grandes empresas.
Un 38,5% de diputados provienen de los nuevos partidos Progreso Social Democrático (PSD), Liberal Progresista (PLP) y Nueva República. El 50% del congreso estará compuesto por el bipartidismo tradicional de Liberación Nacional (PLN) y Unidad Socialcristiana (PUSC). Frente Amplio, el único matiz ideológico de izquierda, representa el 10,5%.
“El ingreso del PSD y el PLP con un peso nada despreciable son producto de manifestaciones de una crisis de representación. La filiación partidaria es la más baja en décadas (87% del país no milita ni simpatiza con ningún partido, según el Centro de Investigación y Estudios Políticos) y que las preferencias políticas son sumamente inestables. Hace cuatro años entró a segunda ronda Restauración Nacional y ahora el PSD, es una muestra de la volatilidad y las preferencias políticas de la ciudadanía”, aseguró el politólogo e investigador del Observatorio de Política Nacional (OPNA) de la Universidad de Costa Rica, Alejandro Molina. La nueva conformación no debería sorprender, dice Molina.
“Como los partidos no tienen una consistencia ideológica son maquinarias para que estos intereses corporativos los utilicen como vehículo electoral”, politólogo e investigador OPNA-UCR, Alejandro Molina
No obstante, el congreso de derechas enfrentará los hilos sueltos de la negociación fiscal con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el organismo internacional que prestó $1.778 millones al Gobierno de Carlos Alvarado y que fue destinado a pagar deuda pública, tal y como lo definieron los votos de los oficialistas del PLN, PUSC, Nueva República y Restauración Nacional, en el 2021.
“Los partidos políticos, en general, sobre todo los grandes, no siguen la ideología que presuntamente dicen defender. Este es el caso de Liberación Nacional con la socialdemocracia y el PUSC con el socialcristianismo. Se han guiado específicamente por los intereses corporativos de poderes fácticos. El Semanario UNIVERSIDAD le ha dado seguimiento a la influencia de estos poderes fácticos en la conformación de políticas públicas”, asegura el politólogo e investigador del Observatorio de Política Nacional (OPNA) de la Universidad de Costa Rica, Alejandro Molina.
“Si hablamos de la conformación hacia a la derecha de la Asamblea Legislativa, se inscribe dentro de esto. Como los partidos no tienen una consistencia ideológica son maquinarias para que estos intereses corporativos los utilicen como vehículo electoral, por llamarlo de alguna manera”, afirmó Molina.
Previo a las elecciones, este Semanario confirmó cómo el financiamiento de dos nuevos partidos, PLP y Nueva República, provino de fideicomisos negociados con la banca privada (BCT y Promérica) y representados legalmente por una financiera ligada a grandes empresas financieras y corporativas (Consultores Financieros Cofin). No obstante, también participaron de este negocio respaldado por deuda pública los partidos tradicionales PLN y PUSC; así como también lo hizo el Frente Amplio.
“En Liberación somos un coro, en los altos y bajos es importante que estemos entonados (…) Nosotros, como una real agrupación política, tenemos principios ideológicos. Otras, que tenían doble postulaciones, van hacia el desarrollo más personalista. Si vos analizás los contenidos de los programas de gobierno, el de nosotros es sumamente robusto. El del otro partido que va a segunda ronda contra nosotros, es un panfletito de 20 hojitas”, afirmó la presidenta del PLN y diputada electa por Heredia, Kattia Rivera.
Rivera coincide con el politólogo Alejandro Molina. Ambos prevén que las votaciones del congreso serán definidas tema por tema.
FMI: centro de negociaciones
La herencia política de esta última administración, entre ellas las ligas a un poderoso sector empresarial, presionará a los nuevos diputados cuando resuelvan cómo saldará el país ante su deuda multimillonaria con el FMI.
“Estos cuatro años han sido un ejemplo claro de que en la Asamblea Legislativa se configuran alianzas que nos parecen inesperadas. Por ejemplo, en la reforma fiscal del 2018, podríamos ver a José María Villalta del Frente Amplio con diputados de Restauración Nacional, que por distintos motivos, se oponían a dicho proyecto de ley”, explicó.
La Asamblea Legislativa es un poder estratégico para el futuro gobierno, por la misma agenda del FMI.
Molina liga inevitablemente “los grandes temas de los primeros años” de estos cuatro años tendrán que aprobarse no por el Ejecutivo sino por la creación de leyes.
“En cuestiones relacionadas con materia presupuestaria y tributaria, esto pasa totalmente por la Asamblea Legislativa. Observando los programas de gobierno de los distintos partidos, la mayoría de las alternativas que proponen para hacer frente a este desafío del FMI requieren un gran consenso dentro de la Asamblea”, afirmó el investigador del OPNA-UCR.
Congreso perdió 4 contrapesos políticos
Las votaciones del 6 de febrero eliminaron cuatro bloques que dieron luchas en temas de presupuesto público, impuestos e inversión social.
Los desaparecidos son: el Partido Acción Ciudadana (PAC) donde, especialmente, los diputados Welmer Ramos y, durante tres años, Paola Vega se opusieron a severos recortes presupuestarios solicitados mayoritariamente por PLN y PUSC. Integración Nacional, de donde salieron dos votos contra la reforma fiscal, así como un proyecto para el control de precios de medicamentos y la denuncia de ausencias políticas y administrativas para resolver las finanzas de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). El Republicano Social Cristiano, cuna del diputado Dragos Dolanescu, férreo crítico del Gobierno durante la investigación legislativa del caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) en contra del presidente Alvarado. Y, finalmente, Restauración Nacional, fracción que dio tres de los 17 votos negativos contra la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, o reforma fiscal, donde se pactó la ahora muy cuestionada “Regla Fiscal”.
Otros contrapesos fueron más específicos. Por ejemplo del PLN, votos de Franggi Nicolás en contra del préstamo del FMI; y del PUSC, las posturas de Pedro Muñoz y Aracelly Salas contra el proyecto de Empleo Público que pretende reducir el costo de planilla del sector público.
