El Consejo de Gobierno notificó hoy a los cinco directivos del Banco de Costa Rica (BCR) que no renunciaron -como lo solicitó el presidente Solís a finales de septiembre pasado- el inicio de sus respectivos procesos disciplinarios y posibles destituciones, así como la suspensión en el ejercicio de sus cargos con goce de dieta “como medida cautelar”.
Así lo confirmó el Gobierno esta tarde a la prensa, en medio de un comunicado en el que también mencionó que se instruyó a la Secretaría de la Junta Directiva del BCR para que continúe con las investigaciones que se mantienen en curso, “con el fin de determinar la verdad real de los hechos y sentar las responsabilidades que correspondan”.
En total, se notificó a los directivos Mónica Segnini (presidenta), Alberto Raven, Francisco Molina, Evita Arguedas y Paola Mora, pues -aunque Gustavo Arias y Ronald Solís rechazaron la solicitud del presidente en un inicio- los restantes dos directivos finalmente dejaron sus puestos el pasado fin de semana.
Solís tomó la decisión de pedir la renuncia de los directivos tras conocer un informe de la Superintendencia de Entidades Financieras (SUGEF) (Nº SGF-2555-2017-CONFIDENCIAL), en el que se detallaron presuntas irregularidades en el otorgamiento de créditos al empresario importador del cemento chino Juan Carlos Bolaños y conflictos internos que -según el análisis- impedían una correcta fiscalización del negocio.
Por este motivo, el mandatario señaló que si bien el informe aportaba “razones suficientes para proceder a una destitución”, prefería solicitar la renuncia con el objetivo de evitar “un procedimiento legal que pueda tardar muchos meses, afectar seriamente el normal funcionamiento del Banco y seguir su dañando la institucionalidad.”
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Esto lo mencionó de manera vehemente pues el artículo 24 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional establecen que “una vez hecho el nombramiento (…) el Consejo de Gobierno no podrá revocarlos si no es con base en información de la SUGEF”, algo que complementa el artículo 25 en el que la normativa subraya que los miembros de la Junta Directiva serán “inamovibles”, salvo en seis excepciones (incluida la renuncia).
No obstante, esta misma semana Segnini, Molina, Raven y Arguedas habían firmado un comunicado en el que reiteraban su intención de mantenerse en sus sillas, algo que justificaron con el fin de vigilar el buen desarrollo de las investigaciones internas.
La clave del conflicto: los créditos por $30 millones que giró el BCR al importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños; un negocio comprometido y que se frenó este 21 de septiembre con el cierre de las líneas de crédito por incumplimiento del plan de negocios, según informó La Nación tomando como referencia una respuesta del BCR a la Sugef.
Del bloque que firmó el comunicado, quedó por fuera la directiva Paola Mora, quien ha sido noticia en los últimos días por confirmarse en la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que investiga créditos bancarios que ha viajado en helicóptero por Juan Carlos Bolaños y que recibió un préstamo del también cuestionado (y dirigido suyo) gerente suspendido del Banco, Mario Barrenechea.
Esta distancia no es nueva si se toma en cuenta que Mora renunció a la Presidencia del Banco en junio, momento en el que los restantes cuatro directivos hoy separados votaron por Mónica Segnini como nueva jerarca, bajo la consigna de analizar el caso y tomar medidas como el inicio de investigaciones y la suspensión de Barrenechea, una decisión que no fue apoyada por Mora.
