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No todos tienen campo en la mesa de Carlos Alvarado

Organizaciones sociales de toda índole ven cómo, a pesar de que espacios de diálogo se han abierto en el contexto de la crisis, sus propuestas al Poder Ejecutivo son soslayadas.

Desde estilistas hasta transportistas, sindicalistas, surfeadores y personas dedicadas al comercio. Los sectores que se organizan para protestar ante el manejo de la crisis sanitaria y consiguientemente económica se han multiplicado en las últimas semanas, pero ¿escucha realmente la administración Alvarado?

La frustración estriba en que espacios de un pretendido diálogo se han abierto, pero no se han traducido en la implementación efectiva de las propuestas llevadas por organizaciones sociales, gremiales o ambientalistas.

Más bien, los estrechos lazos de la administración Alvarado con nuevos sectores empresariales parecen dictar la agenda de medidas impuestas por el gobierno.

UNIVERSIDAD publicó sobre las nuevas formas de incidencia que influyentes grupos de empresarios, aglutinados en Horizonte Positivo y la Alianza Empresarial para el Desarrollo (AED) tienen en Casa Presidencial. Ambas vinculadas al ministro de Coordinación con el Sector Privado, André Garnier.

¿Quién tiene cama en Casa Presidencial?

El sociólogo, docente e investigador de la UCR, Alejandro Alvarado, explicó que “en general y particularmente en situaciones de críticas, es fundamental que la gestión política tome en cuenta a la mayor cantidad posible de actores, en primer lugar porque ese es el fundamento de un sistema político que se presenta como democrático. En segundo lugar, porque las situaciones de crisis crean posibilidades para estallidos sociales, cuando la gente se siente contra la pared”.

Alvarado consideró que para analizar la actitud del gobierno, en primer lugar se debe considerar que la pandemia ocurre “en un momento en que ya se han marcado tendencias en relación a cómo maneja el diálogo con los diferentes sectores”.

“La coyuntura prepandemia ya indicaba que el gobierno manifestaba una inclinación importante hacia sectores empresariales y que se había traducido ya en política pública concreta, como la reforma fiscal”, apuntó.  “En buena medida, la forma cómo se dio la huelga y su duración se debió mucho a cómo el gobierno manejó la relación con los sindicatos, marcada por una falta de diálogo y escasa interlocución”.

El investigador entonces se refirió ya al contexto actual y aseveró que “podemos sentir quién tiene cama y quién no en Casa Presidencial, al ver reportes de prensa y demás vemos que la idea de que el gobierno no ha tenido un buen manejo para habilitar espacios de diálogo no es cierta para todos los sectores. Las cámaras empresariales han tenido lugar predominante desde el principio del gobierno, con la elección de puestos estratégicos en el Ministerio de Hacienda y toda la gestión económica”.

Dijo que entonces para todos los demás sectores, el gobierno muestra una disposición a dialogar, pero ese contacto no se traduce en un diálogo verdadero que genere resultados, de manera que esos sectores se sientan incluidos y partícipes de la discusión política en el país.

“Al hablar de protesta social -elaboró el sociólogo-, hay que entender que hablamos de un espacio de relaciones, lo que hace el gobierno necesariamente repercute en lo que hacen quienes protestan y viceversa. En la medida en que el gobierno muestra menor capacidad para gestionar institucionalmente la protesta, más protesta callejera se genera”.

Pandemia como caballo de Troya

El abogado laboral Manuel Hernández, en un artículo ya publicado en medios y organizaciones titulado La urgencia democrática del diálogo social,  acusa a la administración Alvarado porque “peligrosamente ha recorrido una ruta en sentido totalmente contrario al diálogo social”, lo cual fundamenta en primer lugar en el manejo político para lograr la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N° 9635 y la Ley para brindar seguridad sobre la huelga y sus procedimientos, N° 9808, que “causaron una fuerte confrontación social, cuyas cicatrices todavía no han sanado”

El especialista consideró así que “este déficit democrático de la gobernanza de las relaciones laborales se ha profundizado a merced de la irrupción de la pandemia que nos flagela”. Hernández consideró la pandemia como un “Caballo de Troya” que sirve para “destruir los derechos que aún le quedan a la clase trabajadora”, y para “desmontar el raído Estado Social y Democrático, que lo tienen pegado a un respirador mecánico”.

Recordó al respecto que el Ministerio de Trabajo “impulsó febrilmente” el proyecto de ley de reducción de las jornadas de trabajo, “con la consecuente disminución hasta de un 75% de los salarios, que tiene a miles de trabajadores del sector privado con trabajo, pero lamentablemente devengando salarios de hambre”.


Montserrat Ruiz,  directora ejecutiva de la Cámara Nacional de la Economía Social Solidaria. (Cortesía: Montserrat Ruiz)

“Deberíamos estar todos en la misma mesa”

Montserrat Ruiz, directora ejecutiva de la Cámara Nacional de la Economía Social Solidaria, relató que el 2 de abril sostuvieron una reunión con el Presidente, se le dejó un documento con 63 propuestas para atender la crisis y dijo que Alvarado se mostró “entusiasta”.

“Nos incitó a que hiciéramos un espacio de diálogo y construcción para resumir las propuestas, lo cual hicimos de inmediato”. Se establecieron mesas de trabajo con diferente grupos, con apoyo de la Fundación Frederick Ebbert, del Observatorio Económico y Social de la UNA, de Conare y grupos de mujeres.

Sin embargo, “no hemos visto que nuestras propuestas hayan calado a la presidencia como sí lo han hecho otras. Nos preocupa que no seamos tomados en cuenta en este diálogo de construcción conjunta, vemos nada más un sector posicionándose y en estos momentos en que las decisiones se dan nada más en un chasquido de dedos, deberíamos estar  todos en la misma mesa, en la política pública eso hace la diferencia y la economía social solidaria es sólida, fundamentada y tiene más de cien años en este país”.

Ruiz calificó con un 5 de 10 la actitud del gobierno respecto a tomarles verdaderamente en cuenta y atribuyó ello a favoritismo.


Álvaro Sáenz, presidente de la Uccaep. (Cortesía: Uccaep)

Muchas recomendaciones de Uccaep “se han implementado”

Álvaro Sáenz, presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), destacó que se le entregó al gobierno documentos con propuestas relacionadas al manejo macroeconómico, la relación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el comercio internacional, la productividad y encadenamiento productivo.

“Se ha tenido un diálogo en la parte de consideraciones, no así en la parte de implementación, ha sido muy difícil. Estamos a las órdenes, presionando por lo que creemos, pero dentro de la democracia”, aseguró.

Expresó que “habríamos querido que el diálogo fuera más fructífero, los tiempos de la política los manejan ellos”, pero subrayó que “hemos hecho recomendaciones y muchas se han  implementado, pero no tan rápido como pensamos que debió haber sido”.

Desde Uccaep se quiere un balance entre “la consideración de los índices pandémicos y los índices socioeconómicos. Hasta el momento hemos visto lo pandémico predominando en un 100%”.


Ana Rosa Ruiz, economista de Mujeres en Acción. (Cortesía: Ana Rosa Ruiz)

“Don Carlos no está escuchando”

Aún espera respuesta a sus aportes y propuestas, el grupo Mujeres en Acción, que a mediados de mes entregó una primera carta al Presidente. Esa primera misiva se centró en temas fiscales porque “es clave, necesitamos liquidez para que el estado social mantenga e incremente el ritmo de atención”, según detalló la economista Ana Rosa Ruiz.

Una segunda misiva -también sin contestar- abordó el tema de la relación con el FMI, pues “hay otras fuentes de financiamiento para el Estado, no necesariamente un préstamo, hay un margen de maniobra, por ejemplo, la evasión y elusión fiscal, capitales de magnitud inmensa que declaran cero utilidades. No entendemos cómo es posible que no sean tocados”, cuestionó.

Ruiz ha participado de dos reuniones con el presidente Alvarado, pues también integra el grupo Economistas Pluralistas, y halló “un sesgo totalmente ideológico, hay una protección de los capitales, él no quiere tocarlos, protege a las grandes riquezas con beneficios y exoneraciones y con la venta de activos del Estado queda todo totalmente claro”.

“Esta crisis sanitaria ya trascendió, es social, económica y más allá, llegaremos a nivel de crisis humanitaria si no hay un redireccionamiento y don Carlos no está escuchando”, aseveró.


José Oviedo, de la UNAG. (Foto: Katya Alvarado)

“El gobierno no escucha a nadie”

“Hemos enviado cartas, las pasan al Viceministro de la Presidencia y ahí no pasa nada” lamentó José Oviedo, secretario de la Unión Nacional de Productores Agropecuarios Costarricenses (UNAG), instancia que forma parte del Encuentro Social Multisectorial que también agrupa al bloque sindical Patria Justa.

“El gobierno no escucha a nadie, solo a Uccaep, lo decimos todos los sectores. Cuando se trata del agro solo escucha a la Cámara Nacional de la Agricultura y la Agroindustria (CNAA), que va con Upanacional”, subrayó.

Oviedo, de manera muy puntual, se refirió a los problemas que atraviesan las familias campesinas, “los que están peor son los que arrastran deudas” y recordó que cuando aún era precandidato, Alvarado firmó un documento en que se comprometió a ayudarles.

“Lo que buscamos -agregó- es que las familias no pierdan sus casas, a algunas lo único que les queda es el remate”.


Luis Chavarría, de Undeca y Bussco. (Foto: Katya Alvarado)

“Privilegia al sector empresarial”

También Luis Chavarría, secretario general de la Unión de Empleados de la CCSS (Undeca) y vocero del Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (Bussco), consideró que desde la huelga de 2018 fue notorio que el Poder Ejecutivo “no fue capaz de respetar ni sentarse a la mesa a negociar”.

Aseveró que “no hay diferencia entre el gobierno y la clase política, sino que en Costa Rica en los últimos años hay una tiranía política del Gobierno de no escuchar y no resolver nada. Eso está comprobado por los diferentes sectores sociales y populares del país”.

Chavarría observó que es “evidente” que la administración Alvarado “privilegia al sector empresarial”, el cual “parece que pasó su sede a la Casa Presidencial”.

“Es el dinero el que manda. Son los empresarios los que en este momento ponen las condiciones que quieren y a consecuencia de ello se violentan los medios democráticos del país sin ninguna posibilidad de que esto se resuelva y por ello preparamos a la gente para que reclamemos en la calle”, sentenció.


Danny Villalobos, presidente de Fecon. (Cortesía: Danny Villalobos)

“Acción de cálculo político”

Danny Villalobos, presidente de la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (Fecon) reconoció que al inicio de la pandemia, “sabiendo que venían condiciones difíciles ya presentadas en el entorno internacional”, la administración Alvarado creó espacios de escucha e incluso esa organización participó en uno de ellos. Pero con el paso del tiempo “la impresión es que fue una acción de cálculo político hacia los sectores que tradicionalmente el PAC trata de acercar, da la impresión de abrir espacios de diálogo, pero no se ha cumplido con ninguna garantía para tener resultados efectivos, pues inmediatamente empiezan a salir las presiones de la Uccaep y se dan respuestas muy inclinadas hacia ese sector”.

Sin tapujos, aseveró que “tenemos claro que el gobierno está alineado con los partidos tradicionales, con las políticas económicas del FMI, y con la oligarquía criolla” y criticó que soluciones planteadas por el grupo de Economistas Pluralistas “han quedado en la gaveta cuando vemos declaraciones del Ministro de Hacienda con una ruta que parece inamovible”.


 

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