Contenido y educado en terreno dócil, pero al borde del exabrupto cuando se le cuestiona acerca de las múltiples señales de tensión y crisis que existen en la relación de la Aresep con sectores como el de transporte público y el de energía, el regulador general, Roberto Jiménez, durante una entrevista con UNIVERSIDAD aseguró que “hay sectores que tiran a quemarlo a uno”.
En los escasos dos meses que lleva en el puesto, a Jiménez le tocó gestionar la puesta en tierra del nuevo modelo de tarifas para el servicio de autobuses, asistir a las presiones y al deterioro de la relación entre el entonces viceministro de Transportes, Sebastián Urbina, los empresarios del sector y a su posterior destitución; además, le estalló entre las manos la renuncia del Intendente de Energía, Juan Manuel Quesada.
“Yo no he frenado nada”, dice interrumpiendo y en tono molesto a la pregunta de por qué el modelo tarifario para buses (aprobado hace dos meses) todavía no se logró implementar y carga las tintas, una y otra vez, sobre la función del Intendente de Transportes, Enrique Muñoz.
Confiesa que la calidad del servicio es uno de los grandes pendientes en este modelo que se usará para calcular las nuevas tarifas de buses. A continuación, un extracto de lo que UNIVERSIDAD conversó este lunes con Jiménez.
¿Hace cuánto usted no viaja en autobús?
-Como tres meses.
En países como Estados Unidos y Suiza es común ver a altos ejecutivos utilizar el metro y otro tipo de transporte público. ¿Podremos algún día ver a nuestra clase media y alto viajar en transporte público?
-Hay que imaginarlo para construirlo. Debería ser posible.
Desde el punto de vista de procedimiento en Aresep, ¿cómo sigue el conflicto de las tarifas con los autobuseros?
-En general, la tarifa está para aplicarse. Se hizo un taller la semana pasada en la Aresep donde participó la Defensoría de los Habitantes, el CTP (Consejo de Transporte Público), el MOPT (Ministerio de Obras Públicas y Transportes), un representante por cada una de las cámaras empresariales, técnicos nuestros de la Intendencia de Transportes y asesores nuestros. Vale la pena indicar que los representantes de la Defensoría indicaron que ese proceso que fue de 4 días ha sido mucho más fructífero y enriquecedor que muchos procesos previos en donde no se da una verdadera interacción o relación.
¿Cuáles fueron las conclusiones?
-Ese proceso está concluyéndose. Lo que vimos es que esta metodología, en términos generales, es robusta, es buena y hay como dos o tres aspectos que uno podría estar considerando para la lógica de la mejora continua.
Pero, entonces, en este conflicto, ¿quién tiene la última palabra?
-No es conflicto. Simplemente es una discusión donde hay una metodología que fue aprobada hace varios meses, que debe aplicarse y que no le dio tiempo al anterior regulador aplicarla. Y que ahora tenemos de forma gradual con mucha base técnica, rigor y esfuerzo de trabajo iniciar su implementación.
¿Quién tiene la última palabra?
-Pues la Aresep. La metodología ya fue aprobada y le toca implementarla a la Intendencia de Transportes.
El proceso de cobro electrónico había quedado bastante avanzado en la administración anterior. Se había firmado una carta de entendimiento con el Banco Central, ¿por qué se frenó el proceso?
-Porque el CTP y el MOPT estaban interesados en analizar desde una perspectiva más amplia y con mayores alcances. Estamos viendo un borrador de nota de carta de entendimiento para retomar entre el Banco Central y Aresep ese tema del pago electrónico. Estamos muy entusiasmados y esperamos en los próximos meses echar a andar ese proceso que había quedado pendiente. Esperamos contar también con el MOPT que es muy importante en este proceso.
Muchos usuarios consideran que el transporte público es deficiente y caro para el servicio que presta. ¿Las nuevas tarifas permitirán mejorar?
-Hay un tema que es parte de los aspectos que yo como regulador hubiese deseado incorporar a la metodología, eran aspectos de calidad; o sea que las tarifas estuvieran con un factor o una variable que de acuerdo a ciertas reglas pudiese incidir en la tarifa a partir de una mala calidad. Ese tema de calidad ha estado ausente. A mí me toca implementar una tarifa que no considera esos aspectos. Espero, en ese proceso de mejora continua a futuro, que se integren temas de calidad.
¿En este momento esta metodología no considera la calidad en el servicio?
-Bueno, tenemos las vías convencionales, no a través de la metodología tarifaria. Tenemos todos los procedimientos que pueden plantear quejas y nosotros seguir los procedimientos. Incluso que pueden llevar hasta la pérdida de la concesión y eso se sigue manejando. Pero va de extremo a extremo, de algo que no establece incluso relaciones relativas en el número de personas que, por ejemplo, usan un autobús y el número de procedimientos que tienen por calidad. A mí lo que hubiese gustado que la metodología tuviese eran reglas de juego o reglas claras para decir “a partir de tantos procedimientos de falla de calidad que tengan las rutas por año, así se verá afectado un porcentaje, y que así sucesivamente conforme a la cantidad de efectos sean mayores afectar esa tarifa”.
Según la opinión pública que se refleja en redes sociales, los autobuseros tienen el poder de mandar en la Aresep y en el Viceministerio de Transportes. Una prueba de ello es que desde hace casi dos décadas el país no ha logrado aprobar un nuevo modelo tarifario. ¿La Aresep tiene el poder de concretar un nuevo modelo o no?
-Bueno, según la ley, sí lo tenemos y estamos en proceso. Lo que nosotros queríamos era primero conocer. Yo tengo dos meses cumplidos al día de hoy. Como bien lo dice usted, se tienen más de 20 años de no aplicar una metodología tarifaria y yo con dos meses algunos sectores me empujan a aplicarla cuando las consecuencias de lo bueno y lo malo le corresponde al regulador tenerla sin ni siquiera tener dos meses de estar acá y sin comprenderla y entenderla suficientemente. Entonces, ese inpasse era prácticamente para poder comprenderla, analizarla, crear sensibilidades, estudiarla y tener criterio sobre ella.
En marzo, se probó el nuevo modelo; sin embargo, usted lo frenó hace pocos días…
-No. Un momentito. Que quede claro. Yo no he frenado nada. Absolutamente nada. La pregunta que yo le diría a usted sería: si se aprobó en marzo, ¿por qué en abril no se aplicó? ¿Por qué no se aplicó en mayo antes de entrar yo? Porque no están los suficientes datos para aplicarla de facto. Hay procedimientos qué seguir de gradualidad. Entonces, no es cierto que haya congelado ni que haya parado. Estamos haciendo los planes de trabajo para su implementación. Incluso, la capacidad para poderlo desarrollar es gradual y no se puede implementar de una sola vez. No por mi parte, sino por la Intendencia de Transportes. Ellos no tienen la suficiente capacidad personal ni información suficiente para aplicarla de una sola vez. Eso que quede muy claro, que no la aplico yo, la aplica la Intendencia de Transportes.
¿Por qué le han señalado que es usted quien ha frenado el nuevo modelo? ¿Se ha malinterpretado la información?
-Diay, tal vez. No lo tengo claro ni puedo opinar sobre eso, pero yo creo que es propio de una persona que llega en menos de dos meses, hay una nueva metodología que es de las más importantes para el país y que tiene más de dos décadas de no aplicarse, y me toca a mí la responsabilidad de aplicarla, estudiarla por lo menos por 15 días. Mientras que durante seis o muchos años no se aplicó y llegando no más sin conocerlo y que me digan que tengo que aplicarlo me parece injusto e irracional.
¿No está vigente ahora?
-Sí está vigente. Está en proceso de aplicación por la Intendencia. Está preparándose toda la información. Es que es un plan de trabajo que están elaborando.
Usted declaró que el nuevo modelo tarifario se podría aplicar en dos meses.
-Ese trabajo lo está elaborando la Intendencia de Transportes, que es a quien le corresponde aplicarla. Ellos hicieron un avance-presentación de su implementación a la junta directiva el jueves anterior, y este otro jueves presentarán la calendarización de esa implementación junto con los recursos necesarios para poderlo hacer.
¿Está seguro de que estará listo en ese tiempo?
-Depende de la Intendencia de Transportes. De sus capacidades. Creo que algunos casos sí se pueden aplicar.
¿Habrían modificaciones a la medida de los autobuseros?
-No se puede hacer ninguna modificación. Aclaremos, la metodología se va a aplicar a como está. Para poder hacer un cambio que transforme elementos de fondo que fueron vistos en audiencia pública solamente mediante una audiencia pública se pueden ver.
Más allá del tema de transportes, el intendente de Energía, Juan Manuel Quesada, presentó su renuncia por un conflicto con usted y señala que usted le crea condiciones de desconfianza y desinformación. ¿Cuál es su versión del tema?
-Al señor intendente aquí lo tuve a las 7 de la mañana como 20 ó 15 veces siempre. Yo lo que hice fue hablar con toda tranquilidad con él. Yo lo que hice fue retomar las actividades que le corresponden al regulador general que, lamentablemente por criterio del anterior regulador, distribuyó entre los diferentes intendentes. A mí me parece, y la misma opinión pública de Costa Rica pedía y exigía, que el nuevo regulador asumiera la labor que le competía. Y eso fue lo que hice, asumir en diferentes ámbitos la labor y representación del regulador.
No sé por qué dijo eso. Incluso cuando se dieron algunas situaciones le di el apoyo a él y le indiqué que no se fuese si no era para beneficio de él, si no que se quedara acá. Fue su decisión y con gran sorpresa llegó y dijo eso. No lo entiendo.
Tiene ahora una crisis seria en transporte público que ya cobró la salida de un viceministro y ahora se evidencia una crisis con el intendente de Energía dentro de la misma Aresep…
-¿Por qué me estás haciendo esas relaciones de crisis? No me haga dos relaciones que no tienen nada que ver. Primero, la crisis de transporte público corresponde a un problema de país que es el de la infraestructura que no se ha hecho, un crecimiento de la flota vehicular, un desorden del ordenamiento del territorio y a un conjunto de políticas públicas que no se asumieron. Nosotros lo que hacemos a partir de eso es aplicar las tarifas que nos definen esas políticas y esas acciones. Ese es el ámbito de acción de nosotros. Si el CTP y el Ministerio de Transportes no llevan a cabo una política lo suficientemente apropiada, lamentablemente no podemos aplicar ese instrumento económico que es la tarifa para beneficio de la colectividad. Pero la crisis no está en nosotros, está en la definición y en las acciones de política pública. Eso es independiente absolutamente a la renuncia de alguien. No podemos ligarlo así.
¿Está en crisis su liderazgo?
-No, señorita. Para nada. Todo está muy bien. ¿Por qué le quiere dar a todo ese matiz de crisis? Lo importante es que estamos desarrollando un alineamiento estratégico que no existía en el pasado. Tenemos un plan estratégico en donde se establecen todas las funciones, actividades, enfocados hacia el servicio a la sociedad que lamentablemente los medios no visualizan y no desean ver.