Miguel Aguiar, director del Sistema de Banca para el Desarrollo

 “No hay dinero sin usar”

“Los fondos del sistema están comprometidos para su colocación incluso en el 2018”, afirmó.

 

Si bien a diciembre de 2017 el Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) tenía un saldo en cartera de ¢321.256 millones (alrededor de $500 millones a un tipo de cambio de ¢572), su director ejecutivo, Miguel Aguiar, afirmó que el dinero ya se encuentra comprometido para ser colocado en el presente año.

De este modo, desdijo cierto discurso que, al calor de la campaña electoral, ofrece poner en ejecución fondos que supuestamente estarían ociosos.

Miguel Aguiar, director ejecutivo del SBD: “El 22% de los recursos totales del SBD se canalizaron a mujeres”.

En entrevista con UNIVERSIDAD, también afirmó que la aprobación, en el 2015, del reglamento de la ley que creó ese sistema ha permitido aumentar la colocación de crédito que el año pasado alcanzó los $746 millones (¢422.333 millones).

Por ley, los tres fondos de los que se compone el SBD están dirigidos a financiar e impulsar proyectos productivos viables de emprendimientos, microempresas, microcréditos, pymes, mipymes agropecuarias y modelos asociativos empresariales.

Además, Aguiar afirmó que, también como indica la ley, el dinero se destina prioritariamente para apoyar los proyectos impulsados por mujeres, personas adultas mayores, minorías étnicas, personas con discapacidad, emprendimientos juveniles, asociaciones de desarrollo y cooperativas; así como microcréditos que son atendidos por microfinancieras en zonas de menor crecimiento relativo. A continuación, la entrevista.

En la campaña electoral, hay quien afirma que el SBD tiene $500 millones de dólares sin prestar y que, de ganar las elecciones, colocarían ese dinero, por ejemplo, en beneficio de jefas de hogar. ¿Es cierto que existe ese dinero sin usar? Si es así, ¿por -qué no se presta?

–La afirmación no es precisa. Por medio de 55 entidades, el SBD ha otorgado financiamiento por la suma de $746 millones a diciembre del 2017 (lo que equivale a ¢422.333 millones), a través de los tres fondos que fueron creados por la Ley 9274.

El SBD tiene tres fuentes de fondeo: el Fideicomiso Nacional para el Desarrollo (Finade), el Fondo de Financiamiento para el Desarrollo (Fofide) y el Fondo de Crédito para el Desarrollo (FCD o también llamado “Peaje Bancario”).

A través del Finade se otorgaron $273 millones a diciembre del 2017, mientras que por medio del Fofide fueron de $162 millones.

Con los recursos del llamado “Peaje Bancario” se otorgaron créditos por la suma de $311 millones a diciembre del 2017, a través de los bancos públicos administradores del FCD o en función de lo establecido en el inciso ii) del artículo 59 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional (Ley 1644), bajo el cual, los bancos privados pueden disponer de los recursos en forma directa y colocarlos en los beneficiarios de la Ley del SBD.

Los bancos privados que se acogieron a ese inciso tienen una programación de colocación de los recursos para los dos próximos años y está previsto que coloquen $88 millones. Esta misma cantidad deberá tomarse del FCD y ser devuelta hacia esas entidades financieras.

La disponibilidad de recursos del Finade es de $18 millones, los cuales ya están comprometidos para ser colocados en el 2018.

En cuanto al Fofide, que es administrado por cada banco público, se fondea con el 5% de las utilidades anuales de esos bancos y ya está comprometido para el año 2018. Cabe destacar que actualmente el Fofide tiene una cartera de crédito por $162 millones. Sin embargo, el patrimonio de este fondo es de $133 millones. Eso significa que a la fecha, los bancos públicos han prestado más allá de la obligación mínima establecida por Ley 9274.

Esta ley, que define a los beneficiarios de los recursos del SBD en sus artículos 6 y 7, considera entre los grupos prioritarios a las mujeres. El artículo 8 define el acceso equitativo para las mujeres en el sistema en cuanto a crédito, avales, condiciones y servicios de desarrollo empresarial. Por ello, el 22% de los recursos totales del SBD se canalizaron a mujeres.

Tanto la Ley 9274 como su Reglamento consideran como principal requisito de acceso a los recursos del SBD que los beneficiarios tengan un proyecto productivo viable.

¿Cuáles son los motivos más repetidos por los que se rechazan solicitudes?

–El SBD se ha enfocado en generar esquemas de inclusión financiera que permitan atender una mayor cantidad de mipymes que antes estaban excluidas por el Sistema Financiero Nacional, por ser informales o por los años de operar, por citar dos ejemplos. Es por ello, que el SBD cuenta con entidades reguladas y no reguladas por la SUGEF, lo cual, le permite abarcar el mercado con una amplia oferta de productos crediticios.

La colocación que realiza el SBD es bajo el esquema de “segundo piso”, es decir, a través de operadores financieros acreditados. Corresponde a estas entidades indicar cuales son los principales motivos de rechazo, en virtud de que existen diferentes modelos de negocio. No obstante, todas deben adecuarse al artículo 1º de la Ley 9274, que establece que los proyectos productivos a financiar deben ser viables.

Quien gane las elecciones en abril, con solo la voluntad de hacerlo, ¿podrá colocar o usar más rápidamente los fondos del SBD?

–El SBD colocó los recursos a una tasa de crecimiento del 54% a diciembre del 2017, la cual es superior a la que mostró el Sistema Financiero Nacional. Según los datos del Banco Central, en lo referente al crédito interno total otorgado por el sistema financiero, fue del 9%.

Ciertamente, la disponibilidad de recursos del SBD tiende a reducirse, por lo que se requerirá un mayor compromiso del Gobierno para asegurar la disponibilidad de fondos y gestionar nuevos financiamientos vía organismos internacionales que presten a tasas blandas, para canalizar ese beneficio a las mipymes, a través de créditos con tasas competitivas.

Desde que se aprobó el reglamento de la ley, ¿de qué modo ha mejorado la asignación de fondos? ¿Puede mejorarse más la ley? ¿Cómo?

–El SBD pasó de tener $124 millones de saldos de préstamos activos en 16.189 operaciones de crédito, en diciembre del 2014, a $567 millones en 42.612 operaciones en diciembre del 2017. Esto es un crecimiento de un 359% en saldos y de un 163% en cantidad de operaciones de crédito.

Se logró, además de un crecimiento sostenido del SBD, mejorar el indicador de morosidad legal mayor a 90 días de la cartera del SBD.

También, se logró ampliar la red de operadores y agentes colocadores de 34 a 55 en el mismo período.

Se logró, además, colocar recursos del “peaje bancario” por $304 millones en 28.893 operaciones de crédito, tanto a través de los bancos administradores del FCD como de tres bancos privados que decidieron operar directamente o a través de agentes colocadores.

¿Cómo se comporta la capacidad de pago de quienes recibieron préstamos?

–El comportamiento del pago entre los beneficiarios del SBD ha sido muy satisfactorio en los tres últimos años. El índice de morosidad se redujo de 10,94% en 2014 a 2,48% el año pasado.

¿Cuál es el balance de la experiencia para el sector agropecuario?

–A diciembre del 2017, de la cartera total colocada, el 49% de los recursos fueron orientados al sector agropecuario. Un 51% de los recursos están en regiones rurales fuera de la meseta central y un 31% se orientó a cantones que presentan un Índice de Desarrollo Social catalogado como “muy bajo” y “bajo”.

Con esto se le da cumplimiento al artículo 37 de la Ley 9274, el cual indica que al menos el 40% del financiamiento del sistema se destinará a proyectos agropecuarios, acuícolas, pesqueros, agroindustriales o comerciales asociados, excepto si no hay demanda por tales recursos.

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