“Nos han hecho creer que nuestro país del ‘pura vida’ no corre ningún riesgo, que la democracia siempre estará allí, que podemos sobrevivir cualquier mal gobierno y que toda esa historia de guerras y arbitrariedad quedó en el pasado, pero eso no es cierto”.
Con esas palabras, la magistrada de la Sala Constitucional, Nancy Hernández, exhortó a un grupo de abogados para que estén vigilantes de los acontecimientos en el sistema de justicia costarricense.
Hernández fue homenajeada por el Colegio de Abogados el pasado 20 de junio, en la actividad de incorporación de nuevos profesionales, y utilizó esa plataforma para pintar un cuadro tétrico sobre las amenazas que podrían doblegar a una de las democracias más sólidas de la región.
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A muchos les estorba la Constitución y los organismos encargados de ejercer los controles, en particular la Sala Constitucional”.
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En su discurso, la abogada recordó que, no hace mucho, en Costa Rica se detenían personas por el simple hecho de ser enemigos políticos y criticar al Gobierno, y que no es hasta los años ochenta, con la creación de la Sala Constitucional, que se conforma un contrapeso al ejercicio arbitrario del poder.
Hernández fue testigo en primera fila de la peor crisis que ha sacudido al Poder Judicial, luego de que el caso conocido como el “Cementazo” salpicara a magistrados y exfiscales. Con pesimismo sobre el porvenir de Costa Rica, hizo una predicción: “El tema en Costa Rica no es si vamos a llegar a tener en el Gobierno una propuesta autoritaria, sino cuándo”.
Hernández es la única mujer con una silla en el tribunal más importante del país. La consiguió en el 2013, mismo año en que su exjefe y mentor, Luis Paulino Mora, falleció de una neumonía.
Este es un extracto de la entrevista con UNIVERSIDAD, una semana antes de que la Corte decida el futuro de los magistrados de la Sala III. Sobre ese caso, pidió que no se le hicieran preguntas, porque aún está en discusión.
¿Por qué considera que el debilitamiento del aparato judicial es un tema más grave que el déficit fiscal?
–Vivimos una crisis de la democracia y del estado de derecho en el mundo, producto del populismo y autoritarismo. Si usted lee las investigaciones de los últimos 10 años, hay un significativo retroceso de las democracias en el mundo. Autores como Fareed Zakaria, Yascha Mounk y Samuel Huntington, entre otros, han descrito el fenómeno con claridad. Lo que está pasando es que bajo el ropaje de la democracia, es decir, de mecanismos de elecciones libres, están llegando propuestas que, una vez en el poder, promueven valores antidemocráticos y amenazan con convertir países con tradición democrática en países autoritarios. Eso pasa cuando no han existido contrapesos efectivos en el sistema democrático, en particular del estado de derecho, que eviten con éxito la violación a las libertades fundamentales, tales como la protección de la autonomía, libertad y dignidad de las personas, el abuso de poder, el respeto a la propiedad privada y demás derechos económicos y fundamentales. Antes esto venía sucediendo en democracias consideradas débiles, pero, en los últimos años, hemos visto el avance de propuestas autoritarias en democracias hasta ahora consideradas sólidas, tanto en Europa como en América. Y es que, una vez que se pierde la institucionalidad democrática, recuperarla puede ser imposible. En cambio, el tema del déficit fiscal es un fenómeno que hemos enfrentado y vencido en el pasado, que es recuperable. Tenemos amenazas más fuertes y no las vemos. La única vacuna contra el autoritarismo y otros males actuales es la solidez del estado de derecho, y ello en gran parte depende de un sólido sistema de justicia, pero en la actualidad nuestro sistema de justicia, en general, se ha venido erosionando.
El tema en Costa Rica no es si vamos a llegar a tener en el Gobierno una propuesta autoritaria, sino cuándo. Y ante eso lo único que puede servir para rescatar la democracia es que los contrapesos del sistema hagan respetar la Constitución y la ley, y eso depende principalmente de un sólido Poder Judicial, capaz de hacer valer la fuerza de la Constitución y la Ley. Ese Poder Judicial, que el Estado de la Nación califica en su primer informe del Estado de la Justicia como clave del desarrollo democrático y económico del país en el siglo XX, se ha venido debilitando y está enfrentando una crisis sin precedentes. Espero que nunca nos toque la experiencia de tener un gobierno autoritario, pero, con débiles contrapesos, no se puede sostener la vigencia de la Constitución y las libertades fundamentales. Sería receta para un desastre.
¿Desde cuándo se viene debilitando? ¿Qué se ha perdido en los últimos años?
–Es difícil decir exactamente cuándo, pero definitivamente tiene mucho que ver con el deterioro de los partidos políticos y la falta de una carrera parlamentaria que garantice a la sociedad que los representantes de la patria sean, en general, demócratas, que crean en la independencia judicial y la necesaria solidez del estado de derecho. A partir del intento de remoción de un magistrado de la Corte por su pensamiento ( a manera de censura), mi opinión es que todo ha ido cuesta abajo. Pero no solo es un tema de política, sino de cambio en la cultura de la sociedad. Las reglas del derecho se ven como estorbo, no como garantía de seguridad jurídica, de control de la arbitrariedad. Se ha perdido la claridad en la sociedad de que el desarrollo económico y democrático dependen de la solidez del estado de derecho y de la independencia de la justicia. A muchos les estorba la Constitución y los organismos encargados de ejercer los controles, en particular la Sala Constitucional. Considero que hay que tener cuidado en no confundir las verdaderas trabas que tiene el Estado, y que sin duda se deben resolver, con eliminar o debilitar los contrapesos necesarios que tienen que existir en toda democracia para su vigencia.
Durante el siglo XX, el fortalecimiento de la administración de justicia fue vista como una inversión necesaria, como una garantía, ahora se ve como un “gasto”. En un entorno tan hostil de proliferación de organizaciones criminales, sicariato, trata de personas y la amenaza mundial del populismo y autoritarismo, la única apuesta posible es fortalecer el sistema de justicia en general. Hay que blindar el sistema judicial contra esta penetración, fortaleciendo la carrera judicial, la calidad técnica profesional de la policía, los jueces y, en fin, de toda la cadena del sistema, porque, si el crimen organizado y la corrupción se afincan en el sistema de justicia, perdemos el país.
Lo que nos ahorremos en justicia lo vamos a pagar con intereses en inseguridad y descomposición social, lo que definitivamente va a afectar también el clima de negocios, en particular el turismo. El sector empresarial se preocupa por el déficit fiscal y no se da cuenta de que, una vez que se pierde el estado de derecho, entre las primeras víctimas está el clima de negocios, a manera de ejemplo, lo que está pasando en Nicaragua y Venezuela.
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El tema en Costa Rica no es si vamos a llegar a tener en el gobierno una propuesta autoritaria, sino, cuándo”.
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¿Se refiere a que las personas que llegan a la Asamblea deberían tener mayores requisitos o que esto se impulse voluntariamente desde los partidos?
–La Asamblea Legislativa es fundamental para cualquier democracia. En nuestro país tiene mayor peso que los demás poderes de Estado, por diseño del constituyente. La calidad de los representantes de la patria es fundamental. Entre mayor sea el conocimiento sobre el funcionamiento del estado constitucional de derecho, mayores garantías tendremos de que las leyes y demás actos legislativos, incluido el respeto a la separación de poderes, sean adecuados. Como sociedad, debemos debatir si el sistema de elección de diputados por lista cerrada es el mejor sistema. Por ejemplo, entre mejor sea el nivel de los diputados y diputadas, mejor será el proceso de elección de magistrados, porque tendrán visión del peso institucional que tiene la administración de justicia para el desarrollo económico y la estabilidad democrática del país.
¿Usted es del criterio de que debería haber una regla que permita cierto nivel de escolaridad o conocimientos sobre el funcionamiento del Estado?
–El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) tiene un Instituto de Formación y Estudios en Democracia (IFED). Estimo que debería diseñarse un curso básico sobre el funcionamiento de la democracia y el Estado que todo aspirante a puestos de elección popular deba llevar y aprobar como requisito previo a que se acepte una candidatura. Lo anterior independientemente del nivel de escolaridad u ocupación.
En las diferentes encuestas se les pregunta a los costarricenses sobre el principal problema del país, pero nadie cita al “debilitamiento de la justicia”. ¿Qué ha pasado para que este tema no venda tanto o no se perciba?
–Definitivamente es una falla del sistema educativo, combinado con una falta de capacidad de leer el entorno mundial. Desde hace más de 60 años vivimos en un sistema que garantiza las libertades fundamentales y la democracia, y creemos que siempre va a ser así. No valoramos ni cuidamos lo que tenemos. Don Pepe decía: “Las grandes influencias benefactoras, como la luz solar y el sistema jurídico, generalmente se disfrutan, pero no se aprecian”.
En estos tiempos, el tema del ahorro en el sector público gana adeptos y, cuando una institución anuncia recortes, gana aplausos. ¿Cómo determinar cuándo se está recortando de más?
–El Poder Judicial ha venido desde hace más de 8 años en un proceso de recortes y contención del gasto, al mismo tiempo que se le asignan más responsabilidades vía legislativa, sin el contenido económico para asumir esos gastos. Los últimos dos ejemplos son la Ley de Maltrato Animal y la creación de la Jurisdicción de Crimen Organizado. En la situación actual, con las responsabilidades que tiene la administración de justicia, hacer recortes radicales es comprometer el servicio y la seguridad del país. Hay un mínimo vital que garantizar, el cual, a partir de ahí, como le digo, repercute en la paz social. En este momento, más del 50% del presupuesto del Poder Judicial está asignado a materias que tienen que ver con la violencia social, en particular con el sistema penal. Si el Poder Judicial compromete cada vez más su efectividad, eso se verá proporcionalmente reflejado, negativamente, en la sociedad.
Usted también dijo que “no invertir en estos momentos en el sistema de justicia significa dispararnos al pie”. ¿Puede ser más específica?
–A eso me refiero, con los niveles de violencia que estamos viviendo, en particular, la proliferación de organizaciones criminales. A eso súmele el aumento en la corrupción a gran escala y el hecho de que se atienden (masivamente) en el sistema de justicia las poblaciones de mayor vulnerabilidad (mujeres cabeza de hogar que necesitan pensión alimentaria, con problemas de violencia doméstica, por ejemplo). Si estos conflictos no se gestionan adecuadamente, en plazos razonables, por los mecanismos del estado de derecho, va a repercutir en un mayor aumento en violencia y descomposición social.
¿Todavía se puede hablar de Costa Rica como la democracia más sólida de Latinoamérica?
–Sí y espero que siga siendo así. Pero no estamos vacunados contra el autoritarismo. Nadie lo está.
¿Es usted pesimista acerca del futuro? ¿Llegaremos a un punto en que los contrapesos no funcionen?
–Va a depender en mucho de los esfuerzos de este gobierno y de la actual Asamblea Legislativa. En los próximos 2 años, la Corte prácticamente se va a renovar. Eso puede ser para bien o para mal. Don José Figueres Ferrer, al constituir la Segunda República, procuró traer a los mejores juristas y darles garantías sólidas de independencia y dignidad en el cargo. Me preocupa que el sistema de justicia enfrenta su peor crisis y no se ha medido el impacto que ello tiene transversalmente en el sistema democrático y en el desarrollo económico del país. Un sistema de justicia ineficiente es un lastre para el desarrollo del país. No puede haber una reforma efectiva del Estado si no se reforma y fortalece el sistema de justicia. Ese tema ha sido el gran ausente de los esfuerzos de reforma del estado hasta la fecha.
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Hoy en día es más fácil obtener un derecho ante un juez, que ante un político local o nacional”.
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¿Por qué Costa Rica es más vulnerable hoy que hace 10 años al autoritarismo? ¿Qué hicimos o dejamos de hacer?
–Como le dije, la amenaza del autoritarismo es un fenómeno mundial. Alexis de Toqueville, en su libro Democracia en América, decía que las democracias tienen debilidades propias, sus propios anticuerpos internos, capaces de hacerlas implosionar. Señalaba que los beneficios de la democracia se miden a largo plazo, pero el peligro está en que las personas esperan beneficios a corto plazo. Esa visión cortoplacista es la que temía que hiciera que las personas perdieran la fe en el sistema. Es claro que las democracias generan altas expectativas sobre una serie de derechos que cada vez se hacen más difíciles de satisfacer. A esto Toqueville le llamó el lado débil de la democracia. Hay que reconocer que, cuando la democracia es disfuncional, encierra un peligro latente, que no se resuelve con la promoción de los mecanismos formales, y que requiere la vigencia plena de una democracia constitucional, por lo tanto inclusiva, participativa, equilibrada y respetuosa de los derechos fundamentales de las personas y capaz de controlar el ejercicio del poder.
En gran parte, actualmente los derechos se satisfacen a través del sistema judicial que se ha convertido en una válvula de escape social, en una respuesta ante la disfuncionalidad de nuestro Estado. Hoy en día es más fácil obtener un derecho ante un juez, que ante un político local o nacional. Ante la inactividad del Estado y de la política, las demandas sociales han encontrado un nuevo espacio para ser exigidas y ello ha convertido a los jueces, en particular, los constitucionales, en instrumentos capaces de generar cambio social con gran éxito, lo cual ha derivado, en algunos casos, en la juridificación misma de la justicia distributiva, que, dicho sea de paso, está en crisis. Este es un fenómeno que también pasa en otras latitudes, donde los jueces han tenido éxito donde ha fracasado la política, de allí que es común ver cómo cada vez con mayor frecuencia los grupos sociales procuran obtener por medio de sentencias judiciales lo que no fue atendido a través de las autoridades de Gobierno llamadas a hacerlo. La lista es grande: medicinas, operaciones, puentes peatonales, alcantarillado sanitario, agua, aceras, derechos laborales, luchas ambientales, derechos de grupos minoritarios.
En un escenario así, hay que tomar en cuenta estos factores a la hora de hablar de reforma del Estado. La justicia debe jugar un rol central en esa discusión y procurarse su fortalecimiento. Sin eso, no hay reforma del estado que valga, de ello depende también la solidez de nuestra democracia.
