- El diputado asegura que la intención legislativa no es someter a las universidades a un linchamiento público, sino que se escuche el llamado de una población que pide mejoras en la administración de los recursos públicos.
Wagner Jiménez Zúñiga es el diputado del Partido Liberación Nacional (PLN) que preside la comisión especial que estudia el financiamiento de las cinco universidades públicas en el Congreso. Jiménez es profesor de Español y esa práctica marcó su interés en temas de educación.
En “la comisión del FEES (Fondo Especial para la Educación Secundaria)” -como se le conoce popularmente-, Jiménez asegura que las intenciones son claras y que la idea principal es fortalecer a las universidades públicas a través de un estudio profundo que permita mejorar el uso de los recursos.
Descarta que se trate de una intromisión a la autonomía universitaria y más bien apunta a la idea de llevar a las élites académicas el clamor de muchas otras personas, incluidas las de zonas más alejadas, como su cantón Coto Brus.
Como presidente de la comisión especial habla con emoción sobre su camino. Dice que el estudio desembocará en proyectos de ley y recomendaciones formales, motivo por el que descarta que el tema se trate de un show político o algo por el estilo.
Por el contrario, asegura que sus ánimos son conciliatorios.
Afirma que la comisión “no está antagonizando a las universidades públicas” y más bien asegura que las universidades ya hacen muy bien su trabajo: “una universidad pública debería ser lo que ya es”, asegura (aunque expone incomodidades con la repartición actual de sus recursos).
¿Por qué estudiar el financiamiento de las universidades públicas en este momento? ¿Cómo nació el interés de estudiar este tema y por qué precisamente en este año?
— Yo diría que hay algunos factores interrelacionados que permitieron abrir esta comisión. Uno de esos factores interrelacionados fue la discusión fiscal. En virtud de que Costa Rica estuvo al borde del despeñadero económico. Detectamos que la forma de estabilizar las finanzas públicas no dependía únicamente de pedir más impuestos, sino también de contener el gasto.
Además, hubo un conjunto de publicaciones que motivaron esto, como la participación del rector Salom con respecto a la polémica Plaza de la Diversidad (una amplia remodelación cuyo costo rondaba los $14 millones). A partir de ese momento, se suscitó una necesidad imperiosa de analizar a profundidad la administración del FEES, con motivos exclusivamente de ofrecerle lentes a las autoridades académicas y a los Consejos Universitarios desde una perspectiva popular.
Otro factor, por supuesto, fueron las denuncias de estudiantes de sedes regionales sobre incumplimientos y cierres de carreras, como sucedió en Limón o en Puntarenas. También se encuentra la aspiración de que el Tecnológico (ITCR) pueda construir una sede en la Región Brunca, donde ya están los estudios, pero aún no aparecen los recursos, unos ¢6.000 millones.
Todo esto motivó esta comisión junto con una presión importante de los diputados de las zonas rurales del país, que también piden presencia institucional de la academia en sus comunidades.
Sin embargo, se critica mucho que ustedes (los diputados) tienen una visión “muy fiscalista” de las universidades públicas. ¿Lo ven así?
— Los medios de comunicación, la opinión pública, los políticos, todos estamos en la obligación de fiscalizar el destino de las finanzas públicas y de los impuestos de los costarricenses, pero la intención original en la comisión, bajo ninguna circunstancia, era someter a las universidades a un linchamiento público, ni a un escrutinio que evidencie realidades que afecten la moral o el orden personal de las autoridades que dirigen las universidades. Lo que buscamos, genuinamente, es que cuando ofrezcamos estos lentes ciudadanos, haya escucha de las universidades. La capacidad de receptividad es vital por parte de las autoridades en un mundo moderno en el que todos tenemos acceso a la información y deseamos formar parte de la visión académica, en este caso, de las universidades.
En esta comisión no he escuchado un interés de disminuir los recursos del FEES ni de debilitar a las universidades, sino de que se nos escuche y de que se nos tome en consideración en ese círculo cerrado de la élite académica, donde se toman las principales decisiones del futuro universitario.
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En esta comisión no he escuchado un interés de disminuir los recursos del FEES ni de debilitar a las universidades, sino de que se nos escuche y de que se nos tome en consideración en ese círculo cerrado de la élite académica.
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Ha habido cierta insensibilidad de los que toman decisiones a lo interno de las universidades públicas en relación con la realidad financiera del país que vive un contexto de crisis. Por eso el reto es que todos contribuyamos.
¿Qué deberían escuchar las universidades que no se haya escuchado antes?
— Personalmente, creo que está, por ejemplo, la urgencia de atender la demanda de las regiones, donde no hay presencia institucional. Además, pediría responder con mayor transparencia por qué no todas las personas que logran aprobar el examen de admisión logran ingresar a la educación superior pública y por qué existe ese cuello de botella que implica que muchos jóvenes costarricenses tengan que hipotecar su futuro en universidades privadas, a sabiendas de que hoy en las universidades públicas existen recursos que se podrían utilizar para trabajar en esto.
Esas son mis dos motivaciones principales para contribuir en este debate, pero también creemos que la inversión de las universidades debería de contemplar la opinión pública con mayor vehemencia y quién más autorizado para brindar esa opinión que un legislador. Muchos de nosotros tenemos formación superior y conocimiento de ella.
En los círculos académicos muchas personas concuerdan con la visión de varios diputados acerca de llevar la educación superior, en igualdad de condiciones, a otras zonas del país y de aumentar el alcance de programas como becas. Sin embargo, siempre se argumentan limitaciones económicas. ¿Qué hacer al respecto?
— La Contraloría General de la República y el Ministerio de Hacienda han señalado que existen montos de dineros que se generan y se convierten en superávits, que las universidades están empleando para colocar en títulos valores. Desde mi perspectiva y la de muchos legisladores integrantes de la comisión, creemos que esa distribución de recursos podría generarse desde los superávits, que ocasionan que las universidades coloquen esos títulos.
También creemos en que existen otras posibilidades, como lo recomendó la Ministra de Hacienda, para que las universidades públicas exploren otras fuentes de financiamiento. Estas fuentes les permitirían obtener ingresos adicionales en contribuciones nacionales e internacionales, en contrataciones con el Estado y demás. Pienso que, ante los principios de austeridad de este gobierno, tendríamos que ser más creativos.
¿Y cómo va a ayudar esta comisión en todos estos debates? ¿Qué le va a dejar esto a las universidades? ¿Cómo piensan incidir con este trabajo?
— El camino de la comisión es ofrecer soluciones al mejoramiento cualitativo y cuantitativo de la administración del FEES y yo veo dos caminos: el primero es que gran parte de las posibles debilidades a lo interno de las universidades se pueda resolver a través de iniciativas de ley que se impulsen acá en la Asamblea Legislativa o a través de otras ya existentes. El segundo camino es la posibilidad de que nuestro informe sirva como insumo para el Conare y los consejos universitarios, con una amplia exposición y un principio amplio de publicidad, para que los costarricenses se enteren de que este es un interés genuino.
Hoy, nadie está discutiendo la generación de conocimiento como bien público de las universidades estatales para el desarrollo nacional. Tenemos claro que las universidades fortalecen y apoyan la reactivación económica del país y que la universidad pública promueve, estimula y logra la realización personal de muchos jóvenes y adultos costarricenses. Sabemos que son la gran promesa de las familias para lograr ascender y crear movilidad social. Todo eso lo tenemos muy claro, y a raíz de ese principio rector y de esa idea, nos estamos moviendo hacia recomendaciones para mejorar sustancialmente su administración, ampliando su cobertura, disminuyendo brechas entre urbanidad y ruralidad, y demás.
Desde el punto de vista legal, ¿qué temas podrían reformar?
Por ejemplo, la semana anterior participó el Conare y encontramos que el Conare no posee una legislación para su funcionamiento. Conare es un convenio entre los rectores de las universidades públicas pero no posee una legislación que establezca cuáles son sus funciones, sus alcances o sus limitaciones en la naturaleza legal y jurídica. Son campos en los que podríamos consolidar y formar una legislación.
También está el tema, aunque no lo veo como algo que vayamos a hacer en este momento, de definir mejor los porcentajes de distribución del FEES entre las universidades. Hoy tenemos algunas que reciben porcentajes muy pequeños y que desean crecer, como decía con el TEC, que desea construir una sede en Brunca con recursos que no tiene. Habría que explorar esto.
El hecho de que ustedes busquen nuevos esfuerzos deja entrever que notan falta de proactividad a lo interno de las universidades. ¿Es así?
— Yo sí creo que hace falta autocrítica. No podemos pensar que las personas que ofrecen críticas constructivas sean nuestros enemigos, ni que la conformación de una comisión aquí en la Asamblea es para recortar el FEES cuando es todo lo contrario. Lo que nosotros buscamos es fortalecer las universidades públicas y escuchar a los diferentes sectores. Escucharemos a los mismos estudiantes y queremos que nos cuenten qué opinan ellos y cómo se sienten dentro de la universidad, cuáles piensan que son las principales soluciones que hacen falta y no nos hemos salido ni pensamos salirnos de estos ámbitos.
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Yo sí creo que hace falta autocrítica. No podemos pensar que las personas que ofrecen críticas constructivas sean nuestros enemigos, ni que la conformación de una comisión aquí en la Asamblea es para recortar el FEES cuando es todo lo contrario.
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Lo que sí nos ha extrañado, de alguna manera, es la actitud descalificadora de algunos académicos con respecto a la conformación de esta comisión.
¿En qué sentido?
— Por ejemplo, al decir que nuestras aproximaciones pueden ser peligrosas contra la autonomía universitaria. Esa es una afirmación que se ha hecho desde las élites universitarias, que se ha promocionado por los medios de comunicación y que nosotros no creemos que esto sea así. El enfoque que estamos dando es totalmente opuesto a la realidad imaginaria de algunas personas a lo interno de las universidades.
Ahora, esto se ve alimentado por muchas cosas que pasaron antes de conformar la comisión, como el recorte al FEES en el presupuesto de la República o críticas muy directas a inversiones de las universidades. Es justo pensar que había un ambiente crispado desde el inicio.
— Sí, yo creo que ese recorte y otro recorte que se dio para fortalecer el FEES fueron dos momentos que causaron esto. Aquí la principal molestia inició cuando el MEP decidió recortar ¢12.500 millones del presupuesto del MEP y trasladarlos al FEES. Esa fue la primera motivación de molestia en la Asamblea Legislativa. La otra motivación fue cuando la Comisión de Hacendarios decidió apoyar una moción del diputado Jonathan Prendas para disminuir el FEES por un monto de ¢10.000 millones y pagar deuda soberana con ese dinero.
Yo nunca estuve de acuerdo en esa utilización. En lo que sí habría estado de acuerdo era la posibilidad de que, una vez aprobada esa disminución, se devolviera de nuevo al MEP, no en lanzarlo al mar a pagar una deuda interminable que tiene el país.
Pero sí, yo sí creo que estos elementos activaron un escenario de crispación nacional.
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Nosotros no estamos antagonizando a las universidades públicas. Creemos en su modelo epistemológico, creemos en su acción social, creemos en su investigación, que debería fortalecerse, pero que incluye la investigación periodística, la investigación en salud, la investigación en educación, la investigación en infraestructura.
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Volviendo al tema de la comisión. ¿Qué se ha logrado en estos primeros dos meses en los que han tenido comparecencias con la Contralora, con la Ministra de Hacienda y con Conare?
— Creemos que estamos en un gran desafío porque tendremos que contrastar las cifras que nos han facilitado los órganos estatales y las universidades. Existen diferencias en las cifras que tendremos que someter a discusión porque hoy la Contraloría General de la República y Hacienda ofrecen datos de los cuales cualquier legislador, incluido yo, utilizaríamos como una fuente confiable. Lo mismo que el Estado de la Educación. Pero el Conare ofrece otros datos en relación con los mismos temas. Ese es el primer desafío que nos ha dejado todo esto.
Además, debemos resolver desafíos jurídicos, tanto en el ámbito de la autonomía universitaria como de la interpretación de conceptos como los superávits libres, específicos y acumulados. Ahí nos encontraremos ante una discusión y una gran discusión nacional, pues hoy los datos que se ofrecen son casi diametralmente opuestos y me preocupa que nos induzcan a error.
La comisión debe asumir esto con mucho compromiso y con mucha claridad, con un deseo genuino de que una vez que quede dilucidado cuáles son los datos correctos podamos ofrecer soluciones sobre los mismos.
Esta respuesta me llama muchísimo la atención porque, efectivamente, los datos se han convertido en un tema. A muchos diputados, actores políticos y universitarios — incluido usted como presidente de la comisión— se les acusa de utilizar datos de manera incorrecta y es difícil saber cuál es la interpretación más adecuada de los mismos. ¿Cómo hacer entonces para que no se embarriale la cancha con esto?
— La forma más correcta es que exista un debate serio, con respecto a la evaluación de las universidades.
Una conclusión que estoy obteniendo de esta discusión es esta. Hace poco leí un libro que se llama “En busca de la calidad académica” de Catherine Paradeise. Ella señala que hoy, en el mundo, existen dos regímenes de juicio para evaluar las universidades (públicas y privadas). Uno es endógeno, una autoevaluación interna, y el otro es el que utilizan las universidades excelsas, que es el régimen exógeno de excelencia.
Sería maravilloso aplicar esto en Costa Rica. Que logremos ver en el futuro instituciones de educación superior entre las primeras 100 universidades del mundo, realizando una evaluación de este tipo, que evitaría contradicciones de los datos, de las cifras, de los análisis y de toda esa vida universitaria. Creo que el Conare podría pensar en esta una opción futurista para el país y que podríamos recomendarlo a los Consejos Universitarios.
¿Una especie de auditoría que evite divergencias?
Sí, nosotros no estamos antagonizando a las universidades públicas. Creemos en su modelo epistemológico, creemos en su acción social, creemos en su investigación, que debería fortalecerse, pero que incluye la investigación periodística, la investigación en salud, la investigación en educación, la investigación en infraestructura… Por eso queremos ver mejores resultados, fortalecer la educación superior.
Para terminar, la pregunta más abierta que se me ocurre, pero que no puede faltar. ¿Qué debería ser, desde el punto de vista suyo, como legislador una universidad pública?
— Una universidad pública debería ser lo que ya es. Lo que ya están haciendo es muy bueno. Esa es mi principal conclusión. Creo que una universidad pública debería ser la promesa de un Estado Social de Derecho para exista calidad de vida de todos sus ciudadanos, para que exista compromiso social, para que exista realización personal y para que exista una verdadera democracia.
