No es cierto que los dineros para pobreza se estén trasladando para otros lados

No es cierto que la tendencia ha sido quitarles a los más pobres los recursos del Fondo de Desarrollo y Asignaciones Familiares (Fodesaf), ni que un diputado pueda por vía de presupuesto cambiar el destino de esos recursos, manifestó el director general del Fondo, Greivin Hernández Rodríguez, al contradecir declaraciones del administrador y exasesor legislativo Jorge Herrera Fernández (ver UNIVERSIDAD, N°2253 del pasado 7 de noviembre).

Hernández, director de la Dirección General de Desarrollo y Asignaciones Familiares (Desaf), dijo que Herrera hace afirmaciones equivocadas sobre temas que son muy sensibles y es importante aclararlas, máxime en un momento en que hay mucho celo sobre el tema presupuestario y las necesidades fiscales.

Fodesaf constituye el principal instrumento de la política social del país. Financia programas de vivienda, educación, salud y protección social orientados a los sectores de la población que se encuentran en estado de pobreza y pobreza extrema.

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“En algunas legislaturas se ha intentado presupuestar recursos de Fodesaf para darles destinos distintos a los señalados en la ley, pero, como es ilegal, esa intención no cuaja”.

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El Fondo –cuyo presupuesto para el 2018 alcanza los ₡610.000 millones– es administrado por la Desaf, dependencia técnica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), conforme establece la Ley N° 5562, reformada mediante la Ley N° 8783 del año 2009.

En la entrevista de UNIVERSIDAD titulada “Los fondos para los pobres son sacrificados”, Herrera denunció que hay una tendencia de los gobernantes a meterles mano a los dineros del Fondo de Asignaciones Familiares y usarlos para otros fines que no son los dispuestos en la ley, y mencionó algunos ejemplos.

Criticó el sistema utilizado, mediante el cual el Ministerio de Hacienda le trasfiere a Fodesaf los recursos que la ley le asigna, y Fodesaf, a su vez, le transfiere al Gobierno central recursos para programas sociales que se financian con el Fondo y los ejecutan instituciones del Estado, en vez de que el Fondo los gire directamente a los programas.

En su criterio, al volver a ingresar los recursos de Fodesaf al presupuesto del Gobierno central, se abre la posibilidad de que, por vía de presupuesto extraordinario, los diputados den un uso distinto a fondos que por ley están destinados a beneficiar a la población en pobreza, y de que el presupuesto no refleje la realidad de la inversión social por un doble registro de los fondos de los programas.

Por el contrario, el director de Desaf sostuvo que no es cierto que la tendencia haya sido quitarles los fondos a los más pobres. Más bien, desde el 2010 –tras la reforma de la Ley de Fodesaf– se ordenó la entrega de las transferencias y “Hacienda ha cumplido al pie de la letra”.

No es cierto tampoco que un diputado por vía de presupuesto puede cambiar el destino, aseguró, aunque reconoció que hubo intentos.

Muestra de que el trabajo se está haciendo bien, añadió, es el resultado de la reciente evaluación que se hizo del programa Puente al Desarrollo, del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), que monitorea el uso de los recursos de inversión social, el 80% de los cuales provienen de Fodesaf.

Asimismo, se puede ver en la última Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la cual mostró que el ingreso por transferencias estatales y becas subió 6%, mientras que el ingreso propio de los hogares (que la familia genera por sus propios medios) bajó un 11%, y la pobreza aumentó.

Eso quiere decir que, a pesar de que a las familias se les está haciendo llegar más dinero con recursos del Fondo, eso no compensa la caída por la situación económica del país y el ingreso propio de la gente, comentó Hernández.

A su vez, la evaluación de Puente al Desarrollo, que evaluó cómo les fue a las 57.000 familias que se atendieron en la administración pasada con dos programas sociales financiados por el Fondo, mostró que la mayor parte de ellas superó el nivel de pobreza o pobreza extrema; es decir, que en la práctica se puede constatar que la plata le está llegando a la gente que la necesita, recalcó Hernández.

Entonces “esta sensación que parece que tiene don Jorge Herrera, de que la plata del Fondo no está llegando, que se está trasladando para otros lados, nosotros decimos que no es cierto, que nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, que giramos a tiempo a las instituciones que tienen que ser, que controlamos y evaluamos; y, si no se nos cree, ahí está lo que dice el INEC, que confirma que el dinero está llegando”, aseveró.

El director de Desaf explicó que el Fondo se alimenta del recargo de planillas (5% de sueldos y salarios que pagan los patronos públicos y privados), y de las transferencias de Hacienda fijadas por ley (595.000 salarios base, unos ₡250.000 millones, del impuesto de ventas).

“Hacienda lo que hace es transferir esos recursos a Fodesaf o a las instituciones (que ejecutan los programas). Y lo que quizás genera la confusión es que en ocasiones, para agilizar, Hacienda les gira a las instituciones directamente, y por consiguiente a nosotros nos toca hacer el reintegro a Hacienda del giro previo (a esos programas financiados con fondos de Fodesaf).

Hay todo un proceso previo de aprobación. A las instituciones se les gira un presupuesto que ya ha sido aprobado por nosotros, con el plan anual operativo. Es un giro donde se encontró que lo más fácil era que Hacienda les girara a ellos y nosotros hacemos el reintegro a Hacienda.

Por eso se registra un reintegro a Hacienda, que previamente ya le había girado a la institución, y nosotros lo que hacemos es reponer ese dinero que ya se había girado a las instituciones”, señaló Hernández.

Al respecto, el jefe del departamento de presupuesto de Fodesaf, Jorge Rodríguez, quien acompañó al director en la conversación con este medio, amplió explicando que el mecanismo consiste en que el Gobierno central le transfiere a Fodesaf los 593.000 salarios a una cuenta de caja única, pero hay instituciones que ejecutan programas sociales a través del Gobierno central. A esas es a las que Hacienda les gira, como un adelanto para agilizar la ejecución de programas que se financian con recursos de Fodesaf.

“Entonces, cuando Hacienda gira esa parte a la unidad ejecutora, nosotros tenemos que reintegrarle, porque no son recursos del Gobierno central; son recursos de Fodesaf”, añadió.

¿No es lo mismo que dice el señor Herrera?

Hernández contestó que no es lo mismo, porque Herrera “dice que nosotros le estamos girando a Hacienda un dinero que no les está llegando a las instituciones. Y eso no es cierto”.

¿Y con ese mecanismo no se da una doble contabilidad de los recursos en el presupuesto?

–Rodríguez: No, porque en el presupuesto del Gobierno central están todos los recursos de las diferentes fuentes de financiamiento que tiene el Gobierno central, y hay un capítulo de transferencias de Fodesaf para los programas que este financia, y va la estructura de gastos de cada uno. Nada más que no es el Fondo el que les gira directamente a las instituciones que ejecutan los programas, sino el Gobierno el que gira del fondo general, pero Fodesaf tiene que reintegrar.

¿No debe girar Fodesaf directamente para poder controlar que los dineros se usan según lo dispuesto por la ley? ¿Ese mecanismo no da pie para que el Gobierno use los fondos a su propio criterio?

–Hernández: No, porque nosotros tenemos que presentar posteriormente una liquidación presupuestaria que la revisa la autoridad presupuestaria y la Contraloría General de la República (CGR), y, si hubiera algo incorrecto, ya nos habrían caído hace años, porque año a año se hace una declaración y ellos ven si efectivamente lo que reintegramos a Hacienda corresponde a lo que recibimos y con lo que Hacienda entregó a las instituciones.

En ningún momento la ley establece que Fodesaf debe girar directamente. Lo que dice es que los recursos del Fondo son para tales y tales fines y programas, no dice por cuál mecanismo.

El director reconoce que en algunas legislaturas se ha intentado presupuestar recursos de Fodesaf para darles destinos distintos a los señalados en la ley, pero, como es ilegal, al final esa intención no cuaja. Por ejemplo, este año les tocó ir a defender el presupuesto y un diputado quería separar ₡5.000 millones del Fondo para pagar deuda. Entonces, intenciones si ha habido, pero en la práctica no es posible, insistió el director de Fodesaf.

¿Qué pasa si Hacienda no le deposita al programa los recursos?

–Rodríguez: En ese caso no se le reintegra esa parte al Gobierno central.

¿Qué pasa entonces con ese dinero que tienen ustedes?

–Queda en las arcas del Fondo.

¿Y el programa se queda sin el dinero?

–Si no lo giran, el programa se queda sin recursos.

A esto Hernández añade que en ese caso lo que se hace es que la institución ejecutora manda una nota y dice que el Gobierno no le ha depositado; entonces, la administración del Fondo habla con el Ministerio de Hacienda y le pregunta dónde está el dinero.

¿Ocurre que el Gobierno no gire a los programas?

–Rodríguez: No, se están girando.

¿Qué dicen ustedes de la deuda acumulada del Gobierno con Fodesaf (cerca de ₡900.000 millones, cuya mayor parte había sido borrada de la contabilidad nacional en el 2009, uno de los puntos recordados por Herrera)?

–Hernández: Es una deuda histórica, pero del 2009 para acá no ha habido atrasos; los 593.000 salarios los ha cumplido el Gobierno.

Lo que hay del 2009 para atrás es una deuda en cobro administrativo. Le decimos a Hacienda que tiene esa deuda, ellos consultan a su equipo legal y nos responden que hay un principio de anualidad presupuestaria, que ese monto no se cobró en su momento, que el presupuesto se hizo, y no se puede comprometer a pagar asuntos que no se presupuestaron debidamente, y, por el flujo de las finanzas y el principio de anualidad, no se puede proceder a más.

O sea, eso se pierde.

–Básicamente.

Es decir, ¿se puede incumplir el pago de esos recursos que están por ley y no pasa nada?

–Es lo que ha pasado.

¿Y la Contraloría nunca les ha dicho nada?

–Lo que nos ha dicho es que hagamos la gestión de recordarle a Hacienda que tiene una deuda, Hacienda hace la gestión propia interna y, si el presupuesto es anual, por el principio de anualidad, no lo puede incluir en el presupuesto.

¿Eso se pasa a cuentas incobrables?

–A una cuenta por cobrar; de hecho, está reflejado en el estado de resultados. Por un tema presupuestario y legal, ellos tienen una imposibilidad para incluir en el presupuesto una partida que corresponda al presupuesto del año 2000. Nosotros lo que hacemos es seguirla registrando (por ejemplo).

Entonces se impone la ley de presupuesto sobre la ley de Fodesaf…

–Sí, probablemente.

Juan Cancio Quesada, subdirector de presupuesto de Fodesaf, agrega, sobre este punto, que, además, en los convenios con las unidades ejecutoras de los programas se indica que la asignación se girará conforme a la liquidez que se tenga. Si no se puede girar por una situación fiscal o nacional extraordinaria, nadie está obligado a lo imposible.

¿Los fondos que no se ejecutan, vuelven a Fodesaf como indica la ley?

Quesada dice que sí, y que de hecho, el presupuesto final siempre es mayor que los presupuestos ordinarios al inicio de año, y es porque todo lo que se recoge se suma en el presupuesto extraordinario, y lo que no se ejecuta lo vuelven a repartir.

Hernández puntualiza que en Desaf hacen un control, hay una unidad que se encarga de informes semestrales y anuales para cada institución. En la página web se puede ver evaluaciones e informes de control de todos los programas a los que se les gira los fondos.

¿Esos informes que mencionan no quedan en mero formalismo, si Desaf no puede meter mano y llamar a cuentas al director del programa en caso de incumplimiento?

–Hernández: Eso es verdad a medias. En algunos casos, cuando hay una ley que exige que tenemos que girar lo haga bien o lo haga mal, digamos que puede haber algo de razón, que el año siguiente tengamos que girar porque la ley obliga a girarles. Cuando no es ese el caso, existe la posibilidad de que el jerarca (ministro) decida que esa institución no cumplió las metas o programas, y disponga reducirle presupuesto hasta tanto se ponga en orden.

Al final, la herramienta sancionatoria más fuerte que hay es decirle que, si no ejecutó bien, el año entrante le darán menos.

Aquí llamamos a los jerarcas, les presentamos el informe, lo discutimos y se les explica qué tienen que hacer para corregir y que el año entrante esté mejor. Algunos aceptan la recomendación. Evidentemente, la ley no tiene poder sancionatorio. No le puedo abrir un procedimiento a un funcionario. Es a esa institución a la que le toca llevar el procedimiento disciplinario, civil o penal; a nosotros no nos toca. Lo que nos corresponde es comentar y evidenciar la irregularidad.

¿Qué pasa con la deuda que la Caja Costarricense del Seguro Social mandó a cobro judicial por recursos del régimen no contributivo de pensiones (RNC) que no ingresaron?

Hernández dice que desconoce el tema, que es un asunto de la Caja.

¿Ustedes no tienen conocimiento de eso?

–No somos parte del proceso.

-Pero es que son dineros de Fodesaf que no se le ha integrado al RNC.

Sobre el punto, el subdirector Quesada explica que, desde el 2015, tras un pronunciamiento de la CGR que ordenó centralizar el cobro judicial de las contribuciones del Estado, la Caja está haciendo los cobros judiciales a los patronos morosos de los fondos de Fodesaf.

La Caja es la recaudadora y si hay una parte de patronos morosos que no han pagado a Fodesaf, un porcentaje corresponde al RNC y, al darse cuenta de cuáles son las cuentas morosas en la Caja, saben cuántos se les debe, pero es porque no le pagan al Fondo.

En cuanto a lo del 2015 para atrás, el cobro judicial lo está llevando el Fondo y, cuando se recauda, el recurso entra al Fondo y se hace la distribución. Igual con lo de la Caja, cuando hace el cobro, genera la recuperación de Fodesaf, y, de ese tanto, un porcentaje es del RCN.