El Gobierno de Nicaragua canceló a Costa Rica 378.890,59 dólares —cerca de 217 millones de colones— para compensar la ocupación militar de 2010 en Isla Portillos, hacia el norte costarricense, tal como ordenó la Corte Internacional de Justicia (CIJ) a inicios de febrero pasado.
Así lo confirmó la mañana de este martes el Ministerio de Relaciones Exteriores, que informó sobre la entrada de dicha suma a la cuenta internacional del país. Al respecto, el canciller Manuel González se mostró satisfecho tras verificar que “el monto fue debidamente acreditado”, incluidos los intereses desde diciembre de 2015 a una tasa del 4%.
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“Acciones como esta contribuyen a que ambos países puedan gradualmente construir una mejor relación, para beneficio de sus pueblos”, apuntó el ministro de Relaciones Exteriores.
Específicamente, la compensación obedece a daños ambientales y acciones ilícitas, incluidos dragados y talas de árboles, que fueron denunciados y recientemente confirmados por la CIJ.
El monto ya se encuentra en las arcas de la Cuenta Reserva (Fondo General) del Ministerio de Hacienda en el Banco Central de Costa Rica (BCCR). La nota diplomática en la que Nicaragua informó sobre el pago se fechó el 9 de marzo y la firmó el canciller vecino, Denis Moncada.
El daño ambiental en Isla Portillos había sido verificado por la CIJ desde diciembre de 2015, cuando el tribunal resolvió la existencia de perjuicios indemnizables en el plano ambiental.
Desde entonces, la Corte fijó un plazo de doce meses para que los países negociaran el monto y su pago; sin embargo, Costa Rica tuvo que recurrir el 7 de junio de 2016 a la Corte, pues su estimación de $6,7 millones no satisfizo al gobierno nicaragüense.
Finalmente, el 16 de enero de 2017 se solicitó a la Corte que estableciera el monto por indemnizar, mismo que fue fijado tras dos rondas de alegatos el 2 de febrero pasado, con una proporción sustancialmente menor al solicitado, según la propia Cancillería.
En aquel momento, el presidente señaló que si bien el monto de la indemnización que resolvió la Corte fue menor de lo que Costa Rica estimó a través de estudios hechos con el apoyo de la Fundación Neotrópica, quedaba satisfecho porque “la soberanía del país no tenía precio”.
“Nosotros acudimos a la Fundación Neotrópica, hicimos los informes con mucho detalle, uno era por el daño ambiental y el otro por pago de los costos que se destinaron para custodia ambiental. No hay una sola metodología para la cuantificación de daños ambientales, la Corte utilizó otra metodología”, explicó el canciller González.
