El matrimonio político-empresarial que componen Daniel Ortega y Rosario Murillo será juramentado como presidente y vicepresidenta de Nicaragua este 10 de enero de 2017 para consolidar un proyecto que a un amplio sector de la población nicaragüense le arroja un tufo al somocismo de hace 40 años.
La pareja Ortega-Murillo prolongará su mandato al menos hasta el año 2022. Sí o sí. No es necesario conocer los resultados de las elecciones que no ofrecen alternativas; convocadas para este domingo 6 de noviembre sin observadores internacionales, sin competidores en serio, sin padrones públicos ni garantías de transparencia.
Nicaragua, dirán las crónicas inminentes, presidido por la pareja del exguerrillero sandinista y su poderosa compañera, con el soporte de un aparato estatal construido a la medida de sus necesidades y con la complacencia cómoda de las organizaciones empresariales.
Además, con cierta indiferencia relativa de la comunidad internacional, que parece haberse quedado con aquella imagen perfumada de la “Nicaragüita” liberada de la dictadura de la dinastía Somoza, cuando triunfó la revolución sandinista el 19 de julio de 1979.
Cuadro décadas después, pese a ver superados los coletazos de la Guerra Fría y la moda de los golpes de Estado o de dictaduras por las armas en América Latina, las imágenes en sepia de la Nicaragua somocista vuelven a proyectarse.
Muchas de las acciones del comandante Ortega y su leal compañera, operadas mediante sus hijos o mediante un pequeño círculo de poder, devuelven el aroma a dictadura dinástica, pero al estilo del siglo XXI.
Hasta elecciones organizan, aunque grupos opositores las han bautizado sin sutilezas: “la farsa electoral” y aceptaron una pequeña presencia y un diálogo condicionado de la Organización de Estados Americanos (OEA), aunque los críticos no titubean en calificarlo como una estrategia para evitar el deterioro de la imagen hacia afuera.
Ortega se reelegirá por segunda vez por ley diez años después de retornar al poder y más de treinta después de gobernar entre los charcos de sangre que durante toda la década de los 80 generó la guerra entre su FSLN y la Contra (financiada por Estados Unidos).
El presidente ejerce ahora su poder sin separaciones institucionales. Ha sabido hacerse con la manivela del Ejército Nacional, la Procuraduría, el Consejo Supremo Electoral (CSE) y la Asamblea Nacional, el Poder Judicial y su Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
La sede del FSLN en el barrio capitalino El Carmen es también la casa donde vive con su compañera Rosario, rodeados de anillos de seguridad que hacen imposible llegar por cuenta propia a tocar el timbre para dejar, digamos, una ingenua solicitud de entrevista con el mandatario. La última que se registra la dio en 2012 a Rusia Today, el medio estatal del país que se ha erigido en un valioso aliado de Ortega en su último quinquenio.
El Estado somos nosotros dos
El aparato público nicaragüense responde sin titubeos a las decisiones de la pareja gobernante. La oposición atomizada apenas tiene capacidad para denunciar lo que considera lesivo, pero no ante instancias internas sino ante organismos internacionales, como fue el caso del presunto espionaje militar contra el semanario Confidencial dirigido por el periodista Carlos Fernando Chamorro.
Esto fue posible por la repartición de cargos públicos planteada por el pacto que en 1999 firmó Ortega como líder opositor con el entonces presidente Arnoldo Alemán, un entendimiento que cobra una vigencia mayúscula en la coyuntura actual. El acuerdo acondicionó el sistema político para un bipartidismo entre el FSLN y el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), con la participación marginal de otras fuerzas.
Las candidaturas que podían representar alguna amenaza para el FSLN fueron inhabilitadas con una voluntad calculada, como atribuyó el exvicepresidente y escritor Sergio Ramírez al Consejo Supremo Electoral (CSE) que preside el abogado Roberto Rivas.
Este magistrado, que pasa la mitad de su tiempo en Costa Rica, ha fungido como un centinela de las reglas a favor del FSLN, a pesar de haber llegado a la magistratura por medio del PLC.
En Managua se explican su ascenso a la presidencia del CSE por intermediación de su padrino, el cardenal Miguel Obando y Bravo, garante formal del acuerdo entre Ortega y Alemán y del matrimonio católico entre el presidente y la primera dama, en setiembre de 2005. En cualquier otro caso, una boda 30 años después por convivencia sería un asunto privado; aquí es una cuestión de Estado.
El CSE no le ha fallado a Ortega. Ahí se formalizaron decisiones catalogadas como irregulares por las misiones internacionales de observación electoral.
El Centro Carter señaló un fraude en las elecciones municipales de 2008 y la cuestionable decisión de la Corte Suprema de Justicia de octubre de 2009 que permitió a Ortega reelegirse en 2011, así como un decreto presidencial emitido en enero de 2010 con el que se amplió el nombramiento de los magistrados del CSE.
También la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos (OEA) criticaron la falta de independencia y transparencia del CSE.
Para los comicios de 2016, Ortega de entrada rechazó la posibilidad de observadores internacionales. Fue una de las decisiones que ayudaron a activar la sospecha internacional sobre las elecciones, además de la suspensión de credenciales de 28 diputados del Partido Liberal Independiente (PLI), incluido su líder, Eduardo Montealegre.
Esta fue una orden de la Corte de Justicia ejecutada por la directiva del Parlamento, también controlada por Ortega. Nada le ha jugado en contra. Cada decisión institucional rebota en favor del FSLN.
Ganemos todos
Las causalidades no existen aquí. Lo explicaba un connotado y potente empresario local en un encuentro con diplomáticos en abril de 2012. “Ya ellos no son los guerrilleros que bajaron de las montañas para gobernar, como pasó en los 80. No, estos ahora son empresarios como nosotros. Nos entendemos”, le atribuye al potentado uno de los embajadores presente.
Esta ha sido la clave. El entendimiento del régimen orteguista con la clase empresarial tradicional, que por omisión o por acción avala la concentración de poder político en la familia que encabezan Ortega y Murillo con sus hijos, además de un pequeño círculo de colaboradores que se ha ido estrechando y que explicaría, según analistas locales, por qué la Primera Dama ocupará de manera directa el cargo de vicepresidenta de la República. Es la lealtad llevada a extremos, explican.
Pero los socios importan también, además de dirigentes duros del FSLN en territorios o instituciones. En frente hay actores que no estorban: los empresarios medios agremiados en el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y hombres de negocios con nombre propio como Carlos Pellas, así como el grupo bancario Banpro-Promérica, entre otros, comentó a UNIVERSIDAD el analista Roberto Cajina.
“Se han beneficiado de leyes y asociaciones público-privadas que le favorecen en el establecimiento de tasas o impuestos. Han salido gananciosos y en esa lógica no importa mucho la democracia o la transparencia”, explica.
No se trata de solo un pacto de no agresión. Es una relación entre iguales, explica Zoilamérica Narváez, la hija de la pareja presidencial y crítica del rumbo que ha ido tomando el Gobierno en su país.
“El poder económico en Nicaragua se ha reestructurado con los nuevos ricos. Hubo una ingeniería financiera corrupta con dinero de cooperación internacional. Hay muchos actos encubiertos, propios de sistemas absolutistas, pero para establecer nuevas empresas con abogados locales e internacionales, con testaferros en un sistema controlado. Sería muy difícil llegar al fondo de ese capital”.
Así habló Zoilamérica Narváez en San José, donde vive desde el 2013 para huir del “acoso” de parte de su madre y padrastro, a quien denunció por abusos sexuales durante la niñez y la adolescencia.
El cooperante financiero más importante de Nicaragua en la última década ha sido Venezuela, coincidiendo en la línea ideológica de izquierda y de frecuente crítica contra “el imperialismo yanqui”, pero fortalecida por la millonaria cooperación que ha entregado para que se manejen en un sistema paraestatal controlado por los hijos Ortega Murillo.
Pese a la opacidad y al aparato mediático liderado por Murillo, cientos de documentos fueron filtrados al semanario Confidencial y le permitieron descubrir un desvío de $3.000 millones mediante la empresa mixta Albanisa (Alba de Nicaragua S. A.), fundada en 2007 con el 51% de la estatal venezolana PDVSA y el 49% de la también estatal Petronic, local.
La familia presidencial es ahora una potencia económica local, concluyen las pocas publicaciones críticas y los reportes sobre los estilos de vida más propios del abolengo rancio que de la fuerza política que sigue ondeando la bandera rojinegra de la guerrilla revolucionaria de izquierda. Su camioneta Mercedez Benz gris, de $180.000, habla de ello, sin entrar en los detalles de la vida opulenta de sus hijos.
Con la caída del precio internacional del petróleo y la consecuente crisis económica de Venezuela, además del estallido político alrededor de Nicolás Maduro, en Nicaragua se abren los signos de pregunta sobre la vigencia del soporte de Caracas en esta nueva fase del proyecto orteguista.
Tampoco se prevé un golpe duro a la economía nicaragüense, pues hasta ahora ha sido poco el impacto del dinero venezolano en la dinámica productiva. Las inversiones se enfocan sobre todo en granjearse aliados por la vía de contratos con empresarios medianos, como ha sido notable en el sector de la construcción, señaló el analista Cajina. También en el mercado ganadero, pues el 2015 Venezuela era un cliente fijo de las exportaciones de carne y leche.
Estabilidad y amenazas
A favor del Gobierno juegan hasta ahora los índices macroeconómicos. Nicaragua registra tasas de crecimiento elevadas y políticas macroeconómicas sostenibles, según el comunicado de una misión de abril pasado del Fondo Monetario Internacional (FMI). En 2015 el Producto Interno Bruto (PIB) creció 4,9% y el promedio de los últimos cinco años (5,2%) es uno de los más altos de la región.
La inflación fue más baja que en años anteriores (3,1% en 2015) y el sector público consolidado registró un déficit de 2,2% del PIB, inferior al proyectado por un buen desempeño de ingresos tributarios, añadió el organismo financiero.
“Las perspectivas económicas se mantienen favorables. El desafío de Nicaragua es seguir manteniendo un crecimiento sostenible y estabilidad económica en el contexto de una economía global menos dinámica y donde podrían producirse cambios en la disponibilidad de financiamiento externo”, señalaba el FMI en abril, sin preverse que para octubre en Estados Unidos estaría planteando castigar a Nicaragua por sus prácticas antidemocráticas, mediante la suspensión de créditos internacionales.
La congresista estadounidense republicana Ileana Ros-Lehtinen sigue el caso Nicaragua desde 2011, cuando pidió al gobierno de Barack Obama no reconocer el triunfo de Ortega. Ahora tiene más elementos, unos cuantos. Por eso impulsó la Nicaraguan Investment Conditionality Act (NICA Act), que implicaría la oposición de Washington a nuevos préstamos de organismos internacionales a Nicaragua, en caso de que estas elecciones carecieran de garantías democráticas.
Es decir, es inminente el avance del proyecto de ley y las consecuencias sobre una fuente de ingresos de un volumen de $200 millones anuales que, por su naturaleza, sí se destinan a inversión pública, según la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides).
Ahí está el temor. Que se reduzca el flujo de dinero internacional como ya ocurrió en 2009, cuando el gobierno de Estados Unidos retiró un proyecto de asistencia llamado “Cuenta Reto del Milenio” por considerar que no habían condiciones de gobernabilidad adecuadas después de las cuestionadas elecciones municipales de 2008.
También se retiraron la cooperación sueca y la Unión Europea había suspendido un programa de ayuda de €23 millones por las mismas razones. En este año, Nicaragua perdió también $60 millones al querer eliminar la intermediación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 13 proyectos de asistencia social.
En la silla de espera está la población nicaragüense, entre la cual cuatro de cada diez habitantes son pobres, según la encuesta de medición hecha en junio. Es el país más pobre del continente, solo superado por las desgracias de Haití. Es también una catapulta de migrantes. En 2011 el 14% de los nicaragüenses vivía fuera, sobre todo en Costa Rica y Estados Unidos, según un estudio del consultor Eduardo Baimeister para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
La deuda también corre por la cuenta de los derechos humanos, alrededor del megaproyecto de construcción de un canal interoceánico en manos del empresario chino Wang Jing, con kilométricas expropiaciones de tierras a campesinos.
Los procedimientos seguidos hasta ahora violan las garantías de acceso a la propiedad, a una vivienda adecuada, al agua, el derecho a la alimentación y el derecho a vivir en un ambiente sano, además del derecho a la consulta previa, libre e informada.
Así lo concluyó un informe del Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (Cenidh) hecho público en octubre. “Las últimas manifestaciones de las poblaciones afectadas han sido duramente reprimidas o impedidas”, añadió la ONG en alusión a la intervención de la Policía Nacional y del Ejército.
Estas preocupaciones las ha recogido la cúpula nicaragüense de la Iglesia Católica. “La actividad política del país está hoy dominada por un estilo de ejercer la autoridad de un modo autocrático y abusivo. La ley sigue siendo paradójicamente un mecanismo para legitimar abusos y para hacer pasar por legal lo que es ilegal”, se leía en un texto de la Conferencia Episcopal titulado En busca de mejores horizontes para una Nicaragua mejor .
Los obispos aún hoy señalan el deterioro de la institucionalidad y la preocupación en torno a la transparencia de las elecciones, claramente inclinadas a favor del régimen que tiene el apoyo personal de su exenemigo en los años 80, el cardenal emérito Miguel Obando y Bravo.
Palabra de Rosario
El 19digital.com, principal medio electrónico oficialista, abunda en noticias sobre Obando y Bravo, reafirmando la línea cristana y del discurso frecuente de Rosario Murillo, abundante en referencias a Dios y al amor.
Un ejemplo fue el mensaje de cierre del año 2015 al país (con el formato original): “Un Año de aprendizajes. Un Año de crecimiento. Hemos aprendido, y hemos crecido, junt@s. Y eso és lo importante! Este Proyecto Cristiano, Socialista y Solidario, viene de lo más profundo de nuestra Identidad Nicaragüense, y va, desde nosotr@s, con nosotr@s, en nosotr@s, hacia el Futuro que estamos ya construyendo. Gracias infinitas a Dios!”
“Hemos trabajado bien. Debemos trabajar mejor! Hemos creado, de la Mano de Dios, Nuevos Tiempos, Nuevas Realidades, Más Conciencia, Más Fortaleza, Más Convicción. Hemos instalado en el Imaginario Nacional, es decir en el Corazón de tod@s l@s nicaragüenses, la Verdad de un País que recorre, en Unidad, Bendición, Solidaridad y Victorias, Sendas de Trabajo, que nos llevan a la Prosperidad”.
No son modos aislados. Es el discurso que, por lo visto, ha funcionado a la pareja presidencial. Lo repitió también en un mensaje de pésame por la muerte del diputado René Núñez, presidente de la Asamblea Nacional, el 10 de setiembre pasado.
“Fue una inspiración en términos del imaginario de lo que debe ser un ser humano comprometido como cristiano, socialista y solidario”, dijo repitiendo los tres adjetivos con que la próxima vicepresidenta de Nicaragua suele calificar al modelo de su gobierno.
Después leyó ese sábado el decreto de tres días de duelo nacional y se conoció entonces la noticia de que Núñez seguiría presidiendo la Asamblea Nacional el resto de la legislatura, hasta enero. Un muerto presidiendo el Poder Legislativo, titularon medios internacionales, y era cierto. Confirmando la capacidad de Nicaragua de alojar en un mismo territorio la narrativa de la serie House of Cards (como lo señaló el New York Times) y del realismo mágico garciamarqueciano.
