Los diputados resolvieron “a la tica” el debate sobre la cantidad máxima permitida de armas para personas físicas. Después de meses de discusiones, que hoy se extendieron a través de varios recesos, aprobaron una moción que redujo el tope a dos armas por persona.
El resultado final dejó complacidos a pocos. Por un lado, los diputados que defendían dejar el tope como estaba querían que el número fuera de tres por persona; mientras que el Ministerio de Seguridad, el oficialismo y varios diputados de otras fracciones se quedaron con las ganas de llevar la restricción a una y nada más.
La discusión por el número de armas no cesa en la @asambleacr. Receso tras receso se va formando la decisión que deberá estar lista antes de que se voten las mociones que definirán el límite que impondrá la ley a la tenencia de armas. Una, dos o tres. Veremos. @SemanarioU pic.twitter.com/AQ8OdiF31s
— Josué Alfaro (@josuealfaro_cr) March 25, 2019
La moción aprobada llegó de la mano del frenteamplista José María Villalta, quien antes ya había abogado por la reducción a un dispositivo pero afirmó haber presentado la de dos armas como una suerte de mal menor.
“Es mucho más fácil matar a las personas con las armas de fuego. La tenencia ilimitada, descontrolada y excesiva de las armas de fuego que no están bajo la custodia estricta de la persona que ha sido entrenada y autorizada para portarlas incrementa el riesgo de que esas armas se utilicen indebidamente, de que caigan en las manos equivocadas o produzcan accidentes”, subrayó el congresista.
Además, Villalta señaló que su tenencia “agrava y escala los conflictos entre vecinos, los conflictos en la calle y los conflictos domésticos”, motivo que le fue suficiente para promover la reducción.
Finalmente, la moción fue aprobada con el apoyo de 36 congresistas, contando la totalidad de los diputados presentes del Partido Liberación Nacional (PLN), del Partido Acción Ciudadana (PAC), del bloque independiente Nueva República, del Partid Restauración Nacional (PRN), a quienes se unieron Villalta, los socialcristianos María Vita Monge y Óscar Cascante, y la bancada del Partido Integración Nacional (PIN), con excepción de la férrea defensora de la tenencia de armas, Zoila Rosa Volio.
Además de Volio, votaron en contra la mayoría de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), así como los dos diputados del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC).
Se aprobó entrar a discutir la segunda moción de @josemvillalta. Propone dejar el tope en dos armas sin distinciones. @SemanarioU pic.twitter.com/cXOUfiJ9Yu
— Josué Alfaro (@josuealfaro_cr) March 25, 2019
Para este resultado fue clave el cambio de posición de los liberacionistas, quienes defendieron mantener el máximo en tres durante todo el trámite del proyecto en comisión pero ahora suavizaron su postura.
En parte, quizás, influyó la presión de la opinión pública, así como de su expresidenta y exministra de Seguridad, Laura Chinchilla, quien abogaba por una reducción tan extrema como fuera posible.
Antes de la propuesta de Villalta se habían votado varias mociones que pretendían todo tipo de cambios en la materia; sin embargo, todas fueron rechazadas por distintos motivos.
Entre ellas estaba la propuesta del oficialismo, que era de un arma más otra extra para personas con propiedades agrícolas, la cual fue rechazada por 31 legisladores y sólo contó con el apoyo de 18 de los restantes.
La decisión cayó mal no solo dentro del Plenario sino también en las barras de público, donde personas interesadas en el uso y en el mercado de las armas se concentraron para conocer el resultado final de las discusiones. Ellos, que han ejercido un intenso cabildeo en las últimas semanas, también quedaron a medias.
El sentir de estos grupos lo expresó, en parte, la diputada integracionista Zoila Volio, quien reiteró su discurso de los últimos meses y subrayó que no encontraba razones suficientes para restringir aún más la tenencia de armas de portadores legales. “Yo creo que el problema no está en los portadores legales, el problema está en el narcotráfico y en el crimen organizado”, aseguró.
Esa visión era contrariada por el Ministerio de Seguridad, que impulsaba la máxima restricción posible y asegura que al menos un 44% de las armas utilizadas en delitos estuvieron antes registradas. Además, Seguridad impulsaba la reforma porque registra la pérdida de unas 800 armas por parte de portadores legales al año, una cifra que pasa al mercado negro y lo alimenta “mayoritariamente”, según sus conteos.
Junto con ese grupo de armas, Seguridad asegura que hay una cifra negra no contabilizada, la cual seguramente aumentaría las cifras oficialmente confirmadas.
Proyecto quedó listo
Junto con la cantidad de armas, la reforma —que se tramita bajo el expediente 20.509— quedó casi lista para su votación, evento que ocurriría esta misma semana.
El punto más polémico era esta cifra que se impondría como tope, la cual ha quedado zanjada de forma definitiva.
Además de esta reforma, el texto establece mayores controles en materia de transacción de armas y obligaciones para su tratamiento; así como restricciones para su portación en espacios públicos y privados de reunión (especialmente masiva).
También aumenta los controles en materia de inscripciones, las cuales se darán por un plazo máximo de seis años, prorrogable por periodos iguales “previo cumplimiento de los requisitos que establezca la ley y el reglamento”.
El texto también impone restricciones para la tenencia y portación de personas relacionadas con delitos, especialmente aquellos en los que más lidia el uso de estos dispositivos.
