En 2017 y a solicitud del gobierno de Luis Guillermo Solís, la Fundación Neotrópica construyó una aplicación web para recolectar información sobre conflictos sociales y los actores involucrados en ellos, con amplio detalle.
Así consta en un convenio suscrito el 7 de diciembre de 2017 por Bernardo Aguilar, entonces director de la fundación, y Alice Shakelford, otrora representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, quien financió el proyecto (por un monto de $10.000) a solicitud del Estado.
UNIVERSIDAD accedió al documento, en el que consta la contratación para construir “una herramienta digital” que forma parte del Sistema de Alerta y Respuesta Temprana (SART).
A la aplicación, según el plan de trabajo, podrían acceder diferentes usuarios de instituciones. Además, se generaría una base de datos de todo el aparato estatal, se registrarían instituciones, conflictos y actores.
En los objetivos del plan (punto 4) se explicita que “El sistema deberá contar con la posibilidad de enviar y recibir documentos de texto, imágenes, audios y videos”.
También, indica que “El sistema deberá registrar los actores sociales: posibilidad de que administrador pueda matricular cuantas categorías necesite” (punto 10), se lee en los objetivos.
El expresidente de la mencionada fundación confirmó que la primera solicitud para construir ese software vino del entonces director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad, Mariano Figueres.
Figueres fue director de la agencia de inteligencia entre 2014 y 2017. Cabe destacar que cuando asumió el cargo dijo a medios de comunicación que reformaría la DIS para que dejara de ser una “policía política”. El exjerarca falleció trágicamente el 25 de septiembre de 2019.
Este semanario solicitó a la Presidencia de la República las listas de instituciones que alimentan la base de datos, los actores identificados y las categorías en las que se han clasificado, los usuarios que tienen acceso, y las veces en que se ha utilizado la información.
No es una base de datos, es un excel
En respuesta, el Viceministerio de la Presidencia en Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano dijo que el SART fue un esquema “de coordinación para la identificación temprana de las demandas sociales insatisfechas que inició en 2015 y concluyó en 2020”.
La Presidencia afirma que el sistema “no creó ni accedió a ninguna base de datos”, sino que se limitó a recopilar información de carácter público. La entidad sí reconoció que la información recopilada la diversas instituciones entre las cuales figura el Ministerio de Coordinación con el Sector Privado, MTSS, Gobernación, Migración y Seguridad, entre otras.
Aseguraron también que solo se levantó información general sobre diversos conflictos. “El SART no construyó ninguna base de datos. Tres personas laboraban con un documento de Excel, como una forma de llevar un registro de los reportes que realizaban las instituciones y así facilitar el seguimiento de la atención a las demandas insatisfechas”, aseguran.
Confrontados con los detalles del documento en manos de UNIVERSIDAD, indicaron que el SART inició en 2015 y que en 2017 se suscribió el convenio. “Esta Administración no participó en la definición de criterios, ni contó con acceso al convenio”, dijeron.
Además, agregaron que la herramienta creada por Neotrópica, “no resultó práctica, por lo que esta Administración no la utilizó”, sino que se trabajó con un documento de Excel.
“No se les puede creer nada”
Para Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), no es creíble que se haya contratado una herramienta digital que “suena a espionaje”, no se haya usado y, en su lugar, se haya utilizado un “inocente excel”.
“Es que no se les puede creer nada, nada, con todo lo que han hecho. Me suena a una especie de espionaje de la sociedad civil que está metida en estos temas. Darles seguimiento a las personas, a las organizaciones, que fotos, que videos, etcétera. Eso no es recoger información simplemente, es espionaje”, dijo.
Según Vargas, la posible existencia de una base de datos de actores, sean organizaciones o personas, involucrados en conflictos sociales es preocupante si se contemplan sucesos como la creación de la UPAD y otros “escándalos en que han aflorado las creativas maneras que tiene el gobierno para levantar información de la ciudadanía” y aún más porque se contrató a una entidad privada para levantar la herramienta, “habiendo diversos entes públicos, sin los intereses de los privados, que podrían hacer eso”.
Henry Picado, activista ecologista y expresidente de Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (Fecon) comentó que él fue parte de procesos con la Fundación Neotrópica en los que se les pidió llenar “fichas de los conflictos” donde se identificaban actores e información sensible de ellos.
“A mí me lo pidieron una vez, no lo hice, pero siempre pensé que era para las organizaciones cooperantes o así, ahora qué sabe uno si era para la DIS”, opinó.
El legislador José María Villalta comentó que el tema debe ser investigado. “Me genera sospecha, porque no tendría por qué hacer la contratación de una herramienta tecnológica, si se trata de algo que se puede hacer en una simple hoja de Excel, salvo que lo que se quiera es algo tipo espionaje o para perseguir a las personas”, dijo el frenteamplista.
Para Villalta, si lo que se quiere es dar respuesta a los conflictos sociales, lo que se necesita “es un gobierno atento, que escuche y que tenga presente a las comunidades, pero si lo quiere es espiar a los actores sociales, a los líderes, a los dirigentes, pues sí, ahí estaríamos hablando de otra cosa. Estaríamos hablando de las funciones a las que históricamente se ha dedicado la DIS”, concluyó.
La versión de Neotrópica: “Ese dato no lo manejo”
Juan Carlos Crespo, presidente de la Fundación Neotrópica afirma que “no maneja” los temas de fijación de objetivos del proyecto SART, la relación con la DIS o con funcionarios de gobierno, o los alcances y roces legales de la aplicación.
UNIVERSIDAD remitió una serie de consultas a Juan Carlos Crespo, presidente de la Junta Administradora de la Fundación para conocer las negociaciones, pormenores y consideraciones que se tomaron al emprender del proyecto.
El jerarca indicó que la construcción de la herramienta para el SART fue una consultoría y se subcontrató a un experto en informática, y que si bien la junta estuvo enterada no participó del análisis técnico “ni se necesitaba aprobación”.
Sobre los responsables de la definición de los objetivos y si hubo participación de Casa Presidencial, de la DIS, así como sobre las consideran de que existan riesgos en la vigilancia y registro de actores sociales, Crespo respondió: Esos datos no los manejo.
También se consultó que de acuerdo con el convenio un gobierno podría tener acceso a un sistema que unifique diversas instancias y provea fotografías, vídeos, documentos y nombres de personas involucradas en conflictos, y si la organización tuvo alguna consideración roces con la legislación y nuevamente indicó: Esos datos técnicos específicos no los manejo.
Bernardo Aguilar, exdirector de Neotrópica brindó mayor detalle e indicó que el contacto inicial fue Mariano Figueres y que el contacto constante se realizaba a través del Raymi Padilla, un funcionario de la presidencia.
Además, indicó que el proyecto solamente desarrolló una arquitectura básica para caracterización de conflictos, no herramientas de análisis, y que ni siquiera sabe “si esa arquitectura básica se puso a funcionar luego de su entrega”.
