Negocios que no acepten tarjetas se exponen a multas de ¢446.200 con entrada del IVA

La Cámara de Comercio asegura que la medida es positiva para frenar la evasión, pero reiteró que será necesario regular las comisiones por el uso de datáfonos para no ahogar a los pequeños negocios.

Los negocios que no acepten medios alternativos de pago (tarjetas de débito, tarjetas de crédito y otros mecanismos debidamente regulados) se exponen desde este 1 de julio a sanciones de ¢446.200.

Esto es así por la entrada en vigencia del nuevo Impuesto al Valor Agregado (IVA), primer capítulo de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, en el que se añadió una sanción de un salario base para quienes no acepten estos medios de pago, como una reforma al Código de Normas y Procedimientos Tributarios.

Costa Rica ya contemplaba la conducta de no aceptar medios alternativos de pago como una falta, desde que se aprobó la Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal, a finales de 2016. Sin embargo, aquella adición no había contemplado un castigo para quienes infringieran la norma, algo que hasta ahora quedó reformado.

La entrada en vigencia del castigo fue confirmada por el Ministerio de Hacienda, cuyo subdirector general de Tributación, Giovanni Tencio, subrayó que el cambio implica que «los prestadores de servicios están obligados a aceptar como medio de pago tarjetas de crédito o débito, así como cualquier otro mecanismo electrónico o no».

Además, también lo había destacado la directora general del Ministerio de Hacienda, Priscila Piedra, quien señaló que la multa servirá como un mecanismo para hacer cumplir la legislación que ya estaba vigente desde hace casi tres años.

«Nuestra cultura, desgraciadamente, nos dice que si no hay sanción entonces no lo hago, entonces la sanción se incluyó en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y entró a regir en conjunta con el IVA, entonces ya tenemos un mecanismo para exigir que esto se cumpla» , subrayó la semana pasada, en el programa Hablando Claro, de radio Columbia.

Eso sí, Piedra recordó que para las administraciones tributarias es difícil fiscalizar al 100% de sus contribuyentes, por lo que recordó la existencia de mecanismos de denuncia, como la plataforma en línea «Denuncie Ya», de la propia cartera.

Cámara de Comercio: «El problema es que el costo de mantener métodos alternativos es abusivo»

Sobre estas multas, el director ejecutivo de la Cámara de Comercio, Alonso Elizondo, señaló que la medida es positiva desde el punto de vista fiscal (para evitar la evasión y la elusión de impuestos) y que los negocios, sin importar su tamaño, tendrán que cumplirla.

No obstante, Elizondo subrayó que aplicar la norma causará problemas para los pequeños y medianos negocios, pues el costo que implica la utilización de datáfonos es alto.

«La medida, como medida de política y de control a la elusión y la evasión fiscal es una buena medida, pero el problema es que en Costa Rica el costo de mantener métodos alternativos de pago al efectivo es abusivo»,

«Esto pone a los pequeños y medianos comercios en una situación muy difícil porque por un lado tienen que cumplir con la legislación, pero por otro lado tiene que asumir los costos de un acuerdo total y absolutamente ilegal entre operadores que está encareciendo el costo de las transacciones en el país», describió.

Específicamente, Elizondo se refirió a las tasas que cobran los bancos por las transacciones que realizan a través de tarjetas de crédito y débito, las cuales califican como abusivas en comparación con las que se cobran actualmente en el resto de la región.

Lea también: ¿Qué comisiones cobran los bancos por el uso de datáfonos y por qué quieren regularlas?

Según Elizondo, ahora será necesario seguir abogando para que se regule la materia a través de proyectos de ley que se tramitan en la Asamblea Legislativa, tal como plantea el expediente 21.177, que presentó el diputado Welmer Ramos, exministro de Economía y actual diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC).

Este proyecto daría la potestad al Banco Central y al Ministerio de Economía para que regulen a través de criterios técnicos las comisiones que cobran los bancos por cada transferencia que se realiza a través de tarjetas de crédito y débito, algo que hasta ahora realizan los propios bancos que ofrecen el servicio.

Según Elizondo, solo así se podría atenuar el impacto que tendrá la obligación, principalmente en los comercios rurales, detallistas y minoristas.

En Costa Rica, la Cámara de Comercio asegura que los bancos que cobran tasas del 5% (en promedio) por transacción a los comercios locales, un porcentaje muy elevado en comparación con otros países de la región como Argentina, México y Colombia, donde los porcentajes oscilan entre 1,4% y el 2,3% para tarjetas de crédito, y entre el 0,3% y el 1% para las tarjetas de débito.

Según el diputado Welmer Ramos, economista de profesión, bajar las tasas costarricenses en solo dos puntos porcentuales significaría la liberación de 180.000 millones de colones en el mercado.


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