En el contexto de déficit fiscal que desde hace años atraviesa el país -que ahora toma la forma de una “crisis de liquidez” reconocida por el presidente Luis Guillermo Solís-, el tema de reducción de gastos estatales ha puesto en la mira a las convenciones colectivas laborales, tanto del gobierno central como de las instituciones autónomas.
El gobierno ha insistido en su posición de que “denunciar y negociar reducciones en las convenciones colectivas es otra de las evidencias del compromiso de contención del gasto público de la Administración Solís Rivera”, según celebró en un comunicado de enero de ese año, aunque esa iniciativa se materializa desde el 2015.
La idea de la administración Solís ha sido denunciar la mayor cantidad posible de las 29 convenciones colectivas laborales que existen en el país.
De ellas, 18 ya han sido “denunciadas” (la denuncia es el mecanismo legal para convocar una renegociación del acuerdo de derechos laborales entre patronos y empleados) y el Gobierno ha enfatizado como logros las negociaciones de las convenciones de Japdeva, Recope y el BCR.
Desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), la viceministra de Trabajo Nancy Marín señaló que la negociación era “una necesidad de parte no solo de la opinión pública, también del gobierno y el sector sindical lo ha entendido apropiadamente, así como las instituciones”.
En su criterio, el balance general es positivo pues demuestra que “es posible ponerse de acuerdo y negociar “a la baja” en aras de la productividad y de sanear las finanzas de las instituciones, sobre todo en el marco de la crisis fiscal es una medida vital y los sindicatos también lo han entendido”.
Sin embargo, desde el sector sindical la perspectiva no es coincidente. Rafael Mora, asesor político y directivo nacional de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), observó que sobre la renegociación de las convenciones colectivas “había una presión que venía del gobierno anterior”, cuando la actual diputada y por entonces ministra de Trabajo, Sandra Piszk, propuso un proyecto de ley de regulaciones a convenciones colectivas en aquellos artículos y disposiciones que consideró abusivos. Añadió que al respecto pesa la “presión de algunos medios poderosos”.
El sindicalista observó que en muchos casos ya a algunas convenciones se les ha eliminado “una serie de derechos que no eran abusivos”, pero que fueron juzgados como inconstitucionales por la Sala Constitucional, la cual “ha fallado en detrimento de los derechos”.
Consultada sobre la coincidencia en el discurso sobre los abusos de las convenciones colectivas entre el gobierno actual y el de Laura Chinchilla, la viceministra Marín resaltó que la administración Solís Rivera es la primera que las negocia a la baja, “no lo hizo el gobierno anterior, del discurso a los hechos hay una brecha importante”, sin embargo, reconoció que “hay una coincidencia” con la administración Chinchilla “en la necesidad de quitar cláusulas abusivas”.
RECORTES
El Sindicato de Trabajadores del Banco de Costa Rica (Unebanco) y las autoridades institucionales y de gobierno acordaron la nueva convención colectiva en agosto del 2015.
Entre otras modificaciones, destaca la creación de un programa de movilidad laboral, al cual según Casa Presidencial se acogieron unas 280 personas trabajadoras y “varias capas gerenciales del más alto nivel” fueron eliminadas, lo cual representaría un ahorro anual cercano a los ¢8 mil millones.
La jornada laboral pasó de 38:45 horas a 44 horas y las vacaciones fueron reducidas de 30 días a 20.
Posteriormente, en setiembre del año pasado, las partes añadieron un transitorio para que unas 860 personas puedan cambiarse de manera voluntaria del esquema de “salario base más pluses” al de salario nominal o salario único. Con ese cambio, el BCR estimó lograr un ahorro anual adicional de unos ¢4 mil millones.
Por otra parte, en el caso de Japdeva, el Poder Ejecutivo en octubre del año pasado anunció el logro de una renegociación de la convención colectiva para los años 2017 y 2018, que restan de vigencia al actual acuerdo.
El total de los recortes a la convención colectiva de Japdeva representa un ahorro de ¢1.430 millones, a lo que se suman unos ¢1.200 millones que se ahorrarían en los próximos cinco años al limitar el derecho a cesantía de 20 a 15 años.
En términos similares, en febrero del 2016 el Gobierno ya había celebrado la firma de una nueva convención colectiva en Recope, la cual representa un ahorro que según Casa Presidencial supera los ¢5.000 millones.
Entre las disposiciones eliminadas, figura una partida de ¢6,2 millones para actividades sociales, sindicales y culturales, así como el transporte dado a los funcionarios para atender emergencias familiares o citas médicas y las becas a los hijos de los colaboradores.
Un caso llamativo es el de la convención colectiva del MEP. En mayo pasado autoridades de ese Ministerio llegaron a un acuerdo con varias organizaciones laborales de la institución, para que la convención colectiva fuera renovada por tres años más sin ningún cambio.
El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación Costarricense (SEC), el Sindicato de Trabajadores de Comedores Escolares y Afines (Sitracome) y la Asociación Nacional de Educadores (ANDE) firmaron el acuerdo, del cual fue excluida la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE).
ESTIRA Y ENCOGE
Un elemento llamativo es que por ejemplo en el tema del auxilio de cesantía, lo negociado por el Gobierno hasta ahora no es consonante. En los casos de Recope y el BCR se reconocieron 20 años, en el caso de Japdeva se bajó de 20 a 15 años y la convención colectiva del MEP reconoce ocho años.
Cuestionada sobre los riesgos de promover una negociación a la baja a la luz de ese tipo de inconsistencias, Marín adujo que se debe hacer un balance institución por institución, “no en todos los casos las condiciones son las mismas, es un tema de voluntad de negociar de los sindicatos”, los cuales según dijo han coincidido “en la necesidad de revalorar temas y cláusulas que se pueden considerar abusivas, sin embargo hay otros temas interesantes que se plantean, como las licencias de paternidad”.
Como ejemplos de cláusulas abusivas, la funcionaria citó que se eliminaron en los casos de Recope, el Instituto Tecnológico (TEC) y en el BCR medidas que tienen que ver con pagos de más por llegar a tiempo al trabajo, becas a los hijos de los funcionarios, aportes excesivos a determinados fondos, licencias sindicales sin límites.
Desde la ANEP, Rafael Mora fue explícito al manifestar que no se oponen a la revisión de las convenciones colectivas, “pero sí a la limitación a los derechos laborales obtenidos en el marco de la buena fe”.
Como ejemplo de esos derechos citó la cantidad de días de vacaciones, algunas licencias como maternidad, estudio y las que tienen que ver con “el ejercicio del derecho de libertad sindical”. Además, puntualizó que en las convenciones colectivas se establecen tanto derechos como deberes, el régimen disciplinario y en algunas hasta una evaluación de desempeño.
Mora también llamó la atención a la entrada en vigencia de la reforma procesal laboral, el pasado 25 de julio. Esa legislación “defiende y tutela derechos obtenidos vía convenciones colectivas, constituye marco diferente al que se ha utilizado en los ataques a las convenciones. A partir de ahí, el gobierno entraría en contradicción, pues la reforma fortalece el instrumento de la convención colectiva”.
Al respecto, Marín afirmó que esa reforma “da un espaldarazo al tema de la negociación colectiva”, pero consideró que no afecta la posibilidad de negociar a la baja y que más bien acelera algunos procesos y “abre posibilidades de que, si la negociación se estanca, pueden acudir a la vía judicial para moverla”.
Por otra parte, la Viceministra apuntó que la renegociación era necesaria “más allá de la crisis fiscal”, pues esas cláusulas eran “abusivas”, por lo que “tenían que ser revisadas y lo fueron”.
Mora por su lado criticó la noción de que el déficit fiscal empuje la renegociación de estos acuerdos laborales. Según dijo, la mayor parte de los pluses salariales que paga el Estado tiene que ver con las anualidades, que en el servicio civil es de 1,96% al 2,05%.
Aseveró que “relacionar el déficit con los salarios del sector público y los derechos de las convenciones colectivas que se refieren a salarios en diferentes instituciones muy difícilmente sea la solución, primero porque no alcanza, y segundo porque no es ahí donde está el problema”.
