La Sala Constitucional concedió al Poder Ejecutivo un plazo de tres días para que conteste una petición de desobediencia presentada por el abogado ambientalista Álvaro Sagot, ya que formalmente Joselyn Chacón, jerarca del Ministerio de Salud, y Franz Tattenbach, del de Ambiente y Energía (Minae) alegaran que “resulta imposible” limpiar el mercurio que contamina en Crucitas de San Carlos, producto de la minería ilegal.
Así lo informó el propio Sagot tras ser notificado el pasado viernes de la resolución de ese tribunal que así lo ordena a las mencionadas autoridades del Poder Ejecutivo.
Se trata de la ejecución de una sentencia de esa Sala IV respecto a un recurso de amparo interpuesto por la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (Fecon) a través de Sagot desde 2019. En setiembre 2021 se dio la resolución que ordenó al Ejecutivo presentar un plan remedial para la zona en un plazo de tres meses.
La administración Alvarado concluyó sin cumplir con ello y así, con prácticamente nueve meses de atraso, Tattenbach y Chacón enviaron un “plan de contención”, en el cual alegaron que “debido a la contaminación difusa en la zona y la magnitud del área, resulta imposible pensar en la remoción del mercurio”, pues el peligroso metal “tiende a fijarse en el suelo, el sedimento o plantas”.
Sagot entonces respondió con una petición de desobediencia a la autoridad, pues insistió en que “el voto de la Sala Constitucional dijo que tiene que establecer la remediación del problema” y añadió que “la cuestión fundamental” es que sitios como bosques, nacientes o ríos, son considerados por la Secretaria Técnica Nacional Ambiental (Setena) como de alta fragilidad ambiental. “Hay una serie de convenios internacionales que obligan a la remediación, pero aquí parece que se les olvida”, criticó.
En el escrito presentado, se hace notar que el “plan de contención” de la administración Chaves, además de renunciar a limpiar el mercurio, no hace referencia “al problema ambiental de la tala, intervenciones o desvíos de los cauces, o a la pérdida de la biodiversidad, dejando un gran vacío entonces sobre las medidas de mitigación y restauración necesarias y obligatorias por los daños acaecidos”.
También se cita los convenios internacionales que se estaría violentando con la posición del Poder Ejecutivo, como el Convenio de Minamata sobre el Mercurio, la Convención de la Diversidad Biológica o el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes.
Sagot expresó que “de no extraerse el mercurio, existen formas químicas de neutralizarlo, el problema es que están dejando bombas químicas, sitios altamente contaminados” en lugares de alta fragilidad, según aseveró.
El abogado ambientalista además llamó la atención a que la resolución de la Sala Constitucional que manda al gobierno a contestar la petición de desobediencia, se dio apenas a los tres días de realizada esa gestión, “normalmente tardan alrededor de ocho, diez, o 15 días en darle curso” a las peticiones de ese tipo. “Parece que lo vieron como alarmante”, acotó.
La resolución de la Sala Constitucional, con fecha del 23 de setiembre, confiere tres días a los jerarcas de Minae, Salud y Seguridad para que “se refieran y aporten las pruebas correspondientes respecto a las omisiones que se les atribuyen para que se refieran y aporten las pruebas correspondientes respecto a las omisiones que se les atribuyen”.
Ello, “bajo la advertencia que, de acreditarse la desobediencia, se podrá ordenar al superior jerárquico la apertura de un procedimiento administrativo contra el funcionario remiso a cumplir” con lo resuelto.
También abre la posibilidad de que “se ordene testimoniar piezas” -es decir, remitir el expediente- al Ministerio Público “por la eventual comisión del delito de desobediencia”, que la Ley de Jurisdicción Constitucional castiga con prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa.
