Misión del organismo sugiere más ajustes, pero…

…Nadie simpatiza con las recomendaciones del FMI

Sugiere subir el IVA al 15%, crear y aumentar impuestos y mejorar la eficiencia del gasto público para aplicar al déficit fiscal un monto equivalente al 0,75% del PIB.

La recomendación de aumentar la carga de los impuestos que realizó la misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI), la semana pasada, para alcanzar la estabilidad de las finanzas públicas, generó reacciones de antipatía.

Entre impuestos y ahorros, las medidas sumarían un 0,75% del Producto Interno Bruto (PIB), entre 2019 y 2020, lo cual equivale a la pantagruélica cifra de casi ₡260 mil millones.

Por ahora, las recomendaciones del FMI son solo eso: sugerencias de la misión técnica que, por mandato del Artículo VI del Convenio Constitutivo de ese organismo, viene cada año para “supervisar las políticas de tipos de cambio de los países miembros”.

Pero, si el país no lograra la estabilidad fiscal y pedir dinero al FMI llegara a ser necesario, allí sí, las recomendaciones se convertirían en condiciones.

La directora de la Escuela de Economía de la UNA, Shirley Benavides y el director del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE), de la UCR, José Antonio Cordero, explican que todavía es posible seguir trabajando para reducir el déficit y estabilizar las finanzas públicas sin tener que recurrir a pedirle dinero al Fondo (ver las entrevistas).

Shirley Benavides, Directora de la Escuela de Economía de la UNA

“El ajuste en el IVA debe ser gradual”

Dejar sin voto al Ministerio de Hacienda en la Junta Directiva del Banco Central “es una decisión política, no técnica”.

¿Aumentar el IVA de 13% a 15% como sugiere el FMI es necesario y viable o puede profundizarse la solución del déficit fiscal con otro tipo de medidas?

Economista Shirley Benavides: “Lo avanzado es insuficiente, pero es importante darle el espacio necesario a la implementación de las reformas aprobadas”. (Foto: Miriet Ábrego).

—La reforma fiscal recién aprobada mejora las finanzas públicas, pero no las sanea, ya que generará entre un 1,5% y 1,8%. Esto es insuficiente. Se requieren mayores ingresos para hacer frente al déficit fiscal.

El crecimiento económico se encuentra entre 3,0% y 3,5%, en contraposición con una deuda entre 57% y 60% con respecto al PIB. Esto obliga a incrementar la alícuota del IVA.

Según los cálculos de la Escuela de Economía de la UNA, debería estar entre el 13% y el 15% para generar los ingresos tributarios que realmente contribuyan a la estabilidad fiscal que necesita el país. Desde la Administración anterior, en las reuniones realizadas por el FMI en Costa Rica, se había propuesto valorar progresivamente el aumento de las alícuotas del IVA.

Pese a la necesidad de reducir significativamente el déficit primario en el mediano plazo, el ajuste en el IVA debe ser gradual y, sobre todo, integral, de manera que se realicen los arreglos institucionales para abordar el tema de evasión y de elusión fiscal, medidas que permitirían aportar significativamente a la reducción del déficit, complementando las realizadas en materia del IVA. Incluso se podría buscar un mecanismo de disminución progresivo al piso del 13%, de acuerdo con el avance en otros frentes recaudatorios.

¿El Estado debe cesar de garantizar los ahorros en la banca pública para que haya una competencia más pareja con la banca privada -como sugiere el FMI-  o puede resultar peligroso?

—Dicha recomendación no es nueva. Existe el debate de crear un fondo entre los bancos privados y públicos de manera que, a medida que existan más participantes en este fondo, mayor sea el respaldo para enfrentar posibles riesgos en que puede incurrir el sistema financiero.

La garantía estatal requiere más análisis para comprender su impacto potencial y poder contar con un procedimiento claro para su aplicación. Además, los bancos públicos deben mejorar la gestión de sus riesgos para evitar llegar al extremo de tener que aplicar esa garantía.

El caso más reciente es la incertidumbre que generó el cierre del Banco Crédito Agrícola de Cartago. Por eso, esta recomendación del Fondo es sana para el sistema financiero costarricense, se podría garantizar que todos los actores tengan las mismas condiciones para hacerle frente a posibles riesgos financieros.

Es un tema pendiente de la ‘discusión país’, ya que es una observación de mejora para el sector financiero en el marco de la incorporación a la Organización para la Cooperación y Desarrollo (OCDE).

¿Es más urgente bajar el margen de intermediación bancaria?

—La efectividad en la gestión bancaria es fundamental y, por lo tanto, lo más urgente es bajar el margen de intermediación.

Debe revisarse la estructura de costos de los bancos y aplicar medidas correctivas. El alto margen de intermediación denota mucha ineficiencia en la gestión bancaria. Incluso, se debe profundizar en por qué se da la diferencia entre los márgenes de intermediación en moneda nacional y en moneda extranjera.

Este tema también es motivo de una observación de mejora para el sistema financiero por la OCDE y la Escuela de Economía de la UNA ha remitido un criterio técnico a la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa para regular –en el marco de la Ley Orgánica del Banco Central–, mediante una regla financiera, las tasas de interés onerosas que se presentan en Costa Rica.

¿Qué opina de retirarle el derecho al voto al Ministerio de Hacienda en la Junta Directiva del Banco Central?

—Es una decisión más política que técnica, que incluso no se sustenta en la experiencia de todos los países miembros de la OCDE.

Contribuiría con un proceso de mayor independencia de este órgano rector, de acuerdo con los estándares actuales en la gestión de los bancos centrales.

Que no tenga voto en la Junta Directiva del Banco Central, no quiere decir que no tenga voz y que esto facilite la coordinación y comunicación respectiva entre ambas instituciones.

¿Debe examinarse la responsabilidad del Conassif en que se relajaran los requisitos para acceder a créditos en dólares a quienes ganan en colones? La Sugef los había endurecido, pero el Conassif revirtió esta decisión. El FMI sugiere que se retome.

—Sí. Es necesario un mayor control sobre el otorgamiento de crédito en moneda extranjera para aquellas personas no generadores de dólares. Gran parte de los riesgos existentes en el sistema financiero están relacionados con la alta dolarización del crédito, lo que reduce la efectividad de la política monetaria.

Es importante considerar la evolución del tipo de cambio a partir del último trimestre del año pasado, el cual muestra períodos de alta volatilidad, lo que impacta la estabilidad de las carteras en dólares del sistema financiero y genera potenciales riesgos en la recuperación de los créditos en moneda extranjera.

Aquellos bancos que tomen la decisión de asumir ese mayor riesgo deberían contar con mayores reservas para atender eventualidades por la materialización del riesgo cambiario, y una forma podría ser estableciendo encajes diferenciados según moneda.

¿Cuál es su opinión general sobre las recomendaciones del equipo técnico del FMI luego de esta visita?

—Apenas se han empezado a sanear las finanzas del Estado, falta mucho por hacer. Lo avanzado es insuficiente, pero es importante darle el espacio necesario a la implementación de las reformas aprobadas.

En caso de que se decida apostar por otros ajustes, estos deben ser graduales, buscando evitar la afectación a la población de más bajos ingresos.

Se requiere una reactivación económica, con crecimiento inclusivo, no solo en términos económicos, sociales y ambientales, sino también, sectoriales y territoriales, generando las posibilidades para impulsar un proceso de transformación productiva.

Esto también es relevante para el proceso de consolidación fiscal y permitiría alcanzar la sostenibilidad de la deuda pública con ajustes mayores, ya que amplía la carga tributaria, a través de más impuestos y de una mejor recaudación (reducción de la evasión y elusión fiscal), además de tomar medidas adicionales para darle más eficiencia al gasto público y evitar que este aumente de forma descontrolada.

Como señala el FMI, posiblemente se está en una trayectoria económica y fiscal con ciertos riesgos de sostenibilidad fiscal, y es necesaria, a corto plazo, otra discusión sobre nuevas reformas fiscales.

Esto implica un desgaste de todos los sectores de la economía para buscar un rumbo de mejoramiento de las finanzas públicas, pero evitando el resultado de enviar señales negativas a los organismos internacionales y a las calificadoras de riesgo, lo que no es favorable para la imagen y credibilidad del país.

Ya se ha cumplido la primera etapa de buscar medidas que contribuyan a calmar a los mercados internos, pero no hay seguridad de la temporalidad con que se podrán ver los efectos reales de las medidas adoptadas y si realmente se podrá dar un ajuste significativo para reducir las presiones en tasas de interés, tipo de cambio y mejoramiento del crecimiento económico.


José Antonio Cordero, Director del IICE-UCR

 “Todavía existe margen para contener el gasto”

Critica a los sindicatos del sector público “porque no han entendido que son necesarios ajustes en el empleo público que garanticen la sostenibilidad”.

¿Es necesario y viable aumentar el IVA de 13% a 15%, como sugiere el FMI, o puede profundizarse la solución del déficit fiscal con otro tipo de medidas?

Economista José Antonio Cordero: “El desgaste político de tomar medidas en la dirección que señala el FMI sería muy alto”. (Foto Katya Alvarado).

—Es muy desacertado. La actual Ministra de Hacienda ha reiterado que la reforma no sería suficiente para corregir los problemas fiscales del país. Pero, también indicó con claridad que, aunque insuficiente, era necesaria. Por lo tanto, resultan redundantes los planteamientos del FMI en el sentido de que la reforma fue insuficiente: eso se tenía claro desde un inicio.

Esto quedó aún más claro cuando en la Asamblea Legislativa se fueron gradualmente excluyendo actividades o productos del pago del IVA.

La reforma complementaba la generación de ingresos adicionales con medidas que permitirían reducir el ritmo de crecimiento del gasto público, el cual aumentaba en forma insostenible, especialmente en el renglón de salarios públicos y como resultado de las erogaciones que forzosamente tenía que hacer el Gobierno, independientemente de su situación presupuestaria.

La transformación del impuesto de ventas en un IVA puede contribuir a mejorar la recaudación del impuesto de la renta y a reducir la evasión.

Después de un proceso de aprobación sumamente complejo, en el que se generó una huelga que causó enormes pérdidas y afectó a una enorme cantidad de costarricenses, resulta políticamente incorrecto proponer un aumento de impuestos que, con toda seguridad, provocaría gran descontento.

Debe quedar claro que la recomendación del FMI surge del mismo FMI y que la propia ministra de Hacienda ha manifestado su desacuerdo con dicho planteamiento.

Contrario a lo que señala el FMI, ella ha dicho que sí existe todavía margen para contener el crecimiento del gasto y está pendiente una reforma del Estado que contribuirá a facilitar la administración del gasto y a mejorar la eficiencia.

¿El Estado debe cesar de garantizar los ahorros en la banca pública para que haya una competencia más pareja con la banca privada -como sugiere el FMI-  o puede resultar peligroso?

—La garantía del Estado en los ahorros de la banca estatal es todavía visualizada por gran parte de la población como uno de los pilares de las reformas posteriores a la revolución de 1948. El desgaste político de tomar medidas en la dirección que señala el FMI sería muy alto y dudo de que los beneficios de dichas medidas tengan un impacto en el sector productivo y en la clase trabajadora.

En el caso de la quiebra del Banco Anglo y de la reciente desaparición del Bancrédito, esa garantía del Estado mantuvo la calma en el sector financiero y evitó situaciones de pánico o corridas que pusieran en riesgo la liquidez del sistema. Se mantuvo la estabilidad del sistema bancario, lo cual, en mi opinión, es fundamental.

A pesar de la gran cantidad de posiciones ideológicas, lo cierto es que la garantía del Estado solamente cubre una parte de las alternativas de ahorro disponibles actualmente en el sistema bancario del país. Por eso es necesario desarrollar un sistema de seguro de depósitos que pueda cubrir tanto los ahorros que los costarricenses mantienen en la banca privada como los que se encuentran en la banca estatal, pero que no están cubiertos por la garantía del Estado.

El problema de la banca costarricense es que nuestro mercado financiero es muy pequeño y, por esa razón, existen imperfecciones que limitan el nivel de competencia.

Además, existen situaciones que surgen por problemas de información asimétrica que afectan a los consumidores y a los ahorrantes. Dudo que los problemas actuales se puedan corregir eliminando la garantía del Estado para los bancos estatales.

Sí considero relevante cuestionar el rol de la banca estatal dentro de nuestro país, determinar si amplios sectores de la población tienen acceso al crédito y establecer si, a pesar de ser estatales, siguen objetivos de rentabilidad como si fueran privados.

¿Es más urgente bajar el margen de intermediación bancaria?

—Efectivamente. Es necesario buscar mecanismos que permitan reducir el margen de intermediación y que además faciliten el acceso al crédito de sectores amplios de la población.

El margen es elevado debido a la imperfección del mercado financiero del país y eso surge del reducido tamaño de nuestra economía. Es necesario buscar mecanismos de regulación que mejoren el nivel de competencia con el fin de que se reduzca ese margen.

¿Qué opina de retirarle el derecho al voto al Ministerio de Hacienda en la Junta Directiva del Banco Central?

—Es un requisito para el ingreso a la OCDE. Este tipo de medida busca asegurar la independencia del Banco Central. Desde hace años, a nivel mundial, es algo que se considera fundamental para un adecuado manejo de la política monetaria.

Si la Junta Directiva del Banco Central se encuentra formada por personas íntegras y con conocimiento de la economía y del sector financiero del país, se puede lograr una adecuada conducción de la política monetaria, caracterizada por el criterio técnico y por la búsqueda de los objetivos del Banco Central.

Si quien ocupa el Ministerio de Hacienda se encuentra en la Junta Directiva, siempre puede señalar elementos que informen el juicio y las valoraciones de esa entidad.

¿Debe examinarse la responsabilidad del Conassif en que se relajaran los requisitos para acceder a créditos en dólares a quienes ganan en colones? La Sugef los había endurecido, pero el Conassif revirtió esta decisión. El FMI sugiere que se retome.

—Es necesario evitar el crecimiento del endeudamiento en dólares de las personas que no reciben sus ingresos en dólares.

Cuando no es así, se aumenta la fragilidad del sistema financiero del país: una devaluación puede generar problemas de morosidad que, si son graves, pueden poner en riesgo la solvencia de las entidades financieras.

Además, ese endeudamiento en dólares puede reducir la discrecionalidad del Banco Central para tomar medidas relacionadas con el tipo de cambio. Los requisitos para el endeudamiento en dólares deben ser estrictos, pero razonables.

¿Cuál es su opinión general sobre las recomendaciones del equipo técnico del FMI luego de esta visita?

—Son desacertadas e inoportunas: aumentar los impuestos no es viable desde el punto de vista político e innecesariamente resta credibilidad a las gestiones del Ministerio de Hacienda.

Afecta la imagen del país en el exterior, debido a que pone en duda la sostenibilidad del esfuerzo fiscal, lo cual puede afectar negativamente la capacidad del Estado para lograr colocar títulos en el mercado de eurobonos en condiciones favorables.

Afecta la percepción de las calificadoras de riesgo sobre la evolución futura del país, lo cual también puede deteriorar la calificación de nuestra deuda externa.

Pone en duda la credibilidad del Ministerio de Hacienda frente a los sectores sindicales que, de todas formas, siguen buscando argumentos para criticar la reforma fiscal y para justificar una huelga que dejó enormes costos y afectó a una gran parte de la población del país.

El sector sindical no ha entendido que la reforma fiscal era necesaria y que, además, son necesarios ajustes en el empleo público que garanticen la sostenibilidad.


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