En su mayoría, los gobiernos locales encaran las próximas elecciones municipales con serias deficiencias en el manejo y disposición de los residuos sólidos.
Para el periodo 2014, el promedio nacional de la calificación otorgada por la Contraloría General de la República (CGR) a las municipalidades en el rubro de recolección de residuos alcanzó 54 puntos de 100, mientras que su depósito y tratamiento recibió una nota aun más baja de 42,66.
Tales son los datos difundidos desde julio en el Índice de Gestión Municipal (IGM), que evalúa el periodo 2014 y que utiliza esos indicadores como parte de la evaluación general de la gestión ambiental de las municipalidades, cuyo promedio nacional fue de 45,6.
El otro elemento tomado en cuenta para evaluar la gestión ambiental es el aseo de vías y sitios públicos, cuya calificación promedio nacional es de 38,43.
Mauricio Álvarez, presidente de la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (Fecón), expresó que las bajas notas “coinciden con la realidad detectada”. Tras apuntar que desde esa organización se ha dado seguimiento año tras año a la evolución en el IGM de la CGR, subrayó que “hay muchas municipalidades con resultados deficientes”.
INCUMPLIMIENTO CON LA LEY
La CGR elabora el índice a partir de la información que cada municipalidad aporta al Sistema Integrado de Información Municipal (SIIM). Según se explicó desde la Unidad de Prensa de la CGR, la metodología de recolección de datos busca garantizar que sean comparables entre municipios. “Las variables son las mismas y se valora el cumplimiento de normas técnicas y jurídicas obligatorias para los 81 gobiernos locales”.
En el caso de la recolección y tratamiento de residuos, la baja calificación se relaciona de manera directa con el cumplimiento de la Ley para la Gestión Integral de Residuos (Ley No. 8839), la cual establece en su artículo 8 -entre otras cosas- la obligación de las municipalidades de “garantizar que en su territorio se provea del servicio de recolección de residuos en forma selectiva, accesible, periódica y eficiente para todos los habitantes, así como de centros de recuperación de materiales, con especial énfasis en los de pequeña y mediana escala para la posterior valorización”.
Al revisar en detalle el IGM, se encuentran casos verdaderamente graves desde el punto de vista de la calificación recibida. Por ejemplo, en el rubro de depósito y tratamiento de residuos, municipalidades como la de Tilarán o la de Guácimo obtuvieron nota 10. Sin embargo, no son las de peor calificación pues La Cruz, Los Chiles y Acosta obtuvieron un 0.
El científico Ronald Arrieta, especialista en bioquímica y manejo de residuos, cuestionó la calificación otorgada por la CGR, pues en su opinión “no hay una constatación en el campo de la información”. Destacó el caso del cantón cartaginés de Jiménez, “el único que tiene la recolección separada en tres categorías en todo el cantón, hacen prácticamente todo lo que dice la ley.
Recolectan tres veces por semana, lo cual no hace casi ningún cantón, y le da un excelente tratamiento”.
Sin embargo, ese cantón en el IGM logra puntuaciones de 39,5 en recolección de residuos y 30,3 en depósito y tratamiento.
Arrieta, quien además es docente de la Escuela de Química de la UCR, apuntó, sin embargo, que en términos generales las municipalidades “deben estar peor” que lo detectado por la CGR, pues “prácticamente con excepción de Jiménez y Alvarado, los demás no cumplen con la Ley 8839, en el sentido de que tienen que hacer la recolección separada en todo el cantón”.
Ante la pregunta de si el incumplimiento con esa ley es generalizado, respondió “exacto”. Añadió como ejemplo de ello que un transitorio de la ley estipulaba que desde noviembre del 2010 las municipalidades debían presentar planes de manejo de residuos sólidos, sin embargo, a mediados del año pasado apenas 53 habían sido capaces de presentarlos ante el Ministerio de Salud, lo cual tampoco quiere decir que los estén ejecutando.
Rosina Campos, gestora ambiental de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), expresó que los resultados de la evaluación de la CGR “no son tan sorprendentes, dado el tipo de indicadores que maneja la CGR” y reconoció que la gestión ambiental sigue siendo uno de los ejes que mantiene calificaciones bajas y por ello “vemos mucha oportunidad de mejora”.
Tras destacar que en lo referido a recolección y tratamiento de residuos se debe abordar el nivel de educación de la población al respecto y que ello es un tema que atañe a todo el país, destacó que el sector municipal ha tenido “un despertar de conciencia”, pues según dijo la mayoría de las municipalidades tienen gestor ambiental.
También llamó la atención al hecho de que en la evaluación no se reflejan proyectos llevados a cabo por algunas municipalidades. Citó el ejemplo de Nandayure, que puso en marcha una planta para tratar los residuos del agro; o el de Talamanca, donde se construyó un compostaje de residuos.
Añadió que para la UNGL el cumplimiento de la Ley 8839 es prioridad y que la meta planteada para este año es que todas las municipalidades cumplan con la presentación ante el Ministerio de Salud del plan municipal de manejo integral de residuos sólidos.
¿A quién le importa?
El tema de gestión de residuos debería ser de los principales para debatir ante las próximas elecciones municipales. Sin embargo, en la última encuesta realizada por el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) para UNIVERSIDAD, ante la pregunta abierta de cuál es el principal problema del cantón que la municipalidad debería resolver, solo el 4,4% de las personas dijo que recolección de basura y reciclaje, por detrás de temas sin duda apremiantes como la infraestructura vial, la delincuencia, alcantarillado o desempleo.
En la misma encuesta, el 90,6% de las 752 personas entrevistadas sobre temas de gestión municipal expresaron que la municipalidad hace bien el trabajo de la recolección de la basura. Cabe destacar que más del 75% de las personas encuestadas pertenecen al área metropolitana o Valle Central.
Ante esos datos, queda la inquietud de si existe una correlación entre el interés de la población por el tema y las bajas notas obtenidas por las municipalidades.
Presidente cremador
Por la vía del decreto, el pasado 1 de setiembre el presidente Luis Guillermo Solís autorizó la incineración de residuos sólidos. En el contexto de un planeta agobiado por las consecuencias del cambio climático inducido por la actividad humana, el gobierno de Costa Rica decidió facultar a los gobiernos municipales para darle fuego a la basura.
Si bien en declaraciones recogidas por el Diario Extra, el ministro de Ambiente, Édgar Gutiérrez, señaló que el procedimiento solo podrá ser puesto en marcha por las municipalidades que cuenten con programas de reciclaje y reutilización de residuos, en criterio del científico Ronald Arrieta esa práctica hará que el manejo de residuos sólidos sea “todavía peor”, pues, según dijo, el país no está en capacidad de ejercer vigilancia sobre las incineradoras.
“Prevalecen cálculos económicos y no ecológicos. Al final todo va a salir más caro y más contaminante”, lamentó.
Según el programa Era Verde, del Canal UCR, ya la Secretaría Técnica Nacional del Ambiente (Setena) evalúa cuatro proyectos tramitados por empresas y cooperativas en Carrillo, El Coyol, León Cortés y la Uruca, mientras que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) contempla establecer incineradoras en Parrita, la Carpio, Atenas y Pavas.
Mauricio Álvarez, presidente de la Fecón, llamó la atención a que algunas de las municipalidades del país más interesadas en el establecimiento de plantas incineradoras de basura fueron muy mal calificadas por la CGR.
Por ejemplo, en el apartado de depósito y tratamiento de residuos, Carrillo logró una nota de 47,9; León Cortés obtuvo un 30,3, mientras que Parrita un 37,8.
“Buscan la salida fácil de agarrar todo y echarlo en el horno”, acotó el ambientalista, al tiempo que destacó que el costo para recolección y tratamiento de la basura “puede representar el 30% o 40% del presupuesto de una municipalidad pequeña”.
Ello por cuanto, según informó, se paga en promedio $50 por tonelada de basura tratada, un costo que con la incineración podría bajar a la mitad.
